El juez Antoni Garcías ha dado traslado al fiscal anticorrupción del caso ORA, una pieza separada del caso Cursach donde se ha investigado si se produjo un cohecho en la adjudicación por Cort del contrato de ese servicio a una empresa participada por Antoni Roig. En la causa también están encausados, además de Roig, el exedil del PP de Cort Álvaro Gijón, varios familiares de éste, y funcionarios del Ayuntamiento.
Garcías ha dado por concluida la investigación de esta pieza separada y ahora ha pasado a la fase donde se debe decidir si se formula acusación de cara a la celebración de un juicio oral.
Prueba para Penalva
La decisión de los fiscales anticorrupción de Madrid encargados del caso Cursach sobre esta pieza separada es una prueba de fuego para la instrucción de la misma por el magistrado Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán.
La Policía Judicial ha emitido, en una pieza separada del caso Cursach que instruye la jueza Carmen Abrines, un duro informe donde acusa a Penalva y Subirán de manipular la instrucción del caso ORA para buscar pruebas a toda costa contra Gijón y el exsecretario general del PP José María Rodríguez. Este atestado sostiene que Roig fue presionado durante su detención para que confesase que había pagado un soborno a Gijón a cambio del contrato de la ORA.
Según sostuvo el exjuez del caso Cursach, Manuel Penalva, el concurso fue amañado, como lo demostraría lo ilógico que en un contrato deficitario para el Ayuntamiento de Palma como es la ORA, se eligiera la oferta económicamente más cara que el resto de proyectos.
Los primeros investigadores de este caso sospecharon que Gijón había blanqueado el soborno con una vivienda y que sus padres y hermanos le habían ayudado a lavar ese dinero negro, algo rechazado por el político y su familia.
De acuerdo con las defensas, no hay ni una sola prueba de que el concurso se amañase y menos del supuesto soborno de un millón de euros.
Cuando estalló el caso ORA se practicaron varias detenciones y algunos de los sospechosos llegaron a pasar varios días en prisión preventiva.
Gijón fue durante buena parte de la instrucción un político aforado debido a su condición de diputado del Parlament, pero el Tribunal Superior de Justicia rechazó hacerse cargo de la causa hasta que estuviera más avanzada. Gijón luego dejó de ser aforado.
