El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas un calendario para el cierre progresivo de todas las centrales nucleares que conducirá al apagón atómico total en el país. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP contempla una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 y culminaría con el último el cierre en 2035.

Mientras que PP, Vox y Ciudadanos han estado metiendo presión para revisar el calendario de cierre para alargar los plazos en plena crisis energética, el Ejecutivo se muestra firme defendiendo mantener sin cambios las fechas de clausura acordadas y subrayando que ni ninguna compañía ha transmitido su voluntad de cambiar los plazos ni retrasar el cierre es una solución para atender las urgencias provocadas por la anterior crisis.

Entretanto, las propias nucleares rehúyen hasta el momento el choque directo con el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la posibilidad de prolongar la vida de las centrales. Desde el sector nuclear sí que se se apunta, no obstante, que no hay imposibilidades técnicas para que las centrales funcionen más allá de las fechas previstas, pero adviertiendo de que sólo lo harán si se garantiza su viabilidad. Esto es, las compañías eléctricas no se oponen a seguir operando sus reactores si se les garantiza la rentabilidad con algún tipo de retribución estable o ingresos fijos, y también con menos impuestos que los que asumen actualmente.

El Ejecutivo ha transmitido a la Comisión Europea una propuesta de reforma de la regulación comunitaria del mercado mayorista de la electricidad con el objetivo de dejar en actual sistema de fijación diario de precios variables a las centrales de gas y carbón, mientras que las nucleares, la hidráulica y las renovables pasarían a tener un precio fijo durante años mediante contratos con el sistema eléctrico. Bruselas trabaja en su propio plan de reforma del mercado eléctrico para combatir la volatilidad de los precios energéticos, y el Gobierno español presiona para acelerar los cambios con el objetivo de tener un acuerdo europeo este mismo año o a principios del próximo.

A la espera de ese eventual acuerdo comunitario y de conocer los términos de esa futura reforma con la que se busca dominar los vaivenes de los precios eléctricos, las nucleares advierten de que los plazos para decidir si se revisa el calendario de cierres de las centrales no son ilimitados y si se quiere retrasar las primeras clausuras la decisión no puede demorarse.

Y es que para posponer los primeras clausuras, singularmente la de Almaraz I en 2027, hay que tomar una decisión este año o el próximo como muy tarde. Las nucleares ponen así deberes al actual Ejecutivo (que debe revisar este año el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con la previsión de tecnologías de producción que se usarán hasta 2030) o al próximo Gobierno que salga de las elecciones previstas para fin de año.

Desde la patronal Foro Nuclear, desde las compañías propietarias de las centrales y también desde el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el regulador que vela por la seguridad de las centrales en el país, se subraya que el proceso previo de planificación de inversiones y recursos necesarios y el procedimiento de estudio y de preparación para la prolongación del permiso de explotación de cada central nuclear requiere un plazo de unos tres años. Así que evitar el primer cierre de un reactor previsto para 2027 exige adoptar una decisión el próximo año a más tardar.

“La decisión de parar o seguir con una central nuclear no se toma en un día. Una central tiene que tener una previsión de cierre o de funcionamiento con varios años de antelación. Hay que hacer acopio de combustible nuclear, hay que sellar acuerdos con contratistas, con proveedores de componentes, hay que fijar una política de empleo…”, explicaba el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, en una entrevista reciente con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

“Está previsto que la central de Almaraz cierre en 2027, y no se puede cambiar de posición ese mismo año para seguir funcionando. Hay que decidirlo con unos tres años de antelación, así que para seguir con la central de Almaraz hace falta tomar una decisión en 2024. Lo de que no es urgente es muy matizable, tenemos de plazo año y medio o dos años más o menos si se quiere que siga funcionando”, sentenciaba Araluce.

El Consejo Nuclear de Seguridad, el supervisor independiente encargado de la seguridad del sector y sus instalaciones, confirma que el procedimiento de estudio de una nueva autorización de explotación de una central requiere un plazo de entre dos y tres años. “Cualquier cambio en el calendario de autorizaciones de explotación requiere pasar otra vez por el regulador. Y todos los procesos de análisis exigen unos tres años de trabajos”, subrayó este martes Juan Carlos Lentijo, presidente del CSN, en un encuentro con prensa. “Hace falta varios años de antelación y trabajo previo. Si una central pide ampliar la autorización un año antes, van a tener que esperar parada”, indicó.

Cambiar nuclear por renovables

El CSN y las propias compañías eléctricas trabajan con el calendario de cierre pactado con el Gobierno como la hoja de ruta de plazos de operación y de planificación. El cierre gradual y escalonado de los siete reactores españoles acordado en 2019 con las grandes eléctricas contempla que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035.

El desmantelamiento de las centrales, que requiere trabajos de otros 10 años desde el cierre de las plantas y tras los trabajos de “descontaminación radiactiva”, dejarán libres emplazamientos “valiosos y atractivos” para utilizarlos en otros usos industriales o también energéticos, como la implantación de plantas de energías renovables, según subrayó el presidente del CSN. Y es que los espacios de las antiguas centrales contarán con cotizadas conexiones a la red de alta tensión o con subestaciones eléctricas que serían muy útil para reutilizarlas para instalaciones de renovables.