En Mallorca hay hombres que mantienen relaciones sexuales con niñas -y también algunos niños- menores de edad tutelados por el Consell, porque sus familias han perdido la custodia. Es así de duro. Y de real. Los captan a veces ellos mismos, a veces otros adultos o también menores que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de estos chavales internos en centros de acogida públicos y muchos concertados, repartidos por toda la isla.

La sociedad mallorquina en general ha conocido esta explotación sexual de menores que debe proteger la Administración a raíz del caso de una tutelada: la niña de 13 años que denunció haber sufrido una violación grupal en el barrio palmesano de Corea en Nochebuena. El pasado día 19, Diario de Mallorca cogió perspectiva y puso el foco sobre esta inducción a la prostitución infantil que se produce desde hace años y es bien conocida por los profesionales de los Servicios sociales, la Policía, la Guardia civil, los estamentos judiciales y la Administración insular y autonómica. Con una insuficiente respuesta.

Tan solo dos días antes de la agresión en Corea, la Guardia civil informaba el 22 de diciembre de la detención de tres hombres en Palma, Calvià y PalmaCalviàPortopetro que captaban a menores de edad y les inducían a prostituirse. Uno de los arrestados, que permanece en prisión, residía en Alemania y viajaba con frecuencia a la isla, para presuntamente mantener relaciones sexuales con adolescentes vulnerables en hoteles de alto nivel en Calvià, a cambio de dinero, alcohol y droga. Los investigadores han identificado a hasta 8 víctimas de este acusado; como en el caso de Corea, siete de ellas también viven acogidas en centros de menores, entre ellos uno de Palma, otro en Marratxí y otro en Felanitx.

La Operación FetiaOperación Fetia sigue abierta, lo que indica que las fuerzas y cuerpos de seguridad actúan; también el Instituto mallorquín de Servicios sociales (IMAS), dependiente del Consell de Mallorca y el competente en protección de menores tutelados, cuyos técnicos detectaron los abusos a los que estaban sometidas las menores en los dos casos mencionados. Sin embargo, a diario hay menores que siguen escapándose de los centros donde viven, y terminan captadas en puntos negros -la estación intermodal o el parque Krekovic, por citar dos en Palma-, por personajes funestos que les corrompen por un móvil o algo de dinero. "Dependiendo del momento, pueden ser hasta 50 o 60", asegura un agente experto en esta problemática. ¿Qué y quién falla entonces?

"Todos estamos desbordados por esta situación, esta es la verdad. Todos somos corresponsables", se sincera una voz profesional en protección de menores. "Hace años que ocurre y todos lo sabemos, pero no es fácil atajarlo", señala antes de recordar que los centros de acogida de menores "no son lugares cerrados como Es Pinaret

Sin hablar de dejadez, es evidente que hasta ahora los responsables políticos, policiales y judiciales han minusvalorado la importancia de esta explotación sexual infantil. Sin ir más lejos, el propio IMAS y el Defensor del Menor en Balears, Serafín Carballo, se han mostrado esta semana más preocupados por cómo informan los medios de esta grave problemática que en admitir y denunciar la insuficiente respuesta institucional. Y es que ahora, con la polémica sobre la mesa, todo son culpas mutuas.

Los agentes consideran que los centros de protección y acogida deberían poner más recursos y control. Los educadores sociales recalcan que es la Policía la que debe actuar cuando los menores desaparecen, máxime sabiendo los pisos a los que van y lo que en ellos ocurre. El cuerpo ha llegado a escudarse en una instrucción del Gobierno, que excluye del "alto riesgo" las "fugas de los centros de internamiento o de acogida de menores", ya que concede a estas desapariciones una pátina de "voluntariedad". Son aspectos que deberán cambiar, porque minimizar lo que ocurre, además de seguir perjudicando al menor vulnerable, avergüenza dentro y fuera de la isla.

Fugas

Las fugas de menores tutelados no son de "alto riesgo" para la Policía. Una instrucción de Interior (la 1/2009, actualizada con la 1/2017), estipula a los cuerpos policiales que la desaparición de un menor no se considera "de alto riesgo" en aquellos casos "como fugas de los centros de internamiento o de acogida de menores", ya que revisten cierto carácter de "voluntariedad". Técnicos de Servicios sociales apuntan que el control de las escapadas es fundamental para evitar la prostitución.

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