La oposición hace piña para rebajar la tasa de 250 euros por reclamación con que estaba previsto que las entidades financien la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, con la que el Gobierno pretende revolucionar el sistema de resolución de reclamaciones de clientes a bancos, aseguradoras y firmas de inversión, entre otras entidades. Así, PP, PNV, Cs, Junts y PdeCat han instado a rebajar dicha tasa a entre 100 y 50 euros, según el caso, además de proponer distintas fórmulas para que las entidades no tengan que pagar toda o parte de la tasa en caso de que el nuevo organismo les dé la razón y dictamine en contra del cliente.

Así aparece recogido en las enmiendas al proyecto de ley que los grupos parlamentarios presentaron este miércoles por la tarde. PSOE y Unidas Podemos no han hecho ninguna propuesta de modificación de dicha tasa. Se trata, eso sí, de una estrategia negociadora para no revelar sus cartas de cara a la negociación de las enmiendas que ahora se abre. Así, la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se abrió hace unos días a modificarla: "La financiación de la autoridad es uno de los asuntos que han suscitado más comentarios, tanto en el ámbito parlamentario como en el ámbito público, son cuestiones que por supuesto se podrán abordar sin ningún problema a lo largo de la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley".  

El PP ha propuesto rebajar la tasa a 100 euros y que la autoridad devuelva a la entidad financiera 50 euros en caso de que su dictamen no dé la razón al cliente. El PNV ha planteado bajarla a 50 euros y que se devuelva en su integridad si el banco recibe un pronunciamiento favorable, y como alternativa, fijar un sistema en que la tasa sirva exclusivamente para cubrir los costes de la Autoridad, que se repartirían en función del número de reclamaciones recibida por cada entidad. Junts ha sugerido bajarlo a 50 euros, como también el PdeCat, que además insta a que el banco solo pague si recibe un pronunciamiento en contra. Y Cs, que también apuesta por 50 euros, quiere que se devuelva la diferencia a la entidad si la cuantía de la reclamación es inferior y no se le condena.

Por otra parte, muchos partidos han propuesto también rebajar el importe de las reclamaciones por debajo del cual las decisiones de la nueva autoridad van a ser vinculantes. Así, el PNV y PdeCat han sugerido rebajarlo de 20.000 a 2.000 euros; el PP, a 1.000 euros; y C's, a 6.000 eurosERC, en cambio, ha planteado que todas las decisiones del organismo sean vinculantes o, como alternativo, que lo sean para reclamaciones de hasta 100.000 euros.

Tasa polémica

Desde distintos ámbitos, como el Banco de España o las patronales financieras, se viene advirtiendo desde abril del año pasado de que la tasa fija de 250 euros por reclamación admitida podría suponer un incentivo perverso, ya que las entidades podrían aceptar toda reclamación inferior a esa cantidad porque les sería más barato, lo que a su vez podría causar una ola de reclamaciones. "Yo creo que nuestro sistema financiero y nuestra sociedad es lo suficientemente madura como para evitar aquellos abusos o situaciones disfuncionales que han sido señalados, pero a lo largo de la tramitación parlamentaria podemos abordar esta cuestión y mejorar si es preciso el proyecto de ley", ha apuntado Calviño.

Hace unos días en el Congreso, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advirtió a los grupos parlamentarios de que la tasa podría provocar un efecto llamada que llevase a un "incremento de los conflictos" entre los clientes y las entidades. "Un sistema en el que los incentivos estén mejor alineados con los objetivos del proyecto de ley -que creemos que encaja con el concepto de tasa, aunque habría que chequearlo jurídicamente- sería hacer la tasa proporcional a las reclamaciones desfavorables. Alguno de ustedes incluso ha sugerido la posibilidad de que, además, dependiera de las cuantías. Yo creo que quizá se puede trabajar más sobre esta base. La idea de penalizar las reclamaciones desfavorables y no simplemente las reclamaciones per se, me parece que generaría los incentivos que todos queremos", les propuso.

La idea gustó a varios de los principales grupos, pero está por ver si es compatible con la ley de tasas y precios públicos de 1989. En su dictamen sobre el anteproyecto de ley del Gobierno, el Consejo de Estado avaló que la tasa de los 250 euros se adecuaba a dicha norma, pero con matices. Así, advirtió que se trataba de una "figura sui generis" ya que "el obligado a pagarla no obtendría nada a cambio". Además, manifestó dudas de que se adaptase al principio de proporcionalidad, por lo que aconsejó a Economía que podría ser "posible, e incluso pudiera resultar conveniente, introducir modulaciones en el pago de la tasa cuando se trate de clientes no consumidores, de modo que estos pudieran asumir el pago de una parte o incluso de la totalidad del importe de la tasa".