La oferta ilegal de alquileres turísticos se recalienta en Mallorca a las puertas del verano y sitúa su epicentro en Palma y en la Platja de Palma, donde los infractores disfrutan de un elevado grado de impunidad. La actividad al margen de la legalidad se desarrolla especialmente en pisos y apartamentos, donde el arrendamiento vacacional está severamente restringido. El riesgo, sin embargo, vale la pena porque los propietarios, convertidos en anfitriones, escapan habitualmente de las inspecciones.
Tras un año hibernando por la pandemia, los portales de referencia han vuelto a llenarse de anuncios publicados por anfitriones que en muchos casos ni se molestan por camuflar las irregularidades. Son moneda corriente los alquileres por días en edificios plurifamiliares, algunos de ellos gestionados por superanfitriones que manejan hasta un centenar de viviendas.
«Soy una persona que me gusta compartir [sic] y ofrecer mi casa para aquellos que quieren visitar la isla», se presenta Maria, una anfitriona que anuncia 137 pisos en Airbnb. Cinco de ellos se ubican en un edificio de primera línea ubicado en la Platja de Palma que el año pasado ya fueron denunciados ante la conselleria de Turismo por no tener licencia.
Entonces se ofrecían irregularmente en el portal Let's Go Rentals, clausurado horas después de que este diario publicara el caso. Los pisos se alquilan por un mínimo de siete noches, a precios que este verano oscilan entre los 140 y 180 euros por noche. Una actividad muy rentable porque, al desarrollarse al margen de la normativa, no paga impuestos.
Los infractores encuentran más facilidades en Airbnb, que ni tan solo obliga a los anfitriones a incluir el número de licencia de sus viviendas. En Vrbo [antes HomeAway] sí es un requisito, pero habitualmente los números no coinciden con los del listado oficial que publica Turismo. En ocasiones, los infractores incluyen un registro que corresponde a otra vivienda vacacional, esta sí legal.
Pese a operar fuera de la normativa, en muchos casos los anfitriones se permiten cobrar la ecotasa y otros gastos derivados de la limpieza. Y otros tratan de esquivar la normativa simulando que comercializan arrendamientos convencionales. «Con motivo de la ley 6/2017 de las Islas Baleares relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas, esta propiedad solo aceptará reservas con finalidad no vacacional», rezan varios anuncios dirigidos a turistas.
La actividad es muy rentable y los inspectores no alcanzan para abarcar un terreno tan vasto, así que algunos infractores acumulan años al margen de la legalidad. Es el caso de Carolina, una anfitriona que alquila su piso a turistas en Platja de Palma desde 2018 y que ha sido denunciada a Turismo. Arrienda su apartamento por 212 euros la noche este verano, pero en el anuncio asegura que se rige por la LAU. «No por la Ley de Turismo Balear. Por esta razón queremos aclarar que no ofrecemos ningún tipo de servicios propios ni complementarios del sector turístico». Hasta ahora le ha funcionado.
Casos de sobreocupación en época de pandemia
Denuncian a Turismo que una villa en Paguera comercializa casi el doble de plazas permitidas.
La abundante oferta ilegal que florece en populares portales como Airbnb y Vrbo [antes HomeAway] también colisiona con la normativa sanitaria en tiempos de restricciones obligadas por la pandemia. Un anfitrión llamado Etti contabiliza dieciséis anuncios en Airbnb que, en buena parte, incurren en sobreocupación. «Perfecto para gente de fiesta. Nos complace ofrecer alquileres a corto plazo entre 24 y 48 horas», escribe el anfitrión, especializado en alquilar habitaciones a «fiesteros» en Platja de Palma.
Anuncia viviendas con aforos imposibles como un chalet de cuatro dormitorios con capacidad «para catorce huéspedes». En otras de las viviendas que arrienda a turistas ha instalado literas que alquila a partir de 25 euros la noche.
A la conselleria de Turismo han llegado varias denuncias contra anfitriones que ofrecen más plazas que las que tienen dadas de alta. Un ejemplo es el de Villa Michaela, en Peguera, una vivienda que ha dado de alta doce plazas y que sin embargo en portales como Vrbo comercializa hasta veinte. Estas prácticas abundan y disparan el riesgo de contagios.
