Álvaro Gijón sostuvo ayer que fue víctima de una persecución injustificada por parte del juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y el grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. El exdiputado y exconcejal en Palma del PP, en su declaración como testigo ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) que investiga a Penalva y Subirán por presuntas ilegalidades en sus pesquisas, afirmó que estos se basaron en "falsedades" y que la detención de su familia por el caso ORA A lo largo del día de ayer comparecieron ante el instructor, además del padre y el hermano de Gijón, una veintena de personas citadas por las acusaciones y la fiscalía.
El exdiputado ratificó ante el magistrado Carlos Gómez su declaración ante la Policía Nacional, en la que acusó a los investigadores de dirigir las pesquisas para culparle a toda costa. Aseguró haberse sentido indefenso cuando fue acusado de amañar el concurso de la ORA y de participar en fiestas con prostitutas y drogas pagadas por Cursach y otros empresarios a cambio de favores. Álvaro Gijón detalló que el juez Penalva no aceptó sus peticiones para intentar desmontar las acusaciones de consumir drogas o acudir a un burdel, entre ellas una prueba de consumo de estupefacientes.
Gijón, que al igual que sus allegados compareció asistido por el abogado Oriol Rusca, se mostró especialmente dolido por la detención en junio de 2017 de sus padres y su hermano Teófilo en el marco de la investigación por el caso ORAEl expolítico aseguró que no había ningún motivo para arrestar a sus familiares y acusó a los investigadores de detenerlos para obligarle a dimitir de sus cargos públicos y perder el aforamiento. Además, cuestionó que no se investigaran las informaciones periodísticas sobre el desarrollo de las pesquisas contra él. Tanto Gijón como su padre y su hermano coincidieron en destacar el "daño" sufrido en sus vidas por las acusaciones que pesaron sobre ellos.
También el que fuera máximo responsable de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, cargó con dureza contra los investigadores del caso Cursach. Torres, para quien la fiscalía reclama ocho años de cárcel por seis delitos en la pieza principal del caso Cursach, señaló también que Penalva y Subirán dirigieron la investigación para incriminarle a él y al resto de agentes de la Policía Local, sin atender sus peticiones para lograr pruebas de descargo.
Maratón de declaraciones
Durante la jornada de ayer desfilaron ante el juez Carlos Gómez quince testigos más, entre ellos el que fuera abogado de Álvaro Gijón, Alberto García Carpallo, el chófer del expolítico, tres agentes de la Policía Nacional y algunas personas que fueron acusadas y detenidas en diferentes causas por Penalva y Subirán. El martes ya declararon una veintena de personas, que aseguraron haber sufrido presiones por parte del juez y el fiscal, y para hoy están citadas otras once, entre ellas abogados de imputados y testigos protegidos del Caso Cursach.
En total, a lo largo de esta semana son 51 los testigos llamados a declarar ante el magistrado del TSJB que investiga a Penalva y Subirán por prevaricación, revelación de secretos, deslealtad profesional y detención ilegal.
Web investigada
La titular del juzgado de instrucción número 2 de Palma ha ordenado a la Guardia Civil que investigue la titularidad de la página web de la Asociación de Víctimas por Arbitrariedades Judiciales (JAVA), fundada por 25 agentes de la Policía Local de Palma acusados en el caso Cursach, por difundir supuestamente datos personales de un testigo protegido del procedimiento.
La jueza ha tomado esta decisión en el marco de las pesquisas por la denuncia que a mediados del año pasado presentó este testigo contra los abogados José Ignacio Herrero y Vicente Campaner por haber revelado su identidad. En la causa, además de estos dos letrados, están imputada otra persona por hostigar al denunciante.
