La convocatoria anticipada de las elecciones generales tiene importantes consecuencias económicas, en especial, en el plano regulatorio. Por un lado, están los proyectos legislativos recientemente acordados, que se ven paralizados. Es el caso de la creación de la Autoridad Independiente del Cliente Financiero, la cual se hallaba en el trámite del Senado. El acuerdo en el Congreso para crear una institución que vele de manera efectiva por los derechos y la relación entre entidades financieras y clientes no podrá ser realidad por el momento. Otro caso es la incorporación de enmiendas al proyecto de ley de reforma de las pensiones, algo vital porque el Gobierno convalidó el decreto-ley con cuestiones importantes por debatir.

También en el Senado se encontraba la regulación contra el desperdicio alimentario, mientras que la nueva ley de función pública estaba todavía en un estado menos avanzado pendiente de informe en comisión. Involuntariamente, el Gobierno ha dado cumplimiento a la exigencia por parte de los altos cuerpos de la Administración del Estado de paralizar lo que habría sido una alteración muy sustancial del acceso a la función pública, modificando por completo tanto las pruebas de acceso como los regímenes de promoción y ascensos.

Ley de vivienda

Otra ley paralizada es la de movilidad sostenible, también en comisión. Una reforma integral del sector del transporte que tendrá que esperar varios meses más, generando la oportunidad de modificar aspectos importantes como la desventaja competitiva entre el transporte de viajeros por carretera y el servicio en ferrocarril.

Pero incluso algunas leyes aprobadas quedan paralizadas en su aplicación práctica, siendo el paradigma de esta situación la ley de vivienda. La modificación por completo del panorama político autonómico y municipal asesta un golpe casi definitivo a la aplicación de esta ley estrella de la coalición de Gobierno porque dificulta la declaración de zonas tensionadas, los baremos de vulnerabilidad de los inquilinos y otros elementos que son de competencia regional y local.

Plazos inasumibles

El Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 23 de julio tendrá que lidiar con otros aspectos de enorme importancia. Los comicios tendrán lugar en unas fechas muy importantes en el calendario tradicional de la política económica, ya que es el momento en que se empiezan a preparar los Presupuestos Generales del Estado del año siguiente con la aprobación del techo de gasto no financiero.

En este sentido, lo primero y más probable es que en 2024 no habrá nuevo Presupuesto al menos hasta bien entrado el año, porque los plazos llevan a que la conformación de las cámaras legislativas, el pleno de investidura y la formación de Gobierno vaya más allá del mes de agosto y, por tanto, no se podrá cumplir con los plazos preceptivos para que las cuentas entren en vigor el 1 de enero del próximo año. 

Pero más allá de esta cuestión no menor, el Gobierno de coalición deja al futuro Ejecutivo diferentes retos que deberá encarar tanto a corto como a medio plazo. Se trata de abordar el fin de una larga época de estímulos monetarios que ha permitido que el dinero circule de forma masiva, dotando a las administraciones públicas en los últimos tres años de más recursos que en toda su historia, rebasando en el caso de España la barrera del medio billón de euros presupuestados.

Gestionar bien los fondos

El primero de los desafíos es, precisamente, la materialización en términos de economía real de la última gran oleada de financiación europea con los ya famosos fondos NextGenEU. En este sentido, la aceleración y la aplicación de los fondos europeos es imprescindible tras casi dos años de despliegue con grandes complicaciones administrativas, un marco regulatorio poco claro y un desánimo generalizado de la clase empresarial sobre la efectividad de los fondos.

A finales de marzo, según el último informe publicado por el portal del Plan de Recuperación, el dinero real que ha llegado a empresas y particulares proveniente del Gobierno central apenas asciende a 9.111 millones de euros y con información escasa o nula de los 4.200 millones convocados por las autonomías. Esta ejecución real es, además, compleja de seguir, tal como expresa el informe de la Comisión de Control del Parlamento Europeo. La confusión terminológica, la dificultad de supervisión real de las cantidades y fines de las convocatorias, así como la dispersión de órganos convocantes de las subvenciones, hace que los fondos estén siendo difíciles de ejecutar.

En este punto, siguiendo el borrador presentado por el Gobierno en diciembre y teniendo en cuenta las dificultades técnicas y administrativas con el dinero a fondo perdido (los 69.000 millones que tienen que distribuirse y emplearse hasta 2026), el nuevo Ejecutivo tendrá que solicitar a la Comisión Europea el tramo de financiación reembolsable que asciende a 84.000 millones de euros. Con un plazo de devolución extraordinariamente generoso y un coste financiero prácticamente testimonial, tanto el formato (créditos) como los potenciales organismos convocantes (se reducen mucho porque no todas las administraciones públicas pueden convocar) y sus potenciales aliados (fundamentalmente el sistema bancario y entidades como el ICO, la CESCE, la COFIDES, entre otros), podrían permitir una llegada bastante rápida y efectiva de los fondos a los sectores productivos.

Vuelven los ajustes

En segundo lugar, el nuevo Gobierno volverá a tener una restricción presupuestaria real, no formal como hasta la fecha, pues en 2024 la eurozona recuperará el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento partiendo de un déficit del 4,8% y teóricamente reduciéndolo al 3%.

Probablemente en 2023 la inflación dejará para las cuentas públicas un nuevo dividendo cuantioso en la recaudación de figuras como el IRPF, las cotizaciones sociales y el impuesto de sociedades (la recaudación del Estado hasta marzo en términos homogéneos está creciendo al 4% gracias, sobre todo, a las retenciones de IRPF). Pero de cumplirse los pronósticos de inflación para 2024 o ante una posible deflactación de tarifas si el PP forma Gobierno y lo siguen haciendo las comunidades con el tramo autonómico, los ingresos dejarán de ayudar y será necesario hacer hincapié en reducir el gasto público.

Precisamente en esta clave, el tercer reto es la retirada de todos los estímulos y ayudas contra la inflación, junto con el incremento de la morosidad por el vencimiento de los avales ICO de la pandemia que en términos presupuestarios se convierten en un gasto.

Aumento de la inflación

El Banco de España estima que la reversión de medidas como la bonificación del combustible profesional, los impuestos sobre las facturas de la electricidad y el gas, la extensión de los subsidios al empleo, las subvenciones al transporte público o el IVA de los alimentos, entre otros, supondrán un aumento extra del IPC en 2024 de 1,5 puntos porcentuales. Partiendo de la estimación de inflación realizada por la institución para el año que viene (3,6%), el fin de estas medidas llevaría a la inflación al 5,1% y mantendría más tiempo en niveles altos la inflación subyacente.

Por último, en materia de políticas sectoriales y pudiendo mencionarse muchos aspectos, el nuevo Gobierno tendrá por delante un problema de primera magnitud con la política energética. Suponiendo que la próxima legislatura sea completa, en sus últimos meses (mediados de 2027) comenzará el primer desmantelamiento nuclear en España con la central de Almaraz. Pero al mismo tiempo tendrá que haber decidido definitivamente tanto el modelo de gestión de los residuos radioactivos como la revisión de los criterios de implementación de la Estrategia Europea de Biodiversidad que están empezando a afectar a la potencia instalada hidroeléctrica.

La convocatoria de elecciones anticipadas puede traer cambios relevantes en la posición española para la reforma de los mercados energéticos, fortaleciendo posiciones para un desarrollo acelerado del almacenamiento sobre base hidráulica, inversiones en redes de distribución y transporte o la necesidad de tener un mercado más eficiente para estimular la contratación a largo plazo.