El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Carlos Gómez, ha lamentado este miércoles la falta de soberanía del poder judicial, ante la necesidad del poder ejecutivo de proporcionar recursos personales y materiales para aplicar la ley en las islas: "De nada sirve ser titular de derechos si no se pueden ejercitar", ha advertido.

Durante su intervención ante la comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament para rendir cuentas sobre el funcionamiento del TSJIB desde 2016 hasta 2020, Gómez ha incidido en que el poder judicial "no tiene ninguna capacidad para disponer de los recursos que el mismo necesita para funcionar".

Gómez ha apelado a la implicación "de todos" los organismos para mejorar el funcionamiento del TSJIB, que requiere más edificios judiciales así como aumentar el número de jueces y funcionarios para agilizar la tramitación y resolución de causas.

Ha recalcado la necesidad de que Baleares sume al menos 15 juzgados más, así como de adquirir un edificio de unos 40.000 metros cuadrados en Palma para uso judicial y reformar el edificio de Sa Graduada de Ibiza: "Sin edificio, los jueces no tenemos futuro".

El TSJIB cerró 2020 con 77.341 asuntos pendientes de resolver, un 8,2 % más en comparación al ejercicio anterior, si bien este incremento no se debió al aumento de la productividad de los órganos judiciales de las islas, sino a la menor entrada de asuntos por la pandemia, concretamente un 13,4 % inferior, según la Memoria presentada recientemente y dada a conocer este miércoles al Parlament.

Desde que asumió su cargo de presidente del TSJIB el pasado diciembre, Gómez ha puesto en marcha diferentes planes de refuerzo "de los puntos más débiles" de la estructura judicial en las islas, con el fin de reducir el tiempo que requieren los procedimientos para ser tramitados y posteriormente resueltos.

Ha detallado que en Baleares hay 12,3 jueces por cada 100.000 habitantes y que prácticamente habría que duplicar esta cifra para mejorar esta ratio y acercarse a la media europea, situada en 25.

Ante la necesidad de acabar con "el cuello de botella" que se produce en la tramitación "muy complicada" en el juzgado Contencioso-Administrativo, Gómez asignará este mes un juez más en cada juzgado.

Ha adelantado que se pagará "un poco más" a los jueces de lo Mercantil para que trabajen más horas, si bien ha subrayado que se trata de una medida "insuficiente" y que en este juzgado se necesitan al menos 8 magistrados más.

Se prevé que en esta jurisdicción, el próximo julio se pongan en marcha dos equipos dinámicos que contarán con un juez, un secretario judicial y dos funcionarios con el objetivo de agilizar la tramitación de las causas.

Además, Gómez ha hecho hincapié en las dificultades del sistema judicial de las islas para recuperar el ritmo de trabajo previo a la pandemia y tras meses de paralización por el confinamiento, ya que los protocolos covid, marcados por factores como la distancia de seguridad entre asistentes y la realización de juicios telemáticos, dificultan la labor de los juzgados.

Durante su comparecencia, también ha hecho alusión al plan que quiere poner en marcha para promover el uso del catalán en la administración de justicia. También quiere animar a la UIB a introducir más asignaturas en catalán, tanto en el grado de Derecho como en el máster de Abogacía, para favorecer el uso del idioma ante los tribunales.

Gómez ha reconocido que, pese a que las memorias del TSJIB presentadas hoy en la comisión reflejan la fragilidad de la administración judicial, los baleares "tienen garantías de que sus 140 jueces consiguen aplicar la ley con plena independencia, en base a argumentos de derecho y pruebas recogidas".