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Reforma en el aire

Trabajo pretende multar con hasta 7.500 euros a las empresas que no paguen el transporte a sus becarios

Actualmente un inspector de Trabajo ya tiene facultades para sancionar a una empresa que tenga a un becario suplantando a un trabajador, pero a bajo coste

Trabajo pretende multar con hasta 7.500 euros a las empresas que no paguen el transporte a sus becarios. MANU MITRU

El adelanto electoral ha dejado en el aire muchas de las normas que el Gobierno había reservado para el tramo final de la legislatura y el Estatuto del Becario es una de ellas. Si bien el Ministerio de Trabajo insiste en que su hoja de ruta sigue pasando por aprobar dicha norma antes de los comicios. Una norma que plantea obligar a todas las empresas que acogieran a estudiantes en prácticas a costearles el transporte y el material. Y, de no hacerlo, se expondrían a sanciones de hasta 7.500 euros, según recoge el último borrador remitido a patronal y sindicatos, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica. 

Trabajo insiste en su propósito de aprobar el Estatuto del Becario antes de los comicios

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Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, activó el pasado lunes la maquinaria electoral para el 23 de julio congeló gran parte de la capacidad de su Ejecutivo. La reforma del sistema de protección asistencial por desempleo, algo que afecta a más de un millón de personas y que fue comprometido a la Comisión Europea, está pendiente. Así como la transposición de la directiva para asegurar unas condiciones transparentes y previsibles en los contratos laborales. Y también la ley que pretendía blindar las prácticas formativas y evitar que ‘becario’ pudiera ser sinónimo de ‘mano de obra barata’. 

"La voluntad del Gobierno es intentar por todos los medios, siendo conscientes de las dificultades temporales que esto genera, que el Estatuto del Becario pueda abrirse paso definitivamente y que sea uno de los compromisos del gobierno de coalición que cierre un círculo de reformas para el mercado de trabajo", declaró el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, el pasado viernes en la rueda de prensa de los datos del paro.

Si bien el adelanto electoral pilló al propio Gobierno por sorpresa, el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos hacía casi un año que llevaban negociando el nuevo Estatuto del Becario. Una conversación que dadas las reticencias de los empresarios y de las universidades -que acogen parte de las prácticas que cada año se realizan en España-, así como por la falta de consenso parlamentario, se fue dilatando. Hasta el punto de que la norma puede llegar a quedarse en un cajón hasta la próxima legislatura o indefinidamente, dependiendo del resultado del 23J. 

La patronal ya ha adelantado que no es partidaria de resolver esta cuestión antes de los comicios. Así lo manifestó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, la semana pasada, cuando afirmó que "no tendría mucho sentido" que el Gobierno les convocara a pocas semanas de vencer la legislatura. "Yo entiendo que cuando los españoles decidamos quién va a ser el próximo Gobierno, será el momento en el que nos sentemos a hablar de lo que haya que hablar", declaró el miércoles pasado en un acto.

Nuevas sanciones

Actualmente un inspector de Trabajo ya tiene facultades para sancionar a una empresa que tenga a un becario suplantando a un trabajador (pero a bajo coste). Sin embargo, el nuevo Estatuto incorporaba una serie de nuevas sanciones específicas para penalizar una serie de abusos más allá de la suplantación. 

La norma pretendía obligar a las empresas a costear el transporte, material y alojamiento (en caso de desplazamiento fuera de la residencia habitual) de los estudiantes. Ya sea vía un pago mensual o en especies (por ejemplo, con un abono transporte). Y ya sea si son prácticas curriculares extracurriculares. Actualmente las segundas suelen ir aparejadas a algún tipo de compensación económica -por ejemplo, en la UB el pago medio por hora es de seis euros, según explican fuentes de la misma-, pero no así las primeras.

En caso de que las empresas o entidades no cumplan con ello se expondrían a una sanción de entre 751 y 7.500 euros. Misma sanción en caso de que las prácticas no tengan nada que ver con los estudios que el alumno esté cursando, que se prive a los sindicatos o comité de empresa de cuántos becarios hay en una compañía y de que centros provienen o que no haya una tutorización efectiva durante las mismas.

Sobre este último punto, la norma también preveía que cuando un estudiante entrara a hacer sus prácticas, su tutor no pudiera tener más de cinco alumnos a cargo de manera simultánea. En las empresas de menos de treinta personas de plantilla, el tope serán tres. Y nunca podrán exceder el 30% de la plantilla, si bien inicialmente Trabajo contemplaba que ese tope fuera del 20%.  

Coto a las prácticas extracurriculares

Durante las negociaciones, el departamento liderado por Yolanda Díaz fue modulando sus planteamientos para tratar de atraer el apoyo de la CEOE. Cruzando el último borrador remitido a las partes con versiones anteriores se ve como Trabajo intentó inicialmente suprimir la figura de las prácticas extracurriculares. 

Estas son aquellas que no forman parte del grado y que no son necesarias para aprobarlo. Representan meramente una oportunidad para los estudiantes para acumular experiencia y, en ocasiones, una ventana de fraude para que empresas o entidades suplanten trabajadores. Según los datos de Inspección de Trabajo, cada año los inspectores detectan alrededor de 1.000 falsos becarios.

Ese primer planteamiento dio paso a un tope máximo de 480 horas al año o el tiempo equivalente al 20% de los créditos del curso. Con la idea de que al acotar el número máximo de horas que un estudiante pudiera recurrir a esta fórmula cada año evitara que las empresas le vieran atractivo para usos fraudulentos. Finalmente en el último borrador el tope se amplía hasta el 25% de horas.  

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