La invasión rusa de Ucrania ha supuesto un mayúsculo dolor de cabeza para docenas de compañías energéticas occidentales, que se han visto obligadas a elegir entre permanecer en Rusia con los riesgos que eso conlleva para la reputación de su marca o abandonar a la carrera sus inversiones en uno de los países con mayores reservas de combustibles fósiles del mundo, a menudo asumiendo pérdidas multimillonarias. Las circunstancias de cada compañía han sido determinantes. Pero lo que está claro, en el caso de las gasísticas europeas, es que Bruselas no se lo ha puesto fácil. Por un lado no ha dejado de pedir que se reduzcan las importaciones, pero por otro se ha resistido a sancionar al gas ruso. Una circunstancia que deja a las energéticas sin una causa de "fuerza mayor" para renegar de sus contratos, lo que puede traducirse en penalizaciones multimillonarias.
En estos últimos meses unas pocas gasísticas han iniciado su salida de Rusia –no necesariamente consumada-- o han logrado romper sus contratos, pero otras muchas siguen en el país. "Algunas se han marchado porque estaban expuestas a una mayor presión social, pero han pagado un coste muy elevado, tanto en lo que respecta a sus beneficios como al valor de sus activos", asegura la analista del Baker Institute, Anna Mikulska.
Los contratos de las energéticas españolas
Tanto Repsol como Naturgy mantienen activas las relaciones comerciales que entablaron con gasísticas rusas antes de que el Kremlin atacara Ucrania. La primera, un contrato a 15 años con Novatek para recibir una tonelada de gas natural licuado (GNL) al año. Repsol sostiene que ese gas no llega de Rusia, sino que lo ha hecho desde Estados Unidos en el último año, donde Novatek lo estaría también comprando para suministrárselo a sus clientes.
En el caso de Naturgy, que también firmó mucho antes de la invasión, su contrato está vigente hasta 2041 y contempla la importación a España de unos 3 billones de metros cúbicos de GNL anuales, una cantidad que el año pasado representó el 14% del suministro global de Naturgy, según consta en su memoria anual. "El contrato tiene unas clausulas de cumplimiento, y mientras no haya un imperativo legal, tenemos que cumplirlo. De otro modo nos enfrentamos a un litigio internacional", asegura a este diario una de las portavoces de la energética española.
La ruptura de un contrato antes de su vencimiento es como mínimo arriesgada y suele acabar en los tribunales de arbitraje. "Todo depende de los motivos. Pero a menos que invoques una de las cláusulas estipuladas en el contrato a largo plazo para renunciar al gas, vas a tener que pagar penalizaciones", asegura Anne-Sophie Corbeau desde el Center on Energy Studies.
Causas de "fuerza mayor"
Esas cláusulas de "fuerza mayor" pueden ser sanciones, pero también desastres naturales, una guerra o la modificación unilateral de los términos del contrato. "Básicamente quedas a merced del tribunal y probablemente quedarán empantanado durante años en un proceso costosísimo que no sabes cómo va a acabar", añade Corbeau.
Y perder esos litigios puede ser extraordinariamente oneroso. El pasado mes de diciembre la francesa Total Energy aseguró que pese a iniciar su marcha de Rusia con la renuncia a algunos proyectos o su salida del consejo de Novatek, seguirá suministrando gas ruso mientras la Unión Europea no imponga sanciones al gas y otorgue a las compañías del continente una causa de fuerza mayor para renegar de sus contratos. De otra manera, explicó su consejero delegado, Patrick Pouyanné, la ruptura unilateral del contrato "obligaría a pagar entre 40.000 y 50.000 millones en penalizaciones".
