El Gobierno acelera el proceso para aprobar antes de que termine la legislatura un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos y actualizar la hoja de ruta sobre cómo gestionar los desechos, cómo desmantelar las centrales nucleares y cuánto y cómo pagar por todos los trabajos. Tras mantener abiertas durante meses ambas opciones, el Ejecutivo finalmente descarta construir un sólo cementerio nuclear para guardar los desechos y apuesta por tener siete almacenes diferentes, uