El magistrado Carlos Gómez, en un auto dictado ayer, vuelve a exculpar al juez Manuel Penalva, el fiscal jubilado Miguel Ángel Subirán y los policías de Blanqueo de las acusaciones más graves que se le imputaban por su investigación de varios casos de corrupción en el que se acusó a empresarios de la noche como Bartolomé Cursach, políticos y agentes de Policía. Gómez acuerda que prosiga el procedimiento contra el exjuez y los cuatro agentes de Blanqueo de la Policía Nacional solo por los delitos de revelación de secretos y la omisión de perseguir este delito. En el mismo auto se decide la suspensión provisional y archivo de la causa contra Subirán, a causa de su estado de salud mental, que mermaría su derecho a la defensa.
Se archiva el proceso contra el exfiscal Subirán porque su estado mental mermaría su derecho a la defensa
El último auto es similar al que dictó el magistrado el pasado mes de diciembre, que limitaba la causa contra los acusados a los delitos de revelación de secretos y omisión de perseguir delitos. Este auto fue recurrido por la fiscalía y las acusaciones particulares y acordaba nuevas diligencias, como la declaración de un testigo y las de los acusados relativas en un informe policial, que planteaba que podrían haber coaccionado a diversos testigos durante sus investigaciones. El auto incluye la petición del exfiscal Subirán de ser reconocido por un forense para determinar si sus facultades mentales le permitían prestar declaración. Tras este informe se acordó suspender su declaración en la Audiencia.
El magistrado Carlos Gómez realiza un detenido repaso de «la investigación a la investigación» realizada por la Policía tras la denuncia sobre supuestas filtraciones de los sumarios secretos en los que participaron Penalva y Subirán, como el caso ORA o el caso IME, y que halló otros supuestos ilícitos, como detenciones arbitrarias, coacciones a detenidos y testigos, negociaciones con detenidos sin presencia de abogados o malos modos durante las declaraciones. El magistrado no halla en todas estas supuestas irregularidades indicios de delitos, por lo que limita la causa a la revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.
