El Gobierno no otorga ninguna credibilidad a los motivos alegados por la constructora Ferrovial para justificar su marcha a Países Bajos. La compañía explicó el miércoles que la decisión obedecía a la falta de “seguridad jurídica” en España, pero en la Moncloa consideran que el argumento no resulta creíble. En realidad, explican los colaboradores del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la razón fundamental es bien distinta. La abrupta salida, que ha provocado indignación y sorpresa en el Gobierno, obedece al interés “personal” del presidente ejecutivo de la empresa, Rafael del Pino, en sortear el llamado impuesto a las grandes fortunas, aprobado a finales del pasado año.
El propio Sánchez, de gira por Irlanda, Dinamarca y Finlandia, se ha mostrado también muy duro con el máximo dirigente de la compañía, profundizando en el ataque personal y cuestionando la "legalidad" del traslado. "Vamos a seguir la situación, ver si el anuncio de esta compañía corresponde con la legalidad -ha señalado el presidente del Gobierno desde Copenhague-. Y también quiero hacer una reflexión más general: los empresarios juegan un papel muy importante en nuestra sociedad, y así lo ha reconocido el Gobierno con la pandemia y la guerra, con ertes y los mecanismos del ICO, qu han permitido aumentar su actividad económica. También tienen una enorme responsabilidad social en el país que nacen y desarrollan su acción. Hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Pero desde luego tras este anuncio no es el caso del señor Del Pino".
Fuentes de la Moncloa subrayan que España aparece por encima de Países Bajos en la mayoría de las clasificaciones internacionales de seguridad jurídica. Donde los Países Bajos están por delante, continúan, es en presión fiscal, porque allí es menor. Por lo tanto, las explicaciones ofrecidas hasta ahora por Ferrovial resultan “ridículas”, concluyen en el Ejecutivo, cuya posición es de choque frontal con el máximo dirigente de la empresa.
Para esquivar el nuevo impuesto sobre patrimonios superiores a 3 millones de euros -al que el Gobierno ha bautizado como 'impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas'- el propio Rafael del Pino debería trasladar su residencia fiscal fuera de España. El nuevo impuesto es temporal y su recaudación, en principio, está prevista solo para los ejercicios 2023 y 2024, si bien afecta a los patrimonios de las personas físicas correspondientes a 2022 y 2023. Es decir, si Rafael del Pino ya vivió en España en 2022 un total de 183 días o conservó en el país el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos deberá liquidar al Estado el próximo mes de julio el nuevo impuesto. Si traslada su residencia, a lo sumo podría esquivar el pago del año próximo, informa Rosa María Sánchez.
La revista Forbes señala a Rafael del Pino como la tercera mayor fortuna personal de España, por detrás del propietario de Inditex, Amancio Ortega, y de su hija Sandra Ortega. Forbes atribuye a Rafael del Pino un patrimonio personal de 3.800 millones que, de ser así, le convertiría en contribuyente de una cuota de 133 millones en el nuevo impuesto. Forbes atribuye sendos patrimonios de 2.300 y de 1.700 millones a los hermanos del presidente de Ferrovial, a María y a Leopoldo, lo cuál les llevaría a tener que tributar unos 80 y 59 millones, respectivamente por el nuevo impuesto.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha puesto en cuestión la motivación mercantil esgrimida por Ferrovial para justificar el traslado de su sede a Países Bajos. En una entrevista en Onda Cero, Calviño explicó que Gobierno y CNMV analizarán si tiene “sustancia” el argumento de que el traslado facilitará la cotización de la compañía en EEUU, al mismo tiempo que en Ámsterdam y en el índice español Ibex 35. “No nos consta que haya conflictos” para cotizar en EEUU por parte de ninguna empresa española, señalan fuentes de la CNMV, informa Juan Carlos Lozano.
Nulo efecto contagio
La marcha de Ferrovial, dentro de esta estrategia de ataque personal a su presidente ejecutivo, también tiene una importante derivada política. La Fundación Rafael del Pino, dedicada según su web a “formar dirigentes y emprendedores españoles, a difundir el conocimiento y a defender la libertad”, tiene entre los miembros de su Consejo Asesor a Carlos Espinosa de los Monteros, que fue alto cargo en el Ejecutivo de Mariano Rajoy (ejerció como alto comisionado del Gobierno para la Marca España) y es el padre de Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz parlamentario de Vox.
Los colaboradores de Sánchez descartan que el traslado de la sede de la compañía a Países Bajos vaya a contagiar a otras grandes compañías. “Las empresas no son gacelas. No ven salir a una corriendo y acuden detrás. Al contrario. Hacen sus análisis sosegados. Y los datos están ahí”, señalan. España, explican, acabó el año pasado con un “récord histórico” de inversiones: 30.000 millones de euros, algo que resaltó Sánchez durante su reciente discurso ante la élite económica internacional reunida en el Foro de Davos (Suiza). Todo esto, creen en la Moncloa, hace que los motivos esgrimidos por Ferrovial resulten aún más incomprensibles.
No contribuir a la espiral
En cualquier caso, el Gobierno argumenta que la marcha de la empresa también provoca que el debate sobre la armonización fiscal dentro de la UE sea aún más acuciante. Con su salida, Ferrovial puede contribuir a que los Estados miembros entren en una espiral competitiva para bajar impuestos y atraer a empresas. Y eso, concluyen, podría no acabar nunca, hasta el punto de que las propias compañías acaben marchándose a paraísos fiscales fuera de territorio comunitario.
En la Moncloa no ocultan su malestar por el paso dado por la constructora. Del Pino, su presidente ejecutivo, solo trató de hablar con Sánchez en el último momento, cuando la decisión ya estaba tomada. Ahora el Gobierno analiza qué puede hacer. No está claro, concluyen las mismas fuentes, que la decisión de Ferrovial se pueda revertir. Al menos, no “inmediatamente”.
