Acusan a un inspector de sanidad de proteger a la cárnica investigada a cambio de tener género gratis

"Vicente (Vicente T., el dueño de la empresa) nos ordenaba que quitáramos todas las etiquetas (originales de la carne) y que pusiéramos las de fresco (producto) y cuando había producto a punto de caducar nos ordenaba quitar las etiquetas y sustituirlas con un nuevo envasado y con etiqueta de fecha de caducidad posterior", explicó la auxiliar administrativa de Cárnicas Vicente, que está imputada por dedicarse personalmente a alterar el etiquetado.

"Yo llegué a ver aquello normal, porque venían los inspectores y no decían nada, se llevaban el género (a sus casas) y veían las etiquetas encima de la mesa y no decían nada", añadió la declarante.

Al ver al dueño

"El inspector se llevaba género para su consumo, escogía lo que él quería y se lo regalaban; antes venía cada mes y últimamente cada semana. Eran visitas de cortesía y siempre hablaba con Vicente (el dueño), decía que venía a ver a Vicente y que le quería hacer el APPC (Análisis de Peligros y Puntos de Control) en la Conselleria".

"El inspector sabía que cambiábamos las etiquetas y que se ponía la carne congelada con envase doble y en una cubeta y se descongelaba y luego le poníamos la etiqueta de fresco y nunca dijo nada", apostilló la administrativa. Otro trabajador, el que hacía las funciones de encargado y comercial (y que también está investigado), ratificó que el funcionario acudía a la empresa de Marratxí como cliente particular y no como inspector y que cuando visitaba la nave hablaba con el dueño y con la administrativa. "No sé si pagaba los productos, pero supongo que sí".

El abogado de Vicente T., Antoni Monserrat, aportó al sumario facturas de género comprado por el funcionario.

La administrativa es la trabajadora que más datos ha facilitado a los investigadores sobre las presuntas irregularidades sanitarias que se habrían cometido en esta empresa, fundada en 2011 y que tenía una amplia cartera de clientes, entre ellos restaurantes con estrellas michelín, hoteles de lujo y comedores escolares de Algaida y otras localidades.

Según esta empleada y el encargado, el propietario les ordenaba etiquetar como fresco todos los productos, aunque hubiesen sido descongelados.

El colegio se quejó de la carne

No obstante, el encargado explicó al juez Juan Ignacio Lope Sola que los clientes sabían si compraban producto fresco o congelado o descongelado, algo que su compañera puso en tela de juicio.

"Los palés de carne de pollo llegaban a punto de caducar y se congelaban. Después, esa carne se descongelaba con agua caliente y se vendía como fresco y había clientes que se quejaban, pero el dueño lo negaba".

Entre los compradores que devolvieron partidas y protestaron por su mal estado, estaba la empresa que atiende el comedor escolar de Algaida, siempre de acuerdo con la empleada.

Otra de las acusaciones contra la industria cárnica es la de estafar a sus clientes engañándoles en el peso de los productos suministrados.

Nuevamente aquí hay discrepancias entre la auxiliar administrativa, por un lado, y el encargado y el dueño, por otro. Según la primera, los portes solían tener una merma de entre el 15 y el 20 por ciento de lo facturado.

Vicente T. y su jefe de personal mantienen, por el contrario, que la carne se pesaba en bruto y que si luego se manipulaba para el cliente se eliminaban los desperdicios y el peso era menor.

El encargado, sobre el etiquetado, manifestó que si se congela la carne su fecha de caducidad se aplaza 18 meses y que si luego se descongela, la fecha es de unos días a partir de la descongelación. La auxiliar reveló que la empresa vendía género que ya olía mal, pero que el propietario siempre ordenaba la venta de ese producto. Vicente T. negó en su declaración judicial la venta de carne en mal estado.