El conflicto que enfrenta a Aena con sus inquilinos de las tiendas y restaurantes cada vez se está enrevesando más por la vía judicial. Ni las grandes ni las pequeñas empresas de venta minorista en los aeropuertos están dispuestas a aceptar el ultimátum que les dio el gestor a pesar de las pérdidas millonarias que acumulan por el desplome del tráfico.

El acuerdo que les presentó Aena dicta que a partir de septiembre de este año tendrán que volver a pagar el 100% de los alquileres que marcan los contratos de arrendamiento anteriores a la pandemia. Es decir, la empresa frente a sus inquilinos da por supuesto que en otoño los niveles de pasajeros habrán vuelto a la normalidad, según la lectura que hacen los afectados, como explica un representante de Zea Retail, pyme familiar con trece locales en aeropuertos, presente en los de Palma y Eivissa.

Por contra, las previsiones del sector aéreo están sembradas de incertidumbre. Incluso el propio gestor en la propuesta del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para los ejercicios 2022-2026 —en el que se determinan las inversiones para los aeródromos y las tarifas aeroportuarias— fija la recuperación del tráfico, a niveles similares de 2019 (275 millones de pasajeros), para 2026.

Así, para 2022 estima 184,6 millones de viajeros; 229,5 millones en 2023; 255 millones en 2024 y 269,8 en 2025, para cerrar 2026 con 279,1 millones.

En esta propuesta de nuevo DORA, que Aena ha remitido a la Dirección General de Aviación Civil, tras su aprobación por el consejo de administración de Aena el pasado 9 de marzo, se estiman inversiones en todo el quinquenio por 2.250 millones de euros. El DORA final lo tendrá que ratificar el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre.

Por otra parte, Aena ha solicitado ante Aviación Civil que modifique el DORA vigente (2017-2021) por los efectos y el impacto económico de la pandemia. En el Informe de Gestión Consolidado 2020, la empresa menciona que por los controles sanitarios y operativos ha incurrido en gastos excepcionales en los aeropuertos y en protección personal y de salud por importe de 53 millones. Y recuerda que el decreto estatal del pasado 9 de junio (aquel que entre otras cosas obligaba a usar mascarillas) establece que «tendrá derecho a recuperar en el marco del DORA los costes en los que incurra» por colaborar con las autoridades sanitarias. O sea, la empresa semipública, Aena, cuyo 51% está en manos del Estado, no le perdonará ni un euro de sus gastos extra.

Sus inquilinos tampoco se están dejando tomar el pelo tras meses de tener los negocios vacíos o cerrados (Zea sigue con una tienda clausurada en Palma). Las gigantes Duty Free, SSP, Áreas y Eat Out (cerca del 80% de todo el negocio comercial) han logrado medidas cautelares para evitar que se ejecuten los avales entregados en caso de impago. Otros pequeños arrendatarios llevan el mismo camino. Zea lo ha logrado en dos de sus tiendas en el aeropuerto de Eivissa y en otro local en Palma (para otro se ha desestimado y espera de un tercer pronunciamiento).

Aena sumó a sus ingresos de 2020 las rentas mínimas anuales que no han pagado sus arrendatarios, 635,5 millones de euros. Para cobrarlas se avecina un largo camino en los tribunales.