El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha absuelto de prevaricación al juez Miguel Florit pese a considerar "injustas" la incautación de los teléfonos móviles y el rastreo de las llamadas de dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press por sus informaciones del Caso Cursach. La sentencia, muy crítica con la actuación del magistrado, concluye que vulneró el derecho de los periodistas al secreto profesional y trató de identificar sus fuentes de manera "injustificada" y "con grave imprudencia" para perseguir un supuesto delito de revelación de secretos. El fallo desacredita buena parte de los argumentos de Florit, pero lo exculpa porque no consta que fuera consciente de la injusticia de sus resoluciones e "intentó rectificar"devolviendo el material requisado sin analizarlo. El juez, ya jubilado, se enfrentaba a una petición de 42 años de inhabilitación.
La sentencia de la sala de lo civil y penal del TSJB es tajante sobre la "injusticia" de los cuatro autos en los que a finales de 2018 Florit ordenó, a petición de la Policía y con el beneplácito de la fiscalía, fiscalizar las llamadas y confiscar los teléfonos móviles de los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de la agencia Europa Press. Una medidas insólitas adoptadas tras la publicación por parte de estos medios del contenido de un informe policial sobre una investigación económica del Grupo Cursach. Los magistrados reprochan que el juez actuara para identificar a sus fuentes sin valorar en ningún momento el derecho fundamental al secreto profesional, es decir, a no revelar el origen de sus informaciones. La sentencia detalla que la persecución de un delito como el de revelación de secretos "no constituye justificación para medidas que suponen la identificación de la fuentes de información periodística".
El fallo vapulea los argumentos de Florit, quien aseguró que las fuentes ya estaban identificadas antes y que la requisa de los teléfonos y el rastreo de llamadas solo pretendían confirmar que eran dos policías y hacerse con "el cuerpo del delito". El TSJB califica de "falacia" esta explicación, pues el propio Florit afirmó en uno de los autos que desconocía la autoría y acordó en otro el volcado y estudio "sin límites" del contenido de los móviles y otros aparatos electrónicos intervenidos.
La sentencia considera irrelevante el hecho de que no se llegara a inspeccionar el material requisado a los periodistas y recuerda que sí se accedió a los datos de tráfico de sus móviles y que el de Blanca Pou sí fue revisado por uno de los policías que lo incautó.
Pese a estos reproches a Florit, los magistrados del TSJB lo absuelven de los delitos de prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio de los derechos cívicos y de interceptación ilegal de telecomunicaciones que le imputaban las acusaciones particulares, en nombre de Diario de Mallorca, Europa Press, Efe y la Asociación de Medios de la Información (AMI). La sentencia rechaza que Florit actuara con intención de vulnerar la ley y argumenta que no consta que supiera que las resoluciones eran injustas. Ademas, destaca que el fiscal Juan Carrau avaló las medidas contra los periodistas y Florit "confiaba en que fueran ajustadas a derecho" por la experiencia y el prestigio" de este. La sentencia valora también que, ante el revuelo que generó la incautación de los móviles, el magistrado "intentó rectificar", suspendiendo el volcado de su contenido y acordando su devolución.
Tras descartar que Florit cometiera la prevaricación de forma consciente, la sala analiza si lo hizo por imprudencia. Los magistrados explican que en este supuesto no es suficiente con que las resoluciones judiciales sean injustas, sino que deben ser "manifiestamente injustas" y contravenir de forma clara y patente el ordenamiento jurídico. En este sentido, consideran que la falta de una ley que desarrolle el derecho al secreto profesional de los periodistas hace que exista cierta incertidumbre a la hora de ponderar este derecho al entrar en conflicto con otros. También resalta la ausencia de jurisprudencia consolidada sobre la regulación de las medidas de investigación tecnológica para descartar que Florit cometiera delito alguno.
La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
