Mientras algunos sectores del Gobierno se afanan en proclamar el fin del ‘austericidio’ económico dictado desde Bruselas, la Comisión Europea busca rearmarse para forzar a los países más endeudados y con mayor déficit, como España e Italia, entre otros, a acometer los ajustes necesarios a partir de 2024. Para ello, Bruselas actúa en tres vías: la primera es establecer multas individuales más bajas (y por tanto más fácilmente aplicables) que las existentes hasta 2020. La segunda, rescatar la figura de los temidos ‘hombres de negro’ para aquellos países que presenten situaciones problemáticas prolongadas en el tiempo. Y la tercera, la más dura: la suspensión de los fondos comunitarios ante incumplimientos reiterados.

Este primer borrador que se está elaborando en Europa se dota de un mecanismo de gran impacto económico como es la congelación de las transferencias de fondos presupuestarios europeos que, en casos como el de España, según la previsión presupuestaria de 2023, supondría un agujero de 31.857 millones, el 8,3% del presupuesto general del Estado y algo más de un 3% del PIB. Esta cifra es aproximadamente el triple del volumen normal de fondos que recibe España anualmente dado que están incluidos los desembolsos correspondientes al #NextGenEU y al #ReactEU. En los próximos años cuando dejen de existir estos fondos (a partir de 2025-2026), el coste máximo para la economía española ascenderá al entorno de 11.860 millones, un 3,2% del presupuesto, calculado como cifras promedio de los cinco años anteriores.

Lo que se pretende con este esquema sancionador es que funcione como un elemento disuasorio para aquellos Gobiernos que pretendan continuar con déficits insostenibles o no sean capaces de recortarlos. Recordemos que España mantiene un déficit público del 4,6% del PIB, mientras que la exigencia europea es bajarlo del 3%, y que la deuda pública ronda el 115% del PIB y que la norma sería no superar el 60%.

Para alcanzar estos objetivos, la Comisión Europea establece un mecanismo diferente al actual, suspendido desde 2020, que se basa en el cumplimiento de unos límites fiscales incorporados a los tratados. A partir de ahora, el objetivo fundamental no será únicamente bajar la ratio de déficit público sobre PIB por debajo del 3% o la ratio de deuda pública sobre PIB por debajo del 60% (y con ello medir el éxito o fracaso de un proceso de consolidación presupuestaria), sino evaluar si las cuentas públicas (déficit y deuda) son sostenibles o no mientras estén por encima de estos límites.

Intereses de la deuda

Para ello, el indicador fundamental será el gasto público primario, es decir, el gasto controlado por el Gobierno descontados los intereses de la deuda. Es un indicador importante que está detrás de uno más conocido y usado en los análisis de sostenibilidad de la deuda pública como es el saldo presupuestario primario o déficit quitando los intereses de la deuda pública. Pues bien, este indicador de gasto primario está actualmente en España en el 46,5% del PIB, seis puntos más que antes de la pandemia, aunque alineados con Europa.

No es menor considerar el gasto como variable fundamental para hacer sostenible la deuda, junto con otros indicadores como el crecimiento económico y los volúmenes de inversión. En los últimos años tras la pandemia, el criterio mayoritario entre los economistas era que los planes de ajuste y la conformación de presupuestos públicos basados en un criterio de regla de gasto era una moda que había quedado enterrada. Sin embargo, la Comisión no sólo no la ha enterrado, sino que ha rescatado algo incluso más exigente como es la vigilancia sobre el nivel de gasto público sobre PIB que asegura la sostenibilidad de la deuda a medio y largo plazo.

En definitiva, no se trata de una estrategia revolucionaria con respecto a la tradición de las últimas tres décadas, sino una actualización de las herramientas que ayudaron a formar la Unión Monetaria desde el Tratado de Maastricht en 1992, las cuales fueron exitosas durante más de una década, pero que fallaron de una manera dramática en la parte sancionadora, primero con Francia y Alemania entre 2003 y 2005, y a partir de 2010 con Grecia y el resto de las economías que recibieron un rescate. No tendría sentido recuperar unas reglas cuya credibilidad es nula y cuya reputación es muy difícil de reconstruir si en el pasado ya se dieron todos los casos posibles de incumplimientos sin que hubiera sanción alguna relevante.