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Ferrocarriles

Así llega la cumbre con la que Asturias y Cantabria exigirán una compensación por el 'Fevemocho'

Los juristas creen que hay fórmulas legales, como firmar un convenio, para garantizar los gastos ferroviarios en cuantía y plazos

Tren de Feve en Mieres. J. R. SILVEIRA

Los gobiernos de Asturias y Cantabria acudirán a la cita con la ministra de Transportes del próximo lunes, día 20, en Madrid (está fijada para las 16.30) con una férrea exigencia de compensaciones por el descrédito del "Fevemocho". Pero al margen de las promesas que pueda hacer el Ministerio para mejorar la red ferroviaria de ancho métrico de ambas comunidades, una de las claves estará en el modo en que esa promesa se plasma. La fórmula más eficaz para garantizar un compromiso inversor del Ministerio con las cercanías asturianas sería mediante la firma de un convenio con el Principado en el que se estableciesen plazos y cuantías, sostienen juristas consultados por este periódico.

La figura del convenio administrativo ha sido objeto de modificaciones legales para perfilar su entidad jurídica. Así, la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público acometió la regulación de esta fórmula de acuerdo y colaboración que hasta entonces se desarrollaba en medio de una considerable laguna legal. "Cuanto más concreto sea el contenido del convenio más específicos serán los compromisos que deben adquirir las administraciones", sostiene el jurista Javier Junceda. A su parecer, la obligatoriedad del cumplimiento de lo acordado en el convenio viene salvaguardado por el artículo 29 de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Según este artículo, si la administración firmante de un convenio administrativo no cumple con lo rubricado, la otra parte podrá presentar una reclamación de cumplimiento que, de no alcanzarse un acuerdo o cumplirse la demanda, permitiría la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración. También la ley permite que los afectados puedan solicitar la ejecución de los actos que debería haber llevado a cabo la administración y, de no subsanarse antes de un mes, igualmente podría dar lugar a una reclamación en los juzgados por el procedimiento abreviado.

Junceda sostiene que no existe una tipología específica para los convenios y que cabe que sean tan detallados o genéricos como consideren los firmantes. Pueden no ser más que una declaración de intenciones, pero también cabe especificar un listado de obras y un calendario de ejecución. "Además, lo que allí se plasme habrá de tener necesariamente reflejo en los Presupuestos Generales del Estado", aclara el abogado. Recalca también que la duración de los convenios no podrá exceder los cuatro años, lo que imposibilita que se conviertan en un acuerdo inconcreto en el tiempo, aunque cabe la posibilidad de su prórroga en situaciones excepcionales.

El Principado tendría en su mano recurrir a la Justicia si no se cumpliese lo firmado, pero tampoco puede obligar al Ministerio a optar por la fórmula de un convenio, que solo sería adoptada con el acuerdo de ambas partes. Los expertos ven, en cambio, poco probable que prosperase, en el estado actual de la situación, una reclamación por daños a causa del 'Fevemocho', porque consideran difícil cuantificar ese daño y porque la naturaleza jurídica de este tipo de reclamaciones exige que sea fácilmente identificable la consecuencia por una desacertada decisión administrativa. Tampoco ven probable que la empresa adjudicataria pueda reclamar esos daños y perjuicios porque no se llegó a ejecutar ninguno de los trenes antes de que se advirtiese del error en las medidas.

Aún cabe otra opción: la encomienda de gestión de obras. Asturias y Cataluña coincidieron en poner el grito en el cielo cuando se conocieron los datos de ejecución presupuestaria del año 2020, en los que el grado de cumplimiento inversor del Estado fue en ambas comunidades de los más bajos de España. El gobierno catalán urgió la celebración de una reunión bilateral para hacer seguimiento de la marcha de las inversiones en infraestructuras. Eran precisamente las obras ferroviarias uno de los capítulos en los que peor nota sacaba la administración del Estado.

