«La gente no es consciente de la cantidad de artimañas que se han realizado en la mayoría de colegios». Así de contundente se mostró Manel Forteza-Rey, la persona que denunció la falsificación de documentos que habían llevado a cabo once padres para conseguir plaza en el Colegio Sant Francesc. Unos hechos que se produjeron durante 2013, y de los que, según Manel, la Conselleria tuvo constancia: «Este organismo tenía conocimientos del delito pero lo ocultó. Ellos sabían que había muchos informes médicos y de domicilios que no eran correctos, pero nunca actuaron. Es más, pusieron pegas para investigarlo». Dentro del proceso de matriculación, hay algunos elementos con los que se obtiene una mayor puntuación para la plaza, como son las enfermedades de los niños o residir cerca del centro.
Así, el propio Manel Forteza indicó que muchos padres habían falsificado estos documentos de manera notoria: «Había casos de personas que vivían en Marratxí y les habían dado 5,5 puntos para entrar en el Sant Francesc. También se habían presentado enfermedades como el asma que no forman parte de la puntuación en el proceso». Ante la sanción que dictaminó el juzgado número 4 de Palma, el padre consideró que no era suficiente: «Esperaba una sentencia que sirviera como toque de atención para que esto no vuelva a suceder. Al final pagan una multa de 2.200 euros, eso es lo que se gasta en un colegio privado durante tres meses».
Del mismo modo, la Asociación de padres y madres de alumnos de Mallorca (FAPA) mostró su malestar ante los hechos acontecidos: «Hacer trampas en un proceso de escolarización es un problema muy grave, las administraciones deberían disponer de todos los filtros para comprobar los documentos», afirmó Albert Lobo, presidente de FAPA. El propio Lobo indicó que «si ha existido complicidad por parte de las instituciones se tendrán que depurar responsabilidades».
March se desmarca
Por otro lado, el actual conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, defendió que «esto es un caso que viene del 2013 en el que había una Conselleria determinada y en un contexto político totalmente distinto. Los culpables deberán asumir sus responsabilidades». Además, reconoció que desde el organismo llevan varios años trabajando para conseguir un proceso de escolarización justo y equitativo: «Hemos endurecido las condiciones de matriculación para asegurar que todos los documentos son los adecuados».
