Los ciudadanos de Mallorca han presentado durante los seis primeros meses de este año 3.248 reclamaciones ante la Dirección de Consumo, lo que supone una media de 18 diarias, y un tercio de las mismas han ido dirigidas contra las empresas de telefonía e internet, según los datos facilitados por este departamento del Govern. En este ranking destacan igualmente los casos de las aerolíneas y de las compañías de suministro de electricidad y gas.

En el conjunto de Balears, la cifra de quejas registradas durante ese primer semestre se eleva a 42.288, y muestra una evolución al alza, al ser un 1,2% superior a la que se dio durante el mismo periodo de 2018.

Las empresas de telecomunicaciones han concentrado 986 reclamaciones en Mallorca, lo que convierte a este sector en el más conflictivo en sus relaciones con los consumidores, aunque hay que tener en cuenta también que es el que más clientes agrupa, ya que en estos momentos la media es de casi dos líneas por ciudadano, según los datos facilitados por la asociación balear de consumidores Consubal.

El malestar que la actividad de estas empresas genera entre los representantes de los consumidores de las islas resulta evidente y el principal reproche que se les hace es su reincidencia en los comportamientos irregulares, que a la larga les resulta claramente rentable, según pone de relieve el presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez. En este sentido, el propio director general, Félix Alonso, insiste en que Consumo no puede convertirse en una oficina de atención al cliente para algunas compañías.

Alfonso Rodríguez subraya que ante la protesta de un cliente, la primera respuesta de estas empresas suele ser rechazar la reclamación, momento en que muchos consumidores desisten, siendo una minoría los que llevan la denuncia a Consumo, donde se suele recuperar la cantidad económica exigida. Pero en la mayoría de los casos, ésta se queda en manos de la firma de telefonía.

Desde el citado departamento autonómico se señala que las reclamaciones más habituales de los isleños frente a las firmas de telefonía móvil e internet hacen referencia a que las tarifas que se facturan no coinciden con las ofertas realizadas y a la dificultad para darse de baja con la compañía, enviando recibos después de que el cliente haya comunicado que pone fin a la relación entre ambas partes. Por ello, lo que se exige es que se reingresen los importes cobrados de más.

Aerolíneas en segundo puesto

Las compañías aéreas ocupan el segundo lugar en materia de reclamaciones de los consumidores mallorquines, con 291 casos en seis meses. Aquí la mayoría de las quejas están vinculadas a los daños en el equipaje y a los retrasos y cancelaciones, especialmente cuando ello provoca la pérdida de otro vuelo de enlace.

El presidente de Consubal es especialmente duro con las aerolíneas, a las que califica como en "especialistas en eximirse de cualquier responsabilidad" y de dar una respuesta negativa por sistema ante las protestas. Con el agravante de que, a diferencia del sector de la telefonía, el aéreo no acepta someterse al arbitraje. A ello suma la complejidad respecto a los organismos ante los que hay que formular la queja.

Como ejemplo, Rodríguez recuerda que se ha tenido que llevar hasta las instituciones europeas a Ryanair para que no se separe a las familias con menores en la asignación de asientos o el que Vueling pretenda indemnizar con 50 euros la rotura de la bicicleta de un triatleta que está valorada en 6.000.

También con 291 reclamaciones por parte de los residentes en Mallorca aparece el sector del ocio, aunque en este apartado se incluye un enorme número de actividades, que van desde la restauración a las instalaciones deportivas o los alojamientos turísticos. De nuevo en este caso la principal causa de reclamación radica en que el precio que se quiere cobrar por algún servicio supera el que está anunciado.

La venta y reparación de electrodomésticos y electrónica se sitúa en cuarto lugar, con 262 reclamaciones, y en el quinto vuelve a aparecer un sector de empresas gigantes, como es la de suministradores de electricidad y gas, con 175 en Mallorca, lo que equivale a una media de casi una diaria.

En relación a las eléctricas, el presidente de Consubal subraya que estas compañías cuentan con firmas colaboradoras que envían a comerciales a los domicilios a proponer que se cambie de suministrador, en ocasiones con prácticas poco transparentes y llegando a hacerlo sin que el cliente lo haya autorizado debido a que muchos de estos vendedores no tienen salario y trabajan a comisión.

Alfonso Rodríguez añade que hay casos en los que cuando uno de estos comerciales se considera "quemado" por la cantidad de protestas que genera, se le despide y se le sustituye por otro para alegar que ya no trabaja en la empresa.

A ello se suma aquellos que se identifican para hacer revisiones de gas como si formaran parte de la plantilla de la empresa suministradora, cuando en realidad no lo son y su revisión no sirve para nada ni las posibles reparaciones que han cobrado.

La lista de las reclamaciones recibidas por Consumo entre enero y junio incluye 145 vinculadas a la venta de muebles y productos del hogar, 118 por la venta de vehículos, 98 sobre venta de moda y 82 en relación a los servicios de alquiler de transportes. Hay que recordar la campaña puesta en marcha para identificar a las empresas de rent a car que realizan buenas prácticas, a la que no se han adherido solo tres grandes compañías del ramo.

Aparecen 81 quejas sobre los servicios de mantenimiento y mejora del hogar, y 75 vinculadas al comercio de alimentación.

En relación a la banca, hay registradas 74 reclamaciones, y 64 sobre aseguradoras. En este punto hay que hacer un matiz: Consumo apenas tiene competencias en esta materia, lo que explica que a diferencia de este departamento del Govern, en Consubal este sector es el tercero que más quejas genera, solo superado por la telefonía y las aerolíneas.

Alfonso Rodríguez recuerda la movilización que se ha generado en torno a las condiciones que desde el sector se ponen a algunos créditos, al considerarlas abusivas, lo que ha dado pie a cambios en la ley hipotecaria.