La subida desorbitada de los precios de la electricidad durante la crisis energética se está llevando por delante a decenas de pequeñas eléctricas. La volatilidad extrema y el caos de precios ha empujado a la desaparición a comercializadoras independientes sin el músculo financiero y sin el escudo de las coberturas que tienen los gigantes del sector.
En 2021 ya echaron el cierre 22 pequeñas eléctricas que no soportaron la tensión del mercado que ya se notaba desde el verano; el año pasado, con los precios aún más disparados por el efecto de la guerra, fueron 35 comercializadoras las que se dieron de baja del registro oficial de compañías; y en lo que va de 2023 son ya 12 las que han desaparecido, según el listado oficial de comercializadoras de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Actualmente siguen operativas un total de 501 comercializadoras en el mercado español.
Cuando una comercializadora quiebra sus clientes pasan de manera transitoria a tener un contrato de último recurso con una de las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Totalenergies) que ofrecen la tarifa regulada de luz, según establece la legislación para evitar que se queden sin suministro.
La tarifa regulada de luz, denominada precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), está reservada para los clientes que tengan contratada una potencia por debajo de los 10 kilovatios, esto es, hogares y algunas pymes. Muchos grandes clientes de las eléctricas que quiebran y que pasan automáticamente a tener contratada PVPC de facto no tienen derecho a acogerse a esa tarifa regulada. Por lo general, se trata de empresas medianas y grandes o de instalaciones públicas con potencias y consumos muy superiores a los de un hogar.
Sobrecoste millonario
A estos grandes consumidores se les 'castiga' aplicándoles un recargo en sus facturas mientras se valen de la tarifa último recurso y hasta que contratan con otra compañía del mercado libre acorde a su perfil. El aumento de las compañías desaparecidas y las subidas desorbitadas de los precios del mercado eléctrico durante gran parte del año por el impacto económico de la invasión militar rusa sobre Ucrania hicieron que el importe recaudado por este concepto se disparara casi un 800% el año pasado.
El año pasado el sobrecoste pagado por los grandes clientes afectados por la desaparición de su comercializadora superó los 63 millones de euros, casi nueve veces más que los 7,19 millones del año anterior (+776%), según se recoge en el informe provisional de las liquidaciones del sistema eléctrico elaborado por la CNMC correspondiente a todo 2022.
El importe también se disparó muy por encima de lo esperado, ya que las previsiones que Gobierno y CNMC contemplaban para ese concepto era sólo de 9,48 millones para todo el ejercicio, pero finalmente fue un 564% superior a lo estimado por las excepcionales condiciones de precios de mercado y por el aumento del número de clientes afectados.
Un 20% de recargo en el recibo
Los clientes sin derecho a la tarifa regulada (con una potencia contratada superior a 10 kilovatios) que acaban acogidos al PVPC al quedarse sin compañía no pagan el mismo precio que el resto de usuarios acogidos a este tipo de tarifa, sino que la legislación vigente establece que se les debe aplicar un recargo del 20% en todos los conceptos regulados de su factura de luz.
Los clientes pagan ese sobrecoste del 20% sobre los precios habituales del PVPC a su nueva comercializadora regulada. Las comercializadora abona ese importe a la compañía distribuidora (la que gestiona las redes que llegan hasta la puerta del consumidor). Y la distribuidora liquida esas cantidades como ingresos del sistema eléctrico para financiar los costes regulados que pagan el conjunto de los clientes eléctricos.
