El Gobierno está adoptando un papel activo para intervenir en las grandes operaciones corporativas que se están acumulando en el mercado español. Moncloa se ha movilizado en los últimos meses para tratar de blindar grandes empresas de sectores estratégicos frente a los planes de entrada de inversores extranjeros (como en el caso de Telefónica y en el de las opas en ciernes sobre Naturgy o sobre Talgo) y ahora también interviene de manera preventiva sobre la futura oferta hostil de BBVA para tomar el control de Banco Sabadell.
Tras el anuncio del BBVA de que lanzará una opa sobre Sabadell con el mismo precio y las mismas condiciones que la oferta amistosa que ya había desestimado el banco, el Gobierno mostró su rechazo frontal a la operación “tanto en la forma como en el fondo”, advirtiendo de los “efectos lesivos potenciales” para el sistema financiero español. El ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo, alertó de los riesgos de la concentración sobre el empleo, la competencia, la prestación de servicios bancarios y la estabilidad financiera.
Sin ‘ok’ del Gobierno, no hay fusión
El ministro también lanzó la advertencia de que el Gobierno “tiene la última palabra” para que la operación llegue a buen puerto. La opa de BBVA debe ser autorizada por le Banco Central Europeo (BCE) como supervisor del sector bancario, por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y también por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una vez ejecutada la opa, BBVA pretende impulsar su fusión con Sabadell, y esta integración es la que debe contar con la autorización expresa del Gobierno y sobre la que Moncloa parece dispuesta a actuar.
La dirección de BBVA considera imprescindible ejecutar esa fusión para obtener las sinergias y eficiencias previstas para la operación, y el Ejecutivo de momento muestra sin ambages su rechazo por tratarse de una oferta hostil entre dos grandes bancos nacionales y por el eventual impacto de la integración sobre el conjunto del sector financiero y sus clientes.
De momento, la respuesta desde BBVA a la oposición mostrada por el Ejecutivo (y también por los gobiernos autonómicos de Cataluña y la Comunidad Valenciana) pasa por darse tiempo para convencer a las diferentes administraciones de las bondades del movimiento que prepara. “Confiamos plenamente que el Gobierno y el resto de autoridades acabarán apreciando la operación. Cuando tengamos ocasión de explicar bien la operación apreciarán el valor que tiene”, anticipó el presidente de BBVA, Carlos Torres. “Para el país es bueno tener un banco tan grande”, subrayó en referencia a sus expectativas de que la unión permita crear una entidad más fuerte y con más eficiencia, lo que derivará en mayor capacidad de apoyo a la economía mediante más crédito y que pagará más impuestos.
Blindar empresas estratégicas
El Gobierno se ha lanzado a blindar sectores estratégicos de la industria española frente a la entrada de grupos extranjeros y está tomando un papel protagonista en varias de las grandes operaciones corporativas en ciernes o en marcha en compañías españolas. “En 2023 se ha producido un aumento del interés de inversores internacionales en las empresas estratégicas nacionales”, advertía en su último informe anual el Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, como parte de las amenazas y riesgos para los intereses nacionales en materia económica y financiera. Y el Ejecutivo está actuando en consecuencia levantando un escudo protector para grupos españoles clave.
En los últimos meses, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho uso del instrumento más directo para proteger empresas que se consideran estratégicas: entrar como accionista de referencia para blindarlas frente a las pretensiones de compradores indeseados o sobre los que existen dudas. Lo hizo en el grupo de tecnología Indra, elevando la participación en manos del Estado hasta el 28% y de facto tomando el control con el objetivo de convertirlo en el nuevo campeón nacional en el sector de la defensa. Y lo está haciendo ahora con Telefónica, en la que ha entrado ya como accionista con un 7% y en la que aspira a controlar un 10% para contrarrestar la irrupción de Arabia Saudí en el capital de la teleco.
En paralelo, el Gobierno ha reconocido que busca activamente inversores españoles para armar una contraopa sobre Talgo para poner coto al desembarco de un grupo húngaro, Magyar Vagon, tras el que el Ejecutivo español ve vinculaciones con intereses rusos. El planteamiento que se maneja en Moncloa es buscar un socio industrial que lance su propia oferta de compra sobre el fabricante ferroviario y que lo haga con el apoyo de CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación LaCaixa y un nombre que ahora aparece vinculado en numerosas operaciones de blindaje de grupos estratégicos españoles en aparente alianza con el Gobierno.
Criteria, el holding presidido por Isidro Fainé, está tomando un papel clave en las actuales sacudidas accionariales en Telefónica y en Naturgy. El instrumento inversor de La Caixa ha elevado su participación en Telefónica hasta el 5% (a la que se suma el 2,5% en manos de CaixaBank, de la que es su principal accionista) mientras el Estado sigue elevando su presencia en la teleco a través de SEPI. Y CriteriaCaixa también aparece como protagonista de la operación de entrada de Emiratos Árabes en Naturgy para sustituir a los fondos CVC y GIP, pero manteniéndose en el accionariado como garante de la españolidad de la energética.
Otro de las herramientas del que el Ejecutivo está valiéndose es el denominado ‘escudo antiopas’, un instrumento legal aprobado en plena pandemia para proteger compañías de sectores estratégicos y evitar operaciones de compra indeseadas por parte de inversores extranjeros aprovechando el hundimiento en bolsa o situaciones financieras complicadas por el parón económico. El ‘escudo antiopas’ se ha erigido en un recurso crucial en la irrupción de Arabia Saudí en Telefónica, dado que la operadora Saudi Telecom debe contar con la autorización gubernamental para superar su actual paquete directo del 4,9% en la teleco y alcanzar el 9,9% pretendido o para entrar en el consejo de administración. Y también será clave en la entrada del grupo energético abudabí Taqa en Naturgy, ya que debe contar con el ‘ok’ del Gobierno español simplemente para superar el 10% de la energética, cuando sus planes pasan por comprar el 41% en manos de los fondos CVC y GIP y lanzar posteriormente una opa por el 100% del capital.
