España y Portugal pusieron en marcha el pasado 15 de junio la denominada excepción ibérica, el mecanismo que impone un límite al precio de gas que se utiliza para producir electricidad para bajar el precio final de la luz. Sin la aplicación de ese tope, que busca que el resto de tecnologías eléctricas no se contagien de las subidas del gas, el precio del mercado eléctrico habría sido un 32% superior y, según el cálculo del Gobierno, los consumidores españoles se han ahorrado ya casi 4.600 millones de euros gracias al mecanismo.

La excepción ibérica contempla el pago de una compensación a las centrales de gas y de carbón (y ahora también a parte de las de cogeneración) para que cobren por la electricidad en base al precio real del gas natural, sin el tope del resto de tecnologías de generación, para que no produzcan con pérdidas. Una compensación que pagan casi íntegramente los consumidores españoles y, muy en menor medida, se financia con las tasas que pagan las eléctricas por usar la interconexión para mandar electricidad a Francia.

En total, las centrales térmicas percibieron por este ajuste un total de 6.560 millones de euros entre junio y diciembre del año pasado, según los datos de OMIE, el operador del mercado mayorista de electricidad (conocido como pool). Una compensación que sirve para que esas centrales funcionen cobrando por el precio real del gas, mientras se evita que el resto de tecnologías de producción (renovables, nucleares, hidroeléctricas…) que vendan electricidad en el mercado mayorista lo hagan cobren ese mismo precio sin estar asumiendo los costes derivados de la subida del gas.

De ese importe total percibido por las centrales de gas, los clientes españoles -todos los que tienen tarifa regulada y una parte de los del mercado libre- pagaron a través de su recibo de luz 5.968 millones de euros en seis meses. El resto del ajuste se pagó con una parte de las tasas que las eléctricas deben pagar por utilizar las interconexiones internacionales, con 592 millones de euros entre junio y diciembre (la cifra se eleva hasta 619 millones hasta el 30 de enero). El año pasado la venta de electricidad a Francia se disparó y esas rentas de congestión acabaron siendo abonadas de manera indirecta por los consumidores franceses.

Desde el mismo día de entrada en vigor del mecanismo, el sobrecoste de las centrales de gas lo empezaron a pagar los clientes con tarifa regulada y los grandes consumidores que compran directamente en el mercado mayorista. Y de manera progresiva esa compensación se ha ido asumiendo también por los clientes del mercado libre cuando han ido actualizando las condiciones de sus tarifas al renovar o cambiar su contrato.

La queja de las eléctricas

Las grandes eléctricas reconocen que el mecanismo ideado por el Gobierno ha servido para contener el precio de la luz en el mercado mayorista, pero reclaman cambios en su funcionamiento, fundamentalmente reformas sobre cómo se reparte quién paga el coste adicional que supone tener activado un tope al precio del gas y compensar las centrales térmicas. España y Portugal han pedido prolongar el mecanismo de la excepción ibérica, que expira el próximo 31 de mayo, y las eléctricas quieren que se aproveche esta prórroga para introducir estas reformas.

Desde el sector eléctrico se denuncia la distorsión que supone la excepción ibérica para el funcionamiento del mercado minorista de luz, dado que el coste millonario de compensar a las centrales de gas lo están pagando también clientes que tenían contratada una tarifa que les daba derecho a un precio fijo y que ahora se ha convertido en variable por el sobrecoste que se les aplica.

Es precisamente este traslado de un sobrecoste variable (dependiendo del precio del gas y de cuánto se utilicen las centrales de gas) a clientes con tarifas que tenían pactado un precio fijo lo que las grandes eléctricas consideran una distorsión comercial inasumible y presionan al Gobierno para eliminarlo.

Desde el sector eléctrico aún no se mojan abiertamente con una propuesta clara sobre quién debe asumir el sobrecoste de compensar a las centrales de gas si no lo hacen los consumidores que se benefician del descenso del precio del mercado, pero apuntan que en otros países europeos que se han planteado activar mecanismos similares se había apuntado como posibilidad trasladar el sobrecoste a los presupuestos estatales o al conjunto del sistema eléctrico.

Ahorro neto de 4.600 m

A la espera de la gran reforma de la regulación comunitaria que prepara la Comisión Europea, desde hace décadas los mercados mayoristas eléctricos en Europa funcionan con sistemas marginalistas, que hacen que la última oferta de producción en casar con la demanda es la que fija el precio para todas las demás. La última oferta es en muchos casos la que realizan las centrales de gas, que durante la crisis energética han soportando los precios internacionales disparados, y que empujan al alza el precio de toda la electricidad, también la de las renovables o las nucleares que no soportan esos costes extra por la subida del gas.

La excepción ibérica implica imponer un precio máximo al gas que se utiliza para producir electricidad (de 48,8 euros por MWh de media durante un año) para rebajar la cotización del conjunto del mercado eléctrico al conseguir que el precio del gas no contamine el del resto de tecnologías de producción. Pero la electricidad producida por las centrales se sigue pagando a su precio real para que no produzcan con pérdidas, así que perciben una suerte de compensación que pagan los clientes que se benefician de la bajada general del precio del mercado mayorista.

España y Portugal aplican un precio máximo sólo a las ofertas que pueden presentar en el mercado eléctrico las centrales de ciclo combinado (las que queman gas para producir electricidad). Con ello, el conjunto del mercado eléctrico contiene su precio al conseguir desacoplarse del precio del gas. Según los cálculos del Gobierno, los consumidores españoles se han beneficiado de un ahorro neto de 4.600 millones de euros por el menor precio marcado por el mercado gracias al tope al gas, incluyendo el impacto de los 6.560 millones transferidos a las centrales de gas y carbón a modo de compensación.