Cort mantiene el permiso para la celebración este domingo de la segunda edición del concierto de reguetón del RBF Mallorca Erasmus Edition en la plaza de toros de Palma, pese a los graves incumplimientos de la normativa anticovid detectados en el evento del pasado martes, que obligó a la Policía Local a suspenderlo, y a que un informe de la conselleria de Interior insta a suspenderlo cautelarmente porque nada garantiza que las medidas se vayan a cumplir en esta ocasión. Mientras, en el coso ya está todo listo para el festejo. Desde el ayuntamiento de Palma indican que la plaza de toros tiene una licencia genérica para acoger conciertos, y que si la conselleria de Salud lo autoriza, no puede negarse.
En este juego del ping-pong se pasan la pelota el ayuntamiento de Palma y las conselleries de Interior y Salud. La conselleria de Interior ha emitido un contundente informe a raíz de los numerosos incumplimientos que se detectaron en la primera edición del concierto, el pasado martes. Los técnicos recuerdan que había numerosas personas fumando, tanto entre el público como en los camerinos, que no se respetó la distancia de seguridad, que se servían bebidas en las barras y en una de ellas se juntó un centenar de personas, que las sillas no cumplían la medidas de seguridad y que los espectadores, muchos sin mascarilla, se movían libremente por las gradas sin control. También indican que un miembro de la organización admitió que «el plan de seguridad no se podía cumplir». El informe concluye solicitando la suspensión cautelar del evento.
Sin embargo, fuentes de Cort admiten que esa suspensión no es «legalmente posible». Mantienen que la licencia concedida a la organización para celebrar el concierto es válida, «y no se puede suspender antes del incumplimiento». También avisan de que tanto la Policía Local como los técnicos de Salud vigilarán el concierto desde el comienzo y lo suspenderán en el momento que se detecten irregularidades.
Recuerdan que por las infracciones del martes el organizador se enfrenta a multas de hasta 600.000 euros por la ley de actividades y otros 300.000 por la normativa anticovid.
