Algo más de tres años después del estallido de la pandemia, los créditos bancarios con aval público del ICO creados por el Gobierno para evitar una debacle masiva de empresas, pymes y autónomos por la crisis sanitaria siguen mostrando un comportamiento más positivo del que hubiera sido esperable cuando se decretó el confinamiento en 2020. A cierre de marzo, la morosidad de estos préstamos -más de 90 días de impago- se limitaba al 1,67% (2.350 millones de euros), según un informe del Instituto de Crédito Oficial (ICO) al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica. Dichos impagos han llevado al Estado a abonar 391,4 millones de euros a la banca en virtud de las garantías que concedió para lograr que la financiación siguiese llegando a la economía en las primeras fases del coronavirus.

Las operaciones morosas, así, ascienden a unas 39.800, concedidas a en torno a 28.800 clientes. El Estado se comprometió a asumir el 80% de las pérdidas que causaran a los bancos los créditos morosos a autónomos y pymes y entre el 60% y el 70% en los préstamos impagados a empresas de mayor tamaño. La cantidad desembolsada es todavía baja porque la morosidad está siendo contenida, y también porque el ICO va abonando a las entidades el monto avalado de las cuotas impagadas, no de todo el principal pendiente del crédito, ante la posibilidad de que el cliente vuelva a ser capaz de hacer frente a las cuotas. 

Las 39.800 operaciones morosas comparan con las 1.192.484 que se concedieron, con 674.922 beneficiarios que recibieron 140.737 millones de euros (de ellos, 107.187 millones avalados). Que las operaciones impagadas (3,33% del total) sean mayores que el montante en mora (1,67%) implica que los clientes que pidieron cantidades más pequeñas -normalmente autónomos y pymes- están teniendo algo más de problemas para hacer frente a las cuotas. En cualquier caso, se trata también de un dato bajo tanto respecto a lo esperable hace tres años como a los datos históricos de morosidad. Al cierre del pasado junio venció el periodo de carencia de la mayoría de operaciones que se beneficiaron de la moratoria en el pago del principal, pero no se ha producido un incremento notable de la morosidad.

Diferencias con el Banco de España

Las cifras del informe del ICO, que lógicamente irán creciendo en los próximos trimestres, son diferentes a las que viene dando el Banco de España debido a diferencias en la metodología de cálculo. El ICO toma como referencia la cantidad máxima de crédito otorgado porque estima que ofrece la imagen más realista. Así, se trata de una cartera cerrada a nuevas entradas (el plazo para pedir los avales finalizó en junio del año pasado), que además se va reduciendo por las amortizaciones (principalmente de los clientes más solventes). En cambio, los créditos en mora o con mayores dificultades de pago no salen de la cartera, con lo que su peso siempre tenderá a aumentar respecto al último dato de saldo vivo. Además, el ICO tiene en cuenta solo los créditos impagados, ya que son los más relevantes para la institución pues son los que le obligan a pagar a los bancos.

El Banco de España, en cambio, toma como referencia el último saldo vivo del crédito dispuesto (hay cantidades aprobadas que las empresas finalmente no necesitaron, aunque lo tenían aprobado y disponible). Además, calcula la tasa de dudosidad (no de morosidad, como el ICO), en la que se incluyen tanto los créditos impagados como los registrados en la categoría de dudosidad subjetiva (operaciones al corriente de pago pero que se considera probable que dejen de estarlo). Ello es así porque para el organismo supervisor lo relevante no es el impacto que puedan tener dichos créditos en las cuentas públicas, sino en los bancos y en la estabilidad del sistema financiero.

Según sus últimos datos, el crédito dispuesto vivo de los créditos ICO bajó a 79.212 millones de euros al cierre del año pasado (un 11,3% menos que en 2021). De ellos, un 7,1% (5.633 millones, un 78% más) estaban en situación de dudoso cobro (serían el 6,3% si se compara con el punto máximo de la cartera dispuesta). En concreto, eran 2.905 millones y un 3,7% en morosidad y 2.728 millones y un 3,4% en dudosidad subjetiva. Además, había otro 19,6% (15.504 millones, un 14,5% menos) en la categoría de vigilancia especial (al corriente de pagos pero con síntomas de debilidades), mientras que un 73,3% (58.075 millones, un 14,5% menos) no presentaban problemas.

Dentro de las expectativas

La dudosidad del 7,1% o el 6,3% de estos créditos calculada por el Banco de España es superior al 3,55% de dudosidad bancaria general de febrero y el 4,2% de dudosidad empresarial de diciembre. El propio organismo lo justificó en su reciente informe de estabilidad financiera: "El peor comportamiento de la calidad crediticia de esta cartera en relación con la del conjunto de los préstamos a empresas entra dentro de las expectativas de despliegue del programa de garantías ICO, especialmente orientado a las empresas que afrontaban la crisis sanitaria de 2020-2021 con una posición financiera más débil y que se verían más afectadas por esta, en particular por la naturaleza de su actividad sectorial". Asimismo, está muy por debajo del máximo histórico del 13,61% de dudosidad bancaria general alcanzada en 2013 o de los niveles superiores al 30% de la registrada por constructoras y promotoras tras el estallido de la burbuja.

Tras el inicio de la pandemia en marzo de 2020, así, el Gobierno aprobó las dos líneas de avales por importe de hasta 140.000 millones de euros (100.000 millones para liquidez y circulante y 40.000 millones para inversión), lo que junto a los erte para los trabajadores fue clave para evitar una destrucción masiva de tejido productivo y empleo durante el confinamiento. El 98% de las operaciones fueron suscritas por autónomos y pymes y el 73,5% fueron para trabajadores por cuenta propia y micropymes de menos de 10 empleados. 

Catalunya fue la comunidad que registró un mayor número de operaciones con 238.016 créditos para 134.260 empresas y autónomos por un importe de 26.507 millones de euros (20.352 millones en avales). Por financiación, la primera fue la Comunidad de Madrid (28.486 millones) por la mayor concentración de grandes empresas. Los sectores a los que se concedió más avales fueron el turismo, ocio y cultura; construcción e infraestructuras; servicios empresariales, profesionales y administrativos; bienes de consumo y 'retail'; bienes equipo e industriales; y distribución comercial de alimentos y bebidas.