El Consell Consultiu ha remitido hoy al Parlament su dictamen preceptivo para que la cámara autonómica pueda presentar el recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno, al no haber incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 el factor de insularidad para compensar a las islas que marca el Régimen Especial de Balears (REB). El dictamen del alto órgano jurídico considera que el Estado no vulnera la Constitución con su incumplimiento, pero en una de sus consideraciones pide al Tribunal Constitucional que se implique en obligar al Estado a que compense a las islas por el factor de insularidad.
El informe del Consell Consultiu, cuyo ponente es el propio presidente Antoni Diéguez, apunta en su última consideración que “entendemos que el alto tribunal podría plantearse que se está ante una situación especial y única distinta a los asuntos tratados por la jurisprudencia…”. “Para proteger como intérprete de la Constitución aquellas situaciones donde una previsión estatutaria sustentada en razones de urgente necesidad, no encuentra su concreción en la legislación presupuestaria, ya que principios como la lealtad institucional resultan enunciados huecos”.
El Consultiu pone como ejemplo la compensación del transporte aéreo en el descuento de residentes y recuerda que la dotación en los presupuestos sobre el denominado factor de insularidad de Balears se trata del “instrumento financiero destinado a asegurar la debida compensación de las consecuencias económicas inherentes a la discontinuidad territorial que implica el hecho insular, especialmente en materia de inversión pública”.
Sin embargo, el dictamen considera que el incumplimiento del Gobierno central, al no incluir el factor de insularidad en los Presupuestos del Estado no se puede considerar Inconstitucional. Apunta que al no haberse reunida la comisión mixta entre Comunidad Autónoma y Gobierno de España no ha sido fiada la dotación y, por consiguiente, hasta que se convoque dicha comisión Madrid no está obligado a incluir el factor de insularidad en sus cuentas anuales. Por este motivo, el dictamen pide al Tribunal Constitucional que se haga cumplir al Estado y no quede todo a expensas de la lealtad institucional de las parte para reunir la citada comisión.
Este dictamen debe ser adherido al recurso de inconstitucionalidad que el Parlament presentará contra los Presupuestos del Estado y que hay de plazo hasta el próximo miércoles día 31 de marzo.
