La Comisión Europea ha hecho pública esta semana su propuesta de reforma del mercado eléctrico con el objetivo declarado de reducir la volatilidad de los precios de la luz recortando su exposición a los vaivenes del gas sufrida durante la crisis energética, y para rebajar el precio impulsando el despliegue de renovables y dando más opciones de contratación a los consumidores.

El plan diseñado por Bruselas se alinea más con las tesis los países (singularmente Alemania) y las grandes empresas (todas las patronales energéticas) que pedían cambios de poco calado y mantener en esencia el mecanismo de funcionamiento actual sin imposiciones y sin medidas retroactivas; y se aleja de la pretensión de otros estados miembros (muy especialmente España) de unos cambios profundos y realmente estructurales para cambiar las reglas.

La de la Comisión Europea es sólo una propuesta de reglamento que ahora debe pactar con los Veintisiete estados miembros y que debe aprobar el Parlamento Europeo. La aspiración más posibilista es la de intentar tener un pacto y sacar adelante la reforma antes de las elecciones europeas de mayo de 2024, no conseguirlo antes de ese plazo y tener que esperar a la constitución de un nuevo colegio de comisarios del Ejecutivo comunitario retrasaría los cambios mucho más de lo que nadie desea.

Objetivo, antes del invierno

Pero lo cierto es que la Comisión Europea quiere acelerar al máximo los trabajos de negociación y meterá prisa a los Veintisiete para tener lista la reforma este mismo año, para tener en marcha las medidas finalmente pactadas antes del próximo invierno ante una eventual vuelta a la escalada de precios energéticos, según confirman fuentes oficiales comunitarias.

“La voluntad es poner en práctica la reforma lo más rápidamente posible. El objetivo es adoptarla antes de 2024, para que entre en vigor antes del invierno que viene por si se registran de nuevo precios altos”, apuntan fuentes de la Comisión. “Y son plazos que creemos que son factibles”, sentencian.

Desde el Gobierno español también se ha venido defendiendo la necesidad de alcanzar un acuerdo rápido para la reforma acelerando el proceso, y se ha apuntado como factible la aspiración de cerrar un pacto sobre los cambios durante la Presidencia española del Consejo Europeo, durante el segundo semestre de este año. Los plazos habituales para emprender una reforma de este calado en la UE sería de dos años, pero se pretende acortar lo máximo posible los plazos.

Reforma descafeinada

La propuesta de Bruselas no contempla cambios radicales, defendiendo mantener el actual sistema marginalista de mercado (la última tecnología de producción necesaria para cubrir la demanda de electricidad -la más cara- marca el precio de todas las demás) con carácter general y limitándose a impulsar los contratos a largo plazo de suministro a precios estables.

La Comisión Europea defiende facilitar los contratos a largo plazo de energía como forma de dar estabilidad a los precios, pero sin plantear grandes cambios en la regulación para conseguirlo. Por un lado, la idea es tanto fomentar los contratos bilaterales entre generador de energía y consumidor (PPA, en el argot sectorial) con avales públicos para reducir los riesgos financieros para los firmantes o reservando una parte de las subastas de nueva potencia a este tipo de contratos.

Por otro, Bruselas también apuesta por impulsar los contratos por diferencias (CfD) mediante subastas, que permiten un precio de la luz estable al cubrir la diferencia con el mercado el productor (si la cotización es más alta) o la Administración (si el precio de mercado es más bajo al pactado). Pero reserva este tipo de contratos para las nuevas plantas renovables y nucleares, y también para la repotenciación de las ya existentes (lo que abre la vía a dar apoyo financiero a la ampliación de la vida de las centrales nucleares) . España también defendía en su propia propuesta la extensión de los CfD pero para todas las instalaciones, también las ya existentes con carácter retroactivo, e imponiendo un precio regulado a nucleares e hidroeléctricas.

Desde la Comisión Europea se defiende lo moderado de su propuesta en la necesidad de actual para evitar la volatilidad de los precios pero sin acabar con los mecanismos del mercado actual que funcionan cuando no hay situaciones excepcionales de crisis. “Hacer una revolución te puede solucionar los problemas durante una crisis, pero puede romper todo lo demás”, indican fuentes comunitarias, que señalan como negativas algunas de las bases de la propuesta del Gobierno de España. "Las medidas retroactivas crean incertidumbre regulatoria y espantan inversiones"