El sumario del Caso Cursach ha sido trasladado hoy a la Audiencia Provincial de Palma, que en los próximos meses debe juzgar varias piezas separadas del macroproceso. La principal, la que sentará en en el banquillo al empresario y otros 23 acusados -la mayoría policías locales y funcionarios- por la trama de presunta corrupción. Los 105 tomos del sumario y varios ordenadores intervenidos a lo largo de la investigación han salido esta mañana del juzgado de instrucción número 12, que desde el año 2014 ha asumido las diferentes pesquisas. Los funcionarios han cargado durante varias horas la voluminosa documentación y el material incautado del procedimiento judicial en varios vehículos para luego llevarlos a la sede de la Audiencia.

Este órgano tiene previsto juzgar a lo largo de este año varias casos derivados de la larga y compleja investigación que comenzó hace ya siete años por las presuntas ilegalidades cometidas para favorecer los intereses de Bartolomé Cursach en sus diferentes negocios. El empresario se enfrenta a una petición de la Fiscalía de ocho años de prisión por, junto a varios de sus colaboradores, sobornar presuntamente a funcionarios para obtener un trato de favor. El ministerio público acusa a una quincena de policías locales y otros trabajadores públicos de Palma y Calvià, así como la exdirectora general de Turisme, Pilar Carbonell. Según la acusación, durante décadas obtuvieron dinero, regalos, sexo y drogas por parte de Cursach y su entorno a cambio de favores diversos.

Este macrojuicio con 24 acusados y decenas de testigos recayó en la sección primera de la Audiencia, cuyos seis magistrados se abstuvieron en bloque, en un movimiento insólito, para evitar asumir el juicio. Alegaron que todos tenían ya conocimiento de la causa porque habían resuelto numerosos recursos y estaban 'contaminados' por ello, pero la sección segunda de la Audiencia rechazó su petición.

La Audiencia también tiene sobre la mesa el caso del amaño de las oposiciones en la Policía Local de Palma, otra de las piezas vinculadas a la macrocausa. En ella están procesados siete personas, entre ellos varios altos mandos del cuerpo, por filtrar las preguntas de un examen a agentes afines para lograr situarlos de forma irregular en puestos de responsabilidad.

También será juzgado el otro empresario de la Playa de Palma investigado en esta gran investigación judicial, Miguel Pascual. Junto a él se sentarán en el banquillo nueve agentes de la Policía Local de Palma y un funcionario municipal a los que habría pagado durante años a cambio de favores.

Otro de los asuntos pendientes de juzgar es la presunta corrupción en la Policía Local de Calvià. El exjefe del cuerpo, José Antonio Navarro, y el que fuera jefe de la Policía Local de Marratxí, Antonio Ledesma, y varias personas más están acusadas de diversas irregularidades.