La Corte Federal Suiza ha ratificado una decisión de arbitraje que obliga a España a pagar 29,6 millones de euros a la empresa estatal francesa Electricité de France (EDF). Este fallo sigue al laudo inicial emitido por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en abril de 2023, que ya había reconocido el derecho de EDF a recibir indemnización debido a los recortes retroactivos en las primas renovables implementados por el gobierno de Mariano Rajoy.
Esta decisión arbitral fue apelada por España hace ahora un año, dando el pistoletazo de salida a un nuevo litigio que vuelve a resultar en una derrota judicial de nuestro país. El laudo es parte de una serie más amplia de litigios que han visto a España enfrentarse a múltiples denuncias por sus políticas energéticas.
La decisión suiza es notable por su firmeza en rechazar los argumentos de España que buscaban anular el laudo basándose en la incompatibilidad del arbitraje intraeuropeo con el derecho de la Unión Europea, citando el caso Komstroy como precedente. Sin embargo, los jueces suizos han concluido que el Tratado de la Carta de la Energía, del cual España es firmante, prevé claramente la posibilidad de arbitrajes de este tipo.
Los magistrados suizos piensan que el razonamiento de España “no es convincente” y añaden que el argumentario judicial de la Abogacía del Estado “se basa casi por completo en la exigencia de preservar el carácter específico del derecho comunitario que no tiene en cuenta ni lo más mínimo el derecho internacional y las normas de interpretación de los tratados”. En la misma línea, la justicia suiza opina que, puesto que el arbitraje se celebró en Suiza, no cabe apelar a una sentencia europea cuyo alcance está limitado a las fronteras interiores de la UE.
El fallo no solo impone a España una carga financiera adicional en forma de indemnizaciones y costas legales, sino que también intensifica la presión en un momento en que el país ya enfrenta desafíos económicos significativos. Los impagos continuados han llevado a las empresas afectadas a iniciar procedimientos para el embargo de bienes españoles, incluyendo activos financieros e inmobiliarios, principalmente en el Reino Unido.
Con esta decisión, se confirma un nuevo laudo condenatorio y se ratifica que las obligaciones pendientes de pago siguen por encima de los 1.550 millones de euros, cifra a la que hay que sumar 250 millones en concepto de intereses de demora, condenas en costas, contratación de bufetes y consultores. Ante los impagos de España, las empresas afectadas han puesto en marcha distintos procedimientos de embargo de bienes que ya han resultado en la confiscación cautelar de diversos activos financieros e inmobiliarios de nuestro país en Reino Unido, así como un escenario de default técnico que ha encarecido la financiación del Tesoro.
La situación resalta la complejidad y el impacto prolongado de las decisiones políticas sobre la regulación energética y la protección de inversiones en España, así como la interacción entre el derecho nacional, europeo e internacional en el ámbito de los arbitrajes transfronterizos.
Origen de las condenas
La serie de arbitrajes que enfrenta España con varios inversores tiene su raíz en la reforma gubernamental de 2013, liderada por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que eliminó las primas a las renovables establecidas en 2007. Este cambio legislativo, respaldado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, resultó en una disminución estimada en 1.700 millones de euros en los beneficios de estas instalaciones, según cifras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La modificación de estas condiciones generó más de cincuenta arbitrajes contra el Estado español, sumando condenas que superan los 1.500 millones de euros. No obstante, el Estado ha logrado victorias significativas, reduciendo en muchos casos las cantidades reclamadas.
Iniciativa de pacificación de Teresa Ribera
En un intento por detener esta hemorragia arbitral, la candidata del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, propuso a finales de 2019 un plan para mitigar la frecuencia de estos arbitrajes. La oferta garantizaba a las plantas afectadas por los recortes de 2013 una retribución anual del 7,39% hasta 2031, a condición de que renunciaran a iniciar o continuar acciones legales contra el Estado. Además, se pactó una reducción en la tasa de rentabilidad razonable de las renovables, bajándola del 7,39% al 7,09% durante los próximos seis años.
A pesar de estos esfuerzos, la propuesta no ha conseguido detener la aparición de nuevos arbitrajes, y solo un número reducido de inversores ha aceptado acogerse a esta solución.
Caso Komstroy
En el caso de EDF, el Gobierno español se había amparado en el caso Komstry. La solicitud de decisión prejudicial del TJUE se presentó en el marco de un procedimiento entre la República de Moldavia y Komstroy LLC, relativo a la competencia de un tribunal arbitral que dictó un laudo en París (Francia) en 2013 en relación a un contrato de suministro de electricidad.
Tras la apelación de Moldavia, la Corte de Apelación de París planteó al TJUE una serie de cuestiones prejudiciales. El alto tribunal europeo dio respuesta sobre si constituía “inversión” en el marco del TCE para determinar la competencia del panel arbitral.
La instancia europea concluyó que un crédito derivado de un contrato de suministro de electricidad, que no está vinculado a una inversión, de la que es titular una empresa de un tercer Estado frente a empresa pública de otra Parte Contratante de dicho Tratado, no constituye una “inversión” en el sentido de las disposiciones recogidas en el TCE.
