España cuenta con una hucha milmillonaria que han llenado durante años las tasas que pagan las compañías que generan residuos radiactivos, muy especialmente las eléctricas propietarias de las centrales nucleares. Un fondo que se utilizará para pagar el desmantelamiento de los reactores según vayan cerrando y para construir los almacenes donde se guardarán los residuos radiactivos, y que ahora cuenta con cerca de 7.500 millones de euros.

Cada una de las centrales nucleares seguirán pagando esa tasa y engordando el fondo mientras sigan produciendo electricidad y no se produzcan los cierres de las plantas, programados para que vayan produciéndose de manera progresiva entre 2027 y 2035.

Y como gran parte del dinero acumulado en esa hucha no tendrá que gastarse hasta la clausura de las plantas y hasta la futura construcción de los siete almacenes temporales previstos en cada central y del gran cementerio definitivo de la basura nuclear, el Estado español va invirtiendo gran parte de las cantidades acumuladas para conseguir rentabilidades que engorden el denominado Fondo para la Financiación de las Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR).

Contrato de asesoría

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), de titularidad pública, es la encargada de gestionar ese fondo que financian las eléctricas con sus tasas y de realizar las inversiones financieras con las cantidades acumuladas, bajo el control y vigilancia del Ministerio para la Transición Ecológica. Y ahora la compañía busca ayuda especializada para poder invertir en unos mercados cada vez más complejos y para ejecutar operaciones cada vez más sofisticadas si se quiere obtener rentabilidad suficiente.

Enresa ha puesto en marcha la licitación de un contrato de servicios de asesoramiento para realizar inversiones financieras durante los próximos dos años. El grupo busca un grupo de asesores que realicen el análisis y recomendaciones sobre oportunidades de inversión, el estudio de contraste del precio y la valoración de los productos como base para su negociación, información diaria de indicadores económicos y de los mercados, así como análisis y valoración del riesgo de la cartera de Enresa, entre otros aspectos. El precio estimado del contrato es de casi 177.500 euros durante dos años, y puede acabar ascendido a casi 446.000 euros si decide aplicar prórrogas una vez expirado.

Inversiones más complejas

Enresa cuenta con una cartera de activos financieros valorada en 6.551 millones de euros a cierre de 2022, tras realizar inversiones con un valor nominal de más de 2.000 millones de euros durante el pasado año, según los datos internos de la compañía pública. Y en los próximos años se producirán vencimientos millonarios de su cartera histórica que empujan al grupo a rearmarse para ejecutar nuevas inversiones.

Durante años Enresa ha seguido un modelo conservador de la gestión de sus inversiones financieras y con una evidente aversión al riesgo, destinando los fondos mayoritariamente a renta fija pública a través de deuda del Tesoro y también a deuda corporativa de grandes compañías europeas y españolas, con una importante concentración de activos a tipo fijo y referenciados a la inflación española y europea.

“Sin embargo, la realidad actual del mercado de bonos es otra. El largo periodo de tipos de interés nulos o negativos de los últimos años ha condicionado significativamente su evolución y el mercado ha ido orientándose hacia productos cada vez más sofisticados que puedan ofrecer una rentabilidad atractiva al inversor”, explica Enresa en la documentación del concurso para justificar la contratación servicios de asesoría especializados.

Según subraya Enresa, las alternativas de inversión en renta fija se desarrollan ahora con productos más complejos, estructurados, interponiendo bonos de terceros como colateral, usando sociedades de vehículo especial (SPV por sus siglas en inglés), fijando rentabilidades por tramos, incluyendo distintas opcionalidades de amortización anticipada ('call options'), vendiendo riesgo de crédito a través de instrumentos financieros derivados ('credit default' swaps o CDS) o intercambiando flujos de intereses fijos por referencias flotantes o indexadas ('interest rate swaps').

Y además, desde 2021, la compañía estatal ha puesto en marcha un plan de diversificación de sus inversiones que ha supuesto su entrada también en los mercados de renta variable internacional, en el inmobiliario y también en el de infraestrucuras. “Mercados cuya volatilidad, por definición y salvo excepciones, es notablemente mayor que la de la renta fija y en los cuales la experiencia de gestión de Enresa es reducida”, explica el grupo, que reconoce que no dispone actualmente en su plantilla personal con formación específica en estas tareas.