El Gobierno continúa su escalada en el accionariado de Telefónica. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público dependiente del Ministerio de Hacienda, acelera la compra de acciones de la teleco y ya confirmado que ya controla más de un 6% de las acciones de la compañía, tras invertir casi 1.400 millones de euros, en el marco de la estrategia del Ejecutivo de blindar la españolidad y la autonomía del grupo de telecomunicaciones y contrarrestar la entrada de Arabia Saudí en el accionariado del grupo español.
SEPI ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor español, haber superado el umbral del 6% aunque la regulación española no le obligaba a hacer, pero lo ha hecho de manera voluntaria para evitar una “asimetría en la información” porque ya había trasladado esta información a la SEC, el supervisor bursátil de Estados Unidos.
El holding estatal ha informado la SEC norteamericana que cuenta ya con más 350,75 millones de acciones -representativas en concreto de un 6,169% del capital- por las que ha pagado un precio medio de 3,937 euros por acción, lo que implica un desembolso total hasta ahora de 1.397 millones de euros. El Ministerio de Hacienda de momento sólo ha reconocido oficialmente haber realizado una inyección presupuestaria de 500 millones de euros a SEPI para ejecutar las compras de acciones de Telefónica.
El Gobierno ya ha confirmado su intención de solicitar tener representación en el consejo de administración de Telefónica y con las nuevas compras se acerca a la participación que le daría derecho a tener un consejero, que es del 6,7% de las acciones. No obstante, con una participación menor, de entorno a un 5%, otros accionistas como CriteriaCaixa y BBVA ya tienen un asiento el órgano de gobierno. SEPI tiene la posibilidad de solicitar una junta extroardinaria de accionistas para solicitar el nombramiento de un consejero o esperar a la junta ordinaria del próximo año.
El Consejo de Ministros aprobó en diciembre un movimiento de calado y autorizó a SEPI comprar una participación del 10% de la compañía, para blindar una compañía que considera estratégica por su vinculación con la seguridad nacional y la defensa y confirmando así el regreso del Estado al accionariado de la teleco un cuarto de siglo después de su privatización total. La entrada de Arabia Saudí en Telefónica y su intención de convertirse en el mayor accionista del grupo, anunciada el pasado septiembre, se ha convertido en detonante de otros movimientos en el capital del grupo.
El nuevo refuerzo de la participación del Estado español en el capital de Telefónica llega dos semanas después de que el presidente de la corporación, José María Álvarez-Pallete, aprovechara la junta de accionistas para lanzar un mensaje de tranquilidad y dar la bienvenida a los nuevos socios, en referencia tanto a la SEPI como a la operadora Saudi Telecom, controlada por un fondo soberano de Arabia Saudí. “Entendemos el interés que Telefónica suscita en la comunidad inversora, entendemos a todas las partes que quieren estar en Telefónica porque Telefónica es parte del futuro, un futuro por el que ha apostado. Damos la bienvenida a los que han decidido participar en este futuro”, zanjó Álvarez-Pallete. "Creemos sinceramente que los nuevos accionistas contribuyen a la estabilidad accionarial y reflejan la confianza en la estrategia a largo plazo" de la compañía.
Sacudida en el capital
Arabia Saudí desveló a principios de septiembre su irrupción en el capital de la teleco. Saudí Telecom (STC), controlada por uno de los fondos soberanos del Estado árabe, anunció un plan para alcanzar una participación del 9,9% en la compañía. Un plan por fases, con la compra directa del 4,9% y la toma mediante derivados financieros de otro 5% adicional que todavía están por ejecutar, para lo que debe contar con la autorización del Gobierno español por la vinculación de de Telefónica con la defensa y la seguridad nacional.
En respuesta al movimiento saudí, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha movilizado para blindar la españolidad y la autonomía de Telefónica por su carácter estratégico, y ya se ha convertido en un nuevo accionista relevante con más de un 6%, en lo que supone el regreso al accionariado del Estado un cuarto de siglo después de su privatización total. El Ejecutivo ya había advertido que su objetivo era completar su plan de alcanzar el 10% “lo más rápido posible”.
En plena pugna entre Estados por convertirse en el mayor accionista de Telefónica, ahora de facto es el universo La Caixa la que ha pasado a ostentar ese papel tras una reorganización de su participación en la teleco. CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, ha elevado su posición en la compañía hasta el 5% y cuenta también con otro paquete del 2,5% en manos de CaixaBank. Los movimientos anticipan la formación de un nuevo núcleo estable de socios españoles para blindar el control del grupo frente a los intereses de Riad, integrado por el Estado, por CriteriaCaixa y también por BBVA (con un 4,87% del capital).
