El Gobierno ha puesto ya las primeras cifras a la segunda parte del despliegue de los fondos europeos para la recuperación económica, aquella que ya no está constituida por ayudas a fondo perdido como hasta ahora, sino por créditos que tendrán que devolver los estados miembros antes del 31 de diciembre de 2058. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), así, canalizará hasta 15.000 millones de euros en préstamos en condiciones ventajosas para financiar proyectos medioambientalmente sostenibles e inversiones de empresas, pymes y autónomos, según han confirmado fuentes conocedoras del proceso a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tiene previsto presentar este martes ante la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia la adenda al Plan de Recuperación español, aprobado por Bruselas en julio de 2021. Dicha actualización del plan servirá para explicar a la Comisión Europea a qué fines se pretenden asignar los 7.706 millones de euros en subvenciones adicionales que le corresponden al país por su menor crecimiento económico en los últimos dos años (hasta los 77.234 millones); los 2.586 millones que le tocan del Plan REPowerEU (cuyo objetivo es ahorrar energía, incrementar la producción verde y diversificar las fuentes de suministro); y los préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que en el caso de España ascienden a un máximo de 84.000 millones hasta 2026 y que el Gobierno prevé pedir en su totalidad (en los presupuestos de 2023 ya están previstos 4.789 millones).
En esos 84.000 millones en créditos están incluidos los 15.000 millones (17,8% del total) que canalizará el ICO. El Ejecutivo pretende que sirvan principalmente para financiar inversiones sostenibles y de economía circular de todo tipo de empresas, pymes y autónomos, como la instalación de paneles solares, la rehabilitación de edificios o la sustitución de vehículos por otros más verdes. Con ello se busca avanzar en la transición ecológica, pero también hacer más competitivas a las empresas, ya que las exigencias de sostenibilidad son cada vez más grandes para, por ejemplo, obtener capital de los inversores profesionales o presentarse a concursos para adjudicarse proyectos.
Una parte de los 15.000 millones también se prevé utilizar para mejorar la financiación que han de captar las empresas para emprender sus proyectos de inversión. Así, se les concederán dichos créditos en condiciones ventajosas (plazos, tipos de interés, etc), ya que la financiación que aporta la Unión Europea tiene mejores condiciones que la que presentan hoy por hoy tanto el Tesoro español como los bancos. Eso sí, el ICO, lógicamente, no podrá prestar a las empresas más barato de lo que Europa presta a España.
Contenido de la adenda
Calviño comparecerá el jueves ante la comisión mixta del Congreso y el Senado para la Unión Europea para ampliar la información sobre la adenda que analizará este martes el Gobierno. Además del destino de las inversiones, dicha ampliación del Plan de Recuperación incluirá las nuevas reformas que se comprometerá a llevar a cabo el Ejecutivo para obtener los fondos. La Comisión Europea evaluará la propuesta, que posteriormente debe ser ratificada por el Consejo Europeo.
La adenda deberá cumplir los mismos criterios que el plan original, con lo que el porcentaje de financiación dedicado a la transición verde deberá alcanzar el 37% y el destinado a la transformación digital deberá ascender al 20%. Calviño ya ha ido adelantando que las inversiones reforzarán los PERTE en marcha y se concentrarán en el refuerzo de la autonomía estratégica de España y Europa en seguridad energética, agroalimentaria, tecnológica y digital.
Los préstamos se movilizarán a través de instrumentos financieros (como créditos, préstamos, avales o participaciones en capital). Adicionalmente, se creará un Fondo para Inversiones Estratégicas dirigido a las comunidades autónomas, que les permitan llevar a cabo políticas públicas de su competencia, tales como vivienda, transporte o economía de los cuidados.
Negociación con los bancos
Al tener los créditos europeos que canalizarse mediante instrumentos financieros, el Gobierno esté negociando con la banca su participación en los mismos, como adelantó este diario. El objetivo es que el sector aporte su red de oficinas para que los préstamos puedan llegar a todo el territorio, así como su experiencia en calibrar el riesgo que supone conceder un préstamo a un cliente, particularmente a las pymes, para decidir si se le da o se le deniega. La idea es que el sector participe en la financiación que recibirán los proyectos ligados a la transición ecológica.
Sobre la mesa está que los bancos colaboren con el ICO, como ya se hizo durante la primera fase de la pandemia con los créditos a empresas avalados por el Estado (140.737 millones de euros). Así, se estudia combinar líneas de mediación (en las que el ICO financiaría los proyectos verdes a través de los bancos) con líneas de avales (en las que serían las entidades las que aportarían financiación adicional con un aval público parcial del ICO). Un punto clave para la banca es que no quiere ocuparse de validar que los proyectos cumplen los requisitos de sostenibilidad necesarios para recibir los préstamos europeos. Las entidades argumentan que no son expertas en ello, por lo que apuestan porque lo haga un tercero independiente.
