El Gobierno aprobó el pasado marzo la nueva Planificación Eléctrica hasta 2026, que contempla la ampliación y modernización de las redes de alta tensión durante los próximos años, con inversiones previstas de casi 7.000 millones de euros para facilitar la conexión a la red del boom de nuevas energías renovables que viene. Unas inversiones que debe ejecutar Red Eléctrica de España (REE) y que pagan todos los consumidores eléctricos con su recibo de luz a través de los peajes, uno de los conceptos de los costes regulados del recibo eléctrico.

Menos de un año después de la aprobación, el Ejecutivo prepara ya una actualización de esa hoja de ruta para incluir nuevas actuaciones que se consideran urgentes y estratégicas para facilitar la transición energética en plena crisis e impulsar la industrialización, y que se han identificado después de poner en marcha el macroplan para la red de transporte de electricidad. Pero el Gobierno no quiere cargar en el recibo eléctrico los nuevos costes que generarán esos cambios del plan, que tiene que aprobar durante el primer trimestre de este año.

Los planes del Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, pasan por pagar parte de esas nuevas redes eléctricas con fondos europeos para no financiarlo con los peajes incluidos en el recibo y evitar subir más la luz mientras pone en marcha toda una batería de medidas precisamente para bajar su precio.

“Con el fin de evitar el impacto en peajes de los consumidores se establece la posibilidad de que dichas actuaciones sean financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, apunta el Ejecutivo en el macrodecreto de medidas anticrisis aprobado la pasada semana por el Consejo de Ministros, que apunta el “carácter excepcional” del uso de los fondos europeos.

Por encima del límite

Las inversiones realizadas por REE en la red de transporte tienen fijado un límite anual para evitar que se dispare la retribución de esos trabajos que se carga en el recibo de luz. Cada año no se pueden realizar inversiones que superen el 0,065% del producto interior bruto (actualmente, en torno a unos 800 millones de euros).

Las nuevas inversiones que el Gobierno pretende incluir en su reforma de la Planificación hasta 2026 no computarán para calcular el límite máximo de inversión anual en la red para no recortar otros trabajos ya previstos. De hecho, no computarán ni los fondos europeos empleados ni la parte de la inversión en las nuevas infraestructuras añadidas que no esté cubierta por los fondos.

Además de la modificación de la Planificación Eléctrica 2021-2026 en que trabaja el Ejecutivo para incluir nuevas actuaciones, el Ministerio pretende poner en marcha el proceso para aprobar una planificación totalmente nueva para el periodo 2024-2029 para modernizar la red de transporte y que también quiere financiar parcialmente con los fondos comunitarios correspondientes al Plan de Recuperación.