A la que las negociaciones sobre la reforma de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en suspenso desde la irrupción de la pandemia de covid a principios de 2020 y que volverán a activarse con o sin reforma en 2024, den frutos la Comisión Europea ha presentado este miércoles las orientaciones fiscales que deberán seguir los gobiernos europeos en el diseño de los planes de estabilidad y convergencia que deberán remitir a Bruselas antes de finales de abril. Un ejercicio de transición en el que los Estados miembros tendrán que dar un giro a sus políticas de gasto público y actuar con “prudencia”, con la presentación de planes plurianuales que incluyan ajustes de déficit y de deuda pública

La desactivación de la cláusula general de escape a finales de este año, que mantiene en suspenso desde hace tres años la aplicación de los objetivos del 3% de déficit público y el 60% de la deuda, hará que la Comisión Europea vuelva a mirar con lupa el cumplimiento de estos dos umbrales. Por ello, los gobiernos europeos, incluido el que lidera Pedro Sánchez, tendrán que incluir en sus respectivos programas la forma en la que garantizarán el respeto de los valores de referencia, tanto en términos de déficit como de deuda. 

En el caso del déficit, los planes tendrán que garantizar que el desvío presupuestario se sitúe por debajo del 3% del PIB en el período cubierto, es decir, como muy tarde en 2026. En el caso de la deuda, tendrán que garantizar una reducción plausible y continua de la misma o su mantenimiento “en niveles prudentes” a medio plazo en el caso de los países con “problemas sustanciales o moderados de deuda pública”, como es el caso de España. Según las previsiones económicas de otoño de la Comisión Europea, España cerrará 2024 co un déficit público del 3,6% y una deuda del 112,1%. De momento, y dada la elevada incertidumbre macroeconómica y presupuestaria, Bruselas confirma que seguirá sin abrir procedimientos por déficit excesivo este año aunque abre la puerta a empezar a hacerlo a partir de la primavera de 2024.

Medidas energéticas

Las nuevas orientaciones también recomiendan a los gobiernos seguir retirando de forma gradual las medidas de apoyo energético a hogares y empresas para mitigar el impacto económico y social de la crisis energética y que Bruselas estima en el 1,2% del PIB en 2022 y casi el 1% este año. “Si los precios al por mayor de la energía se mantienen estables y los menores costes de la energía se repercuten en los precios al por menor como está previsto actualmente, las medidas gubernamentales de apoyo a la energía deberían seguir suprimiéndose en 2024 y los ahorros correspondientes deberían contribuir a reducir los déficits públicos”, señala la Comisión. 

Mientras. Tanto, si los precios de la energía vuelven a dispararse y no es posible suspender totalmente las ayudas, Bruselas insta a los gobiernos a tirar de “medidas selectivas” para proteger a hogares y empresas vulnerables. Según Bruselas, solo así se reducirán los costes fiscales, se incentivará el ahorro energético y permitirá a la economía ajustarse de forma gradual y sostenible durante un periodo limitado. “Este es un mensaje que ya hemos transmitido muchas veces, pero insistimos en él para que los Estados miembros puedan mejorar su situación fiscal y liberar recursos para apoyar la doble transición”, ha esgrimido el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni.

Revisión en mayo

La Comisión Europea actualizará las orientaciones fiscales para 2024 a más tardar en mayo de 2023 cuando presente las recomendaciones por país, tras analizar los programas de estabilidad y convergencia que remitan los gobiernos antes del 30 de abril en base al gasto primario neto. En este ejercicio serán los Estados miembros quienes propongan su propia senda fiscal que posteriormente examinará y evaluarán los técnicos comunitarios. Según ha explicado Gentiloni, las recomendaciones contendrán orientaciones cualitativas sobre inversión y medidas energéticas y un requisito cuantitativo diferenciado en función de los retos de sostenibilidad de la deuda de los Estados miembros. 

"Se trata de un delicado ejercicio de equilibrio, necesario porque es importante avanzar ya hacia un marco creíble y sólido”, ha insistido el italiano sobre uno de los elementos que garantizarán más flexibilidad en el sistema de supervisión fiscal en línea con la nueva reforma de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que negocian los Veintisiete y sobre las que Bruselas planteará esta primavera propuestas legislativas. “Las orientaciones para 2024 deben considerarse como un puente entre cómo han funcionado las normas en el pasado y cómo pueden funcionar en el futuro”, ha añadido el vicepresidente Valdis Domvrovskis.