Golpe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Gobierno a costa de la reforma de la tarifa regulada de la luz. El organismo que comanda Cani Fernández propone esperar a que "finalice la aplicación del mecanismo de ajuste el 31 de mayo de 2023" para valorar su "necesidad y proporcionalidad" y pone en duda su objetivo principal de dotar de "asequibilidad" y "estabilidad" a la factura de los consumidores.
La reforma del PVPC forma parte del acuerdo alcanzado por España y la Comisión Europea para la puesta en marcha del conocido como 'tope al precio del gas en el mercado eléctrico'. La modificación debería realizarse a principios de octubre de 2022 para su entrada en vigor el 1 de enero de 2023, pero finalmente no ha sido así al no tener todavía el Ejecutivo la evaluación del Consejo de Estado a su propuesta, según alegan fuentes del Gobierno.
En un informe aprobado por el pleno de la CNMC el 16 de diciembre de 2022, el organismo se muestra muy crítico sobre los cambios planteados por el Gobierno. Concede que la propuesta del ministerio para la Transición Ecológica permite reducir "en cierta manera" la volatilidad de las facturas del consumidor", aunque lo cuantifica en unos 1,7 euros de mas o de menos al mes con respecto a la metodología actual para un "consumidor medio", lo cual -según añade- "no supone una ganancia relevante en estabilidad”.
Y critica que en el día a día la nueva fórmula puede dar "señales incorrectas", pues al no haber el mismo perfil horario de precios del mercado diario, habrá horas con mucha generación eléctrica a precios casi cero que el usuario no 'vea' y, por tanto, no tenga esa señal que le permita incrementar su consumo en esas horas. Y, lo contrario, que con la formulación planteada resulten "ceros o precios negativos en el coste de la energía del PVPC sin que existan esos precios realmente en el mercado de contado”.
Descarta que la nueva fórmula permita abaratar la factura al argumentar que "incorpora una serie de costes que le pueden suponer un incremento del precio frente a la metodología actual". En concreto, la nueva metodología “suavizará los incrementos de los precios en escenarios de precios al alza y a su vez, mitigará las reducciones, en escenarios de descensos de precios"; dice el texto. Según sus cálculos, en 2021 el nuevo método habría supuesto un ahorro para los consumidores, mientras que en 2022 el resultado habría sido un encarecimiento.
Por ello, pide realizar un nuevo análisis de esta metodología "una vez finalice la aplicación del mecanismo de ajuste el 31 de mayo de 2023 para valorar la necesidad y proporcionalidad de esta reforma en la metodología del PVPC". La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este lunes en una entrevista en Espejo Público que pedirá a Europa mantener ese tope de precio "por lo menos hasta final de 2024" en tanto que "dure la crisis energética y no haya una reforma del mercado eléctrico en Europa".
Consumidores vulnerables
Tampoco es partidaria la CNMC de mantener a los consumidores vulnerables dentro de esta tarifa y pide "reflexionar" sobre la conveniencia de que el descuento del bono social sea calculado sobre el precio del PVPC. En la actualidad, los consumidores vulnerables solo pueden beneficiarse del bono social si tienen un contrato de precio regulado. En este sentido, la CNMC pide "analizar otras alternativas" que ofrezcan a este tipo de consumidores “unas condiciones de precios más favorables y estables" y propone aprovisionar a estos consumidores a través de la energía asignada en las subastas renovables.
"Esta formulación del precio regulado que pagan los consumidores vulnerables y de su coste de energía, en particular, supondría una simplificación en el mecanismo de la financiación del bono social cuyo diseño actual hace que recaiga, de forma acumulada, sobre el consumidor de electricidad", añade el organismo.
Microempresas
La propuesta del Gobierno también limita los beneficiarios de la tarifa regulada a "personas físicas y microempresas". Estas últimas deberán acreditar que lo son a través de una declaración responsable supervisada por la CNMC. Sin embargo, el superegulador advierte que no tiene capacidad para realizar esta labor. "Se considera que, dado el elevado número de microempresas, 881.360 según la memoria que acompaña al real decreto, esta labor no podría ser acometida por la CNMC por falta de medios", dice el informe, que plantea la implementación "de un proceso de validación por parte de la Administración".
