Últimamente se repiten declaraciones en el sentido de que la UE debería poner en marcha un 'gran Plan Marshall'. El Presidente Sánchez, secundado por la ministra Montero, insiste en ello en recurrentes intervenciones. Josep Borrell, alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, interpelado al respecto, declaró que no existe Mr. Marshall, que ese personaje somos nosotros y que no habrá ningún Mr. Marshall que venga a ayudar a la Europa rica de hoy, sin perjuicio de que la UE adopte medidas consensuadas que permitan relanzar la economía. Bien está que recordemos fórmulas de éxito pasadas (Plan Marshall, Pactos de la Moncloa, etc.), pero sin perder de vista que estamos en el primer cuarto del siglo XXI, y las medidas por adoptar deberán ser acordes a nuestro tiempo y a nuestra realidad.
A modo de aportación, quisiera referirme a tres actuaciones que no exigen desembolsos económicos, no precisan de consensos de países soberanos, instituciones supracomunitarias, ni siquiera de la Administración del Estado; las respuestas corresponden a nuestras Administraciones Públicas cercanas (autonómica, insular y local). Me refiero a:
01 Resolver las solicitudes de licencias y permisos en plazo
Nótese que no se propone la modificación de los plazos, simplemente que los expedientes se resuelvan en el fijado por la norma. En suma, cumplir la Ley. La reactivación exigirá que el otorgamiento de licencias, autorizaciones o permisos no se demore más allá del tiempo establecido para concederlas. Y no estamos ante una cuestión baladí o de Perogrullo; con reiteración los colegios profesionales, las asociaciones empresariales y los afectados denuncian los retardos y dilaciones excesivas que sufren los expedientes sujetos a autorización administrativa; retrasos que pueden ser de meses o años. Es el momento de que las Administraciones cumplan escrupulosamente los plazos establecidos para la concesión de autorizaciones y licencias, que provean los medios humanos y materiales necesarios para dar respuesta rápida a esas solicitudes. Una parte significativa de la reactivación dependerá de ello.
02 Potenciar las "declaraciones responsables"
En cuya virtud el interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que la obra, instalación o actividad que pretende ejecutar cumple con los requisitos establecidos en la normativa y que puede acreditarlo cuando sea requerido al efecto. Con esa declaración su autor se responsabiliza de que el proyecto cumple la legalidad y está en situación de iniciar el ejercicio de su derecho.
Podría objetarse que ello se presta a picaresca. Errónea percepción; en primer lugar por cuanto empoderar o responsabilizar a la ciudadanía es propio de sociedades maduras y de sistemas democráticos (impensable en el régimen franquista o en el bolivariano); y en segundo lugar, por cuanto las Administraciones pueden ejercer, sin cortapisas, sus potestades inspectoras, revisoras y sancionatorias, con más rigor si cabe. Sin que sea exactamente comparable, pero útil para entenderlo, en materia tributaria rige la autoliquidación de múltiples tributos, sin que ello comporte mayor elusión u omisión en el pago del impuesto, ni es óbice para que se puedan inspeccionar y revisar las declaraciones incorrectas, o inexactas, sancionando si es procedente. La generalización de la declaración responsable, en aquello que fuera posible, dinamizaría los trámites administrativos y eliminaría el retardo consustancial a la Administración, sin que supusiera renunciar a una eficaz fiscalización y un régimen estricto y disuasorio de sanciones.
03 Reformular el régimen de concesión de autorizaciones sectoriales
De manera que en los expedientes en los que la concesión de la licencia o autorización precisa de informes sectoriales emitidos por otras Administraciones, generalmente autonómicas o insulares (Patrimonio Histórico, Costas, Recursos Hídricos, etc.) se arbitren mecanismos efectivos de coordinación ya que hasta que esos informes no son emitidos, no se da curso a la solicitud y el retraso en la tramitación de los expedientes se eterniza.
Y la agilización propuesta precisa: de una parte, la asignación de más medios para que los servicios técnicos puedan dar la oportuna respuesta en tiempo y forma; y de otra, las puntuales reformas legislativas en materias que son de competencia autonómica y que pueden llevarse a efecto bien mediante el consenso entre las diferentes fuerzas con representación parlamentaria (lo deseable) o bien mediante la fórmula del Decreto Ley, convalidado por el Parlament.
Para la activación de esas medidas, que sin duda facilitarán la reactivación económica, no son de menester reuniones del Eurogrupo, del BCE o del Consejo de Ministros; simplemente las Administraciones cercanas, las que son más próximas a sus ciudadanos, adopten una serie de decisiones a su alcance, y sin coste económico, que supongan (a) cumplir los plazos que las propias normas establecen, (b) eliminar las trabas burocráticas y los atascos consustanciales en su quehacer y, (c) revisar las normas que resulten oportunas a fin de incorporar, agilizar y desburocratizar los procesos administrativos, sin menoscabo de las competencias fiscalizadoras, revisoras y sancionadoras que corresponden a las Administraciones y que deben permanecer incólumes.
Y la reactivación económica, con seguridad, se hará eco de ese 'plan Marshall cercano'.
