La caída de los precios del gas y un precio de la luz por encima de los 100 euros muchos días durante el mes han dejado en evidencia los precios de las emisiones contaminantes. En abril de 2021 el coste de los derechos de emisión de CO2 fue noticia por su encarecimiento, al ascender a 48 euros por MWh. Casi dos años más tarde, contaminar cuesta el doble, al situarse de media en los últimos treinta días en 90 euros por megavatio-hora (MWh).

El gas se situó en las últimas semanas en torno a 40 euros por megavatio-hora (MWh). La cifra es elevada si se compara con la media de esta materia prima de los últimos años (unos 20 euros), pero se encuentra muy lejos del máximo de 300 euros al que llegó en verano y de los 150-200 euros en los que se situó tras el inicio de la guerra de Ucrania. Pese a esta caída, el precio de la luz ha sobrepasado los 100 euros por MWh durante muchos días del mes aupado por la presión de los derechos de emisión que deben pagar las tecnologías más contaminantes (carbón y ciclos combinados).

Desde 2005, Europa se rige por el Emissions Trading Sistem (ETF) que limita las emisiones de las instalaciones de gran consumo de energía (centrales eléctricas e industria) y de las compañías aéreas. Cada una de estas empresas tiene asignada una cantidad limitada de derechos de CO2 que pueden emitir a la atmósfera de forma gratuita (aunque cada año esta cantidad es más reducida) y si necesitan emitir más pueden acudir al mercado y comprar esos derechos a través de una subasta.

Según explica Ismael Romeo, consejero delegado de SendeCO2, varios factores explican el incremento de los precios que llevó al CO2 a superar los 100 euros a principios de mes, entre ellos, la especulación en este mercado, al considerar estos derechos un valor seguro en el que invertir pues difícilmente bajarán su precio en los próximos años; la proximidad con el 30 de abril, cuando tienen que entregarse los derechos de emisión correspondientes al año pasado y, por tanto, según se aproxima esta fecha se apuran las compras, pero también el nuevo impuesto en frontera aprobado por Europa a finales de diciembre que penalizará a las importaciones de productos contaminantes.

Pero la tendencia no es nueva. En enero de 2018 estos derechos se pagaban a 4 euros por tonelada; en 2019 se elevó a 23 euros; en 2021 llegó a 48 euros y en la actualidad se sitúan en una media de 90 euros por MWh. Y no es previsible que haya un cambio de sentido porque "el sistema está diseñado para mantener el suministro más y más escaso cada año", cuenta el responsable para España y Portugal de Vertis, José María García Berrendero, a través de correo electrónico. "La caída de la oferta solo puede compensarse con una caída igual de la demanda si el precio aumenta sustancialmente para reducir las emisiones. Por lo tanto, si bien puede haber volatilidad, el sistema permanecerá ajustado en el futuro previsible y podemos esperar nuevos máximos históricos”, añade.

Impacto en la luz

Un estudio elaborado por los profesores Ángel Arcos-Vargas, Fernando Núñez Hernández y Juan Antonio Ballesteros Gallardo de la Universidad de Sevilla que analiza el caso concreto del mercado español concluye que los “aumentos en el precio del carbono de 10, 20 o 30 euros por tonelada, respectivamente, provocan aumentos del 1,8%, 4,2% y 5,3% en el precio de la electricidad (según los datos del año 2018), mientras que el efecto negativo sobre las emisiones es relativamente pequeño”.

Según el experto en energía y consultor de Menta Energía, Francisco Valverde, en una oferta "estándar" de ciclo combinado (centrales eléctricas que queman gas) de 125 euros, unos 80 euros corresponden al coste del gas, unos 34 euros al CO2 y el resto (11 euros) son costes relativos a márgenes, sueldos o mantenimiento. Mientras que en el caso de una oferta de carbón, el combustible tiene menos presencia pero las emisiones se duplican y eso es precisamente lo que ha provocado la salida de este tipo de tecnología del mercado en los últimos años.

El Gobierno trató de ponerle coto a este contagio del CO2 sobre los precios de la electricidad en la primavera de 2021 con un anteproyecto de ley de recortaba los sobreingresos de las centrales nucleares e hidráulicas que no se ven penalizadas por este coste (al no contaminar), pero sí reciben la retribución que generan. La norma mantenía la misma filosofía que la que meses más tarde (en septiembre del mismo año) se aprobó para recortar los beneficios extraordinarios por el gas, pero en el caso del CO2 tenía un carácter estructural, mientras el recorte del gas fue concebido con carácter coyuntural. A finales de junio del año pasado, la Comisión para la Transición Ecológica retomó la tramitación, pero una semana después paró el proceso. Desde entonces sigue en fase de ponencia pero sin fecha de celebración, según confirman fuentes de la citada comisión.