La jueza ha citado a declarar a la directora del IES Arxiduc Lluís Salvador, Margalida Ramis, y a un inspector de la conselleria de Educación, Miguel Ángel Tirado, en calidad de imputados por prevaricación. El juzgado número 12 de Palma ha abierto una investigación a instancias de la Fiscalía por posibles irregularidades en el cese del secretario del centro en 2018 y el inmediato cambio de titularidad de la cuenta bancaria. Ambos están citados el próximo día 30.
El exsecretario fue cesado el día 14 de julio, cuando era responsable de la economía del instituto y acababa de presentar las cuentas del ejercicio. En su denuncia, que inicialmente interpuso ante la Oficina Anticorrupción del Govern, acusó a Ramis de haberlo cesado de manera irregular porque no tenía competencias para ello. Y denunció un posible delito de falsificación documental porque el mismo día en el que le relevó de sus funciones, la directora acudió al banco con la nueva secretaria para cambiar el nombre del titular de la cuenta del instituto sin tener su autorización.
La Oficina Anticorrupción examinó la denuncia y la trasladó a la Fiscalía al apreciar indicios de delito. El exsecretario limita sus acusaciones a Ramis, pero pone de manifiesto la falta de respuesta de la conselleria de Educación a la hora de investigar los hechos.
Tirado era uno de los inspectores encargado de estudiar el caso y está investigado, al igual que Ramis, por prevaricación, pero en el caso de este funcionario no han trascendido más detalles.
El denunciante, que sigue ejerciendo como docente en el IES Arxiduc Lluís Salvador, acudió a la Oficina Anticorrupción después de denunciar el caso reiteradamente ante el servicio de Inspección de la Conselleria que dirige Martí March, sin ningún resultado. En varias de esas comunicaciones obtuvo como respuesta que tanto su cese como el cambio de titularidad de la cuenta bancaria se habían hecho con arreglo a la normativa. En una ocasión la Conselleria abrió una incidencia para estudiar el caso, pero fue advertido de que ni se le tomaría declaración, ni sería informado del resultado.
El caso se origina en la denuncia que el secretario cesado envió a Anticorrupción al que Educación se desentendía
Educación no ha apreciado irregularidades en un caso que ha terminado en un juzgado tras una investigación de la Fiscalía y de Anticorrupción. Es el cambio de titularidad de la cuenta bancaria del instituto lo que podría acarrear consecuencias más graves. El docente subraya que la directora hizo este movimiento horas antes de comunicarle el despido, con el único propósito de impedir que volviera a tener acceso a los números del centro. Sin embargo, asegura que lo hizo en fraude de ley porque necesitaba su autorización expresa para hacerlo siendo él un funcionario público, máxime cuando aún no había sido formalmente relevado de sus funciones.
Por otro lado, el docente argumenta que el cese de cargos como jefe de estudios o secretario de un instituto de secundaria público deben ser propuestos a la dirección de Planificación y Centros de la Conselleria, no ejecutarse de manera unilateral por parte del responsable del centro. Denuncia que Ramis se lo comunicó verbalmente, sin darle explicaciones y que pasaron cuatro días antes de que fuera informado de su relevo por escrito.
Acusaciones de trato vejatorio
Esta investigación abierta por el juzgado no tiene relación con las acusaciones de sexismo, machismo y trato vejatorio que decenas de exalumnas lanzaron el año pasado tras la publicación de un vídeo promocional del instituto. Siete de ellas señalaron a Ramis como la principal patrocinadora de esas actitudes en conversación con este diario. La Conselleria también dio carpetazo al caso.
