El Gobierno incluyó en su primer plan de choque contra la crisis energética, a final del verano de 2021, la convocatoria de subastas forzosas para las grandes energéticas para que ofrecieran contratos de compra de electricidad con precios estables y con una duración de más de una año.

La idea del Ejecutivo era celebrar subastas a las que las cuatro grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) estarían obligadas a acudir para ceder parte de su electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y renovables para vendérsela a comercializadoras independientes -las pequeñas eléctricas no integradas en los grandes grupos energéticos- y a grandes consumidores industriales.

El real decreto 17/2021, a través del que se articuló el primer paquete de medidas para contener el precio de la luz, incluía un mandato expreso para que el Gobierno celebrara la primera de estas subastas antes del 31 de diciembre de 2021. Ese plazo se incumplió y sigue incumpliéndose, ya que esas subastas jamás se han celebrado. El Ejecutivo sigue sin realizar el desarrollo reglamentario necesario para ponerlas en marcha.

Y desde las compañías implicadas, tanto las obligadas a vender electricidad como las beneficiarias de esa venta forzosa, se empieza a dar por hecho que se cerrará la legislatura sin haberse convocado subasta alguna. Para regocijo de las primeras y cabreo de las segundas.

Las pequeñas eléctricas y la gran industria que podrían comprar esa electricidad a precio fijo y asequible siguen reclamando la convocatoria de esa subasta y muestran su malestar por el incumplimiento por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera. Comercializadoras eléctricas independientes y grandes grupos industriales hacen pinza para conseguir que el Gobierno finalmente cumpla su compromiso.

Tanto la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) -que agrupa a una veintena de compañías no integradas en los grandes grupos como Totalenergies, BP, Cepsa, Feníe o Factorenergia- como la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) -que representa a una treintena de grandes grupos industriales como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Ferroatlántica o Tubos Reunidos- han trasladado reiteradamente al Gobierno su petición de que se convoquen las subastas y se quejan de no haber obtenido respuesta, según confirman fuentes de ambas organizaciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

“La regulación para celebrar la subasta sigue durmiendo el sueño de los justos. Sólo obtenemos silencio administrativo como respuesta. Y damos por hecho que en este caso se trata de silencio administrativo negativo”, apuntan desde AEGE. “La industria sigue aspirando a que se convoque la subasta”. Una aspiración compartida por las comercializadoras independientes de ACIE, que con las subastas podrían acceder a electricidad a un precio razonable producida por los grandes grupos para ofrecérsela a sus clientes y reducir así su exposición a la volatilidad del mercado mayorista de la electricidad.

Rechazo de las grandes eléctricas

Las grandes eléctricas que estarían obligadas a vender parte de su electricidad han estado el último año y medio rechazando de plano la medida y advirtiendo de que no se puede aplicar porque tienen vendida toda o casi toda su producción eléctrica de todo el año para este ejercicio y los siguientes, y que acudir de manera forzosa a la subasta les obligaría a quitar electricidad comprometida a unos clientes para vendérselas a otros.

El Gobierno se resiste a descartar oficialmente el plan de subastas forzosas, pero lo mantiene congelado asumiendo la amenaza de que su convocatoria haga que las grandes eléctricas se lancen a romper contratos de venta ya cerrados. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, encargado de organizar una eventual puja, no se confirma que el plan se haya descartado por completo, pero se admite que resulta complicado su puesta en marcha y que se está optando por la cautela.

Los contratos de suministro de electricidad tienen comúnmente cláusulas que permiten a las compañías romperlos en caso de cambios regulatorios que tengan una incidencia severa en las condiciones y en la rentabilidad. Iberdrola ha ido más allá y está incluyendo cláusulas específicas que permiten romper el contrato sin indemnización alguna para el cliente en caso de que el Gobierno impulse finalmente las subastas y la compañía se vea obligada a acudir.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ya remitió hace cerca de un año el informe en el que se fija el precio de reserva preceptivo para celebrar la puja (el precio mínimo a partir del cual las compañías pueden vender la electricidad sin caer en pérdidas), pero no se ha avanzado con ningún otro trámite preparatorio para el lanzamiento de las pujas.

Para las grandes eléctricas no será una opción participar, será una obligación acudir a esas subastas. Incluso ya estaba prefijada la cantidad de energía que tenían que subastar en la primera de esas subastas, inicialmente prevista para 2021: 15.830 gigavatios hora (GWh), el equivalente al 25% de la producción eléctrica anual del ejercicio con menor producción de las instalaciones afectadas. E incluso se ha fijado el reparto de la energía que deben aportar cada una de las eléctricas en función de su cuota de generación: Iberdrola, más de 7.300 GWh; Endesa, 6.700 GWh; Naturgy, 1.400 GWh; y EDP, 360 GWh.