La solución catalana

La solución la planteó ERC, que propuso la firma de encomiendas de gestión de obras, por las cuales directamente el Estado transfiere a la Generalitat el dinero previsto en los Presupuestos y es la administración autonómica la que gestiona los procesos de licitación y adjudicación. El acuerdo se firmó antes de la aprobación de los presupuestos de este año y afecta a unos 900 millones de inversión. Entre las obras conveniadas están las derivadas de la cesión de la carretera nacional II, con una aportación plurianual del Estado de 384 millones; también actuaciones para mejorar la conectividad de dos autopistas de peaje, con 250 millones de gasto plurianual, o la ejecución del llamado Eje Pirenaico (N-260). En el ámbito ferroviario se acordó la construcción de intercambiadores entre la red estatal y la de la Generalitat. La compañía ferroviaria catalana gestiona 40 kilómetros de vía estrecha, 42 de vía estándar y 89 de ancho ibérico, así como dos trenes de cremallera y varios funiculares.

Precisamente las inversiones prometidas en infraestructuras ferroviarias han lastrado en los últimos años el cumplimiento inversor del Estado para con Asturias. Los dos entes ferroviarios estatales, Adif (gestor de las infraestructuras) y Renfe únicamente han ejecutado de media uno de cada cuatro euros consignados en los Presupuestos.

El Principado estima que a los 997 millones de euros prometidos por el Gobierno central para la red de cercanías en Asturias aún le hacen falta como mínimo 300 millones más para adecuar la infraestructura ferroviaria a las necesidades óptimas del servicio. El problema es que el Estado ni siquiera cumple en tiempo las inversiones prometidas en el plan de cercanías. De hecho, al actual ritmo inversor la Administración del Estado tardaría 75 años en ejecutar los 1.300 millones que el Principado cree que necesita la red ferroviaria regional.

El clan catalán en Transportes y las diferencias con Isabel Pardo de Vera

El Ministerio de Transportes mantiene activas las dos auditorías que encargó tras conocerse el escándalo de los trenes contratados con medidas erróneas y que se llevan a cabo tanto en Renfe como en Adif (gestor de las infraestructuras ferroviarias) para depurar responsabilidades y conocer por qué la dificultad en el contrato no trascendió. ¿Dónde está la responsabilidad? Renfe fue la entidad que sacó a concurso público el contrato de los trenes pero basándose en medidas de gálibo de las rutas de Adif. De ahí que entre estos dos organismos se crucen las culpas. La secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, presidía Adif cuando se produjo el problema. El PP ha pedido estos días la destitución de Pardo de Vera y la ministra Raquel Sánchez no la ha concedido pero tampoco ha hecho una defensa encendida de su número 2. Quien intenta salir airoso a ojos del Ministerio es el presidente de Renfe, veterano del socialismo catalán. Al final se ha impuesto su criterio, según el cual es necesaria una orden ministerial para poner orden en el asunto, extremo que niega Adif con la evidencia de que el ente gestor de infraestructuras sí pudo licitar la compra de tres locomotoras y resolvió los problemas de gálibo de los túneles especificando que se aplicase el método comparativo con los trenes en servicio. La ministra Raquel Sánchez es también socialista catalana, por lo que hay quienes temen ahí que se consolide una posible alianza de la que queda descolgada Pardo de Vera, a la que defiende férreamente el gobierno asturiano.

Canteli dice que el "Fevemocho" le da "pena y vergüenza"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), aseguró que el error del contrato de los trenes de cercanías para Asturias y Cantabria es una "vergüenza" y le da "pena". Canteli ha incidido en que como «asturiano, como ovetense y como alcalde" siente "vergüenza" de que esté pasando eso. "¿Cómo es posible que se hagan trenes que no pasan por los túneles? Yo creo que con esto digo bastante. Me da pena, me da vergüenza", reiteró.

Bendodo: "Por los túneles de Cantabria no cabe el populismo"

El coordinador nacional del PP, Elías Bendodo, aseguró ayer en Cantabria que toca cambio de gobierno regional porque "por los túneles no caben ni los trenes ni cabe el populismo". En un acto público en Santander con la candidata a la Presidencia, Bendodo criticó tanto la "ineptitud" del Gobierno de España por encargar unos trenes con medidas equivocadas como la falta de "firmeza" mostrada por el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC).

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