Cambio de rumbo en materia laboral a menos de un año de jugarse el Gobierno en las elecciones. Si hasta ahora el mandato que tenía la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales era volcarse en rebajar el paro juvenil, el Ejecutivo ha verbalizado este martes que a partir de ahora pedirá que estos esfuerzos se centren en atajar el paro de larga duración. Para ello, el Gobierno repartirá 2.800 millones de euros entre las comunidades con la idea que estas incentiven políticas activas de empleo orientadas, especialmente, a este colectivo.

El plan, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, es mejorar los presupuestos de los Servicios y Programas de Políticas Activas de Empleo, incentivar la formación profesional para encontrar trabajo, incrementar las iniciativas de formación en alternancia en el empleo y modernizar los Servicios Públicos de Empleo.

De hecho, el gran grueso de esta partida (2.500 millones de euros) procederá del presupuesto del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y el resto, de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Queda pendiente decidir en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se celebrará “en las próximas semanas”, qué parte de este pastel -defendido como la mayor inversión de fondos públicos hasta la fecha a mejorar la empleabilidad en España- se lleva cada comunidad.

Lo que queda claro es que el propósito es que esto ayude a aliviar los niveles de paro de larga duración. Según ha puesto este martes encima de la mesa la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el volumen de personas en esta situación se ha reducido un 14%, pero sigue siendo “muy grueso”, especialmente cuando se observa la franja de personas mayores de 45 años, un conjunto en el que hay 1,2 millones de personas en España.

“El mandato público es que queremos que las comunidades autónomas se impliquen también en el abordaje de esta situación”, ha justificado esta portavoz gubernamental, que ha aprovechado para hacer asimismo un llamamiento a los empresarios del país para que contraten a estos perfiles. “Cuando un trabajador o trabajadora tiene 45 años se encuentra en lo mejor de su carrera profesional, las empresas no pueden prescindir de su talento”, ha sostenido Díaz.

Economía social

Esta dotación de fondos está estrechamente relacionada con un plan para impulsar la Economía Social. En este caso, el principal objetivo es dinamizar un sector formado por 43.000 empresas, que supone el 10% del PIB de España y que da trabajo a 2,2 millones de personas, un 12,5% del empleo del país.

En este sentido, la ministra Diaz y la portavoz del GobiernoIsabel Rodríguez, han explicado que el Consejo de Ministros ha aprobado también la nueva Ley de Economía Social, la Ley de Cooperativas y la Ley de Empresas de Inserción. Este conjunto de normas está pensado, por ejemplo, para modificar los supuestos que establecen que una persona sea vulnerable o esté en exclusión social o que se fomente la llegada de este tipo de perfiles al "empleo ordinario" y no solo al empleo protegido.