El Consell de Mallorca aprobó en el pleno de ayer una importante subida de tarifa para incinerar restos cárnicos de 38 euros por tonelada. De los 35 euros actuales se pasará a partir del 2021 a los 73 euros. Ello provocó la indignación del sector ganadero que verán gravado el precio para el sacrificio de animales para poderlos comercializar. Organizaciones agrarias como Asaja ya han dejado sentir su protesta por este aumento de tarifa.
Desde los grupos de la oposición recriminaron al Pacto de izquierdas que «perjudique de forma tan importante a un sector agrario que está pasando dificultades». La vicepresidenta y consellera insular de Medio Ambiente, Aurora Ribot, explicó que «ya se ha aplicado una bonificación, debido a que la propuesta de la concesionaria superaba los 140 euros por tonelada». Ribot también añadió que en el caso de los residuos cárnicos no han podido aplicar la declaración de fuerza mayor a raíz de la covid-19, como sí han hecho con los residuos urbanos, «ya que no se han detectado efectos directos”.
Joan Simonet, gerente de Asaja, recordó que «los mataderos son servicios esenciales, ya que inciden directamente en el abastecimiento de carne para la población». «Esta tasa repercutirá directamente sobre el ganadero a la hora de sacrificar sus reses para la comercialización. Unos ganaderos que ya están sufriendo de forma especial la precariedad económica desde hace años», apostilló el dirigente de Asaja.
Por otra parte, el pleno del Consell acordó la bajada de las tarifas de residuos urbanos para 2021. Pasará de 111,20 euros por tonelada a 108,03 euros. Esta cifra implica una disminución de 3,17 euros que deben asumir los ayuntamientos para tratar la fracción de rechazo y supondrá una rebaja en el recibo a los ciudadanos. El consell utilizó el recurso jurídico de la fuerza mayor, en base a la pandemia de la covid-19, para rebajar la tarifa de incineración.
Convenio de carreteras
Por otra parte, a raíz de una interpelación del conseller Mauricio Rovira del PP, se conoció que el Ministerio de Fomento solo ha presupuestado para 2021 dos millones de euros de los 31 millones previstos. Rovira alertó de que antes de 2022, año en que concluye el convenio, deben haber justificado proyectos de obra en carreteras por valor 431 millones.
En su respuesta en el pleno, el conseller de Movilidad, Iván Sevillano, aseguró que «la presidenta Cladera y yo estamos negociando con el Ministerio sobre esta cuestión y son receptivos». Sevillano aportó datos, apuntando que tienen justificadas obras del convenio por un valor de unos 206 millones y este año se aportarán certificaciones por un montante de otros 33 millones.
El Consell también aprobó de forma inicial el reglamento para desarrollar la Ley de Urbanismo del Govern. La consellera María Antònia Garcias, indicó que se trata «de un documento muy técnico para unificar los criterios urbanísticos en toda la isla».
