El Govern balear se atribuyó por «un error de redacción» la competencia para fijar el precio de las viviendas de grandes propietarios en operaciones de tanteo y retracto. Así lo admitió ayer la conselleria de Vivienda en una nota de prensa después de llegar a un acuerdo con el Gobierno central para rectificar varios puntos de la ley autonómica de vivienda.
La normativa establece que el Govern se reserva el derecho de tanteo y retracto en la compra de viviendas que un gran propietario tenga la intención de traspasar a otra sociedad para esquivar así una hipotética expropiación. Sin embargo, el Ejecutivo balear tendrá que retirar del articulado la frase en la que atribuye a la Administración la potestad de «fijar el precio correspondiente y las condiciones de su adquisición» para evitar así un posible recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Pedro Sánchez.
«Se trata de un error de redacción» en la ley, justificó ayer la conselleria de Vivienda. «Se identificó en el mismo momento y no se ha aplicado en ningún caso. El ejercicio del tanteo y del retracto presupone, por definición, comprar al mismo precio al que pretendía vender el gran tenedor. No ha habido ninguna duda ni ha habido nunca ninguna voluntad de hacer lo contrario: las ocho viviendas que se han comprado ya a los grandes tenedores (y los expedientes actualmente en tramitación) se han hecho siempre al precio comunicado originalmente por el vendedor», añadió el comunicado.
De este modo, el Govern mantiene ese derecho preferente de compra, pero «siempre por el mismo precio y en las mismas condiciones en las que se produjera la transmisión entre los grandes propietarios», refleja el BOIB de ayer.
«El procedimiento no se ve modificado, puesto que se trata de un error material. Los grandes tenedores comunican su intención de vender y el precio al que tienen cerrada la operación. Los técnicos del Gobierno visitan y valoran la propiedad, y con los informes oportunos se decide si se compra o no al precio establecido por el gran tenedor», argumentó el Ejecutivo balear.
El pasado enero el Ejecutivo autonómico adquirió un paquete de ocho inmuebles a un coste para las arcas públicas de más de 900.000 euros, una media de casi 112.600 euros por piso. Se fijó el precio de tasación de los inmuebles, no lo marcó el Govern.
De este modo, la conselleria que dirige Josep Marí desde el pasado febrero asume «el compromiso de promover la correspondiente iniciativa legislativa para modificar» el redactado.
Multas ante un desahucio
Otra de las «discrepancias» que la conselleria se ha comprometido a resolver en la comisión bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y el Govern se refiere al capítulo de sanciones. En este sentido, el Ejecutivo autonómico deberá especificar en el redactado de la ley que un gran propietario no podrá ser multado si desahucia a una familia en situación vulnerable que previamente haya rechazado una propuesta de alquiler social.
«Es una aclaración en cuanto al funcionamiento del precepto, que ha quedado definitivamente confirmado en cuanto a su constitucionalidad», indicó el Govern.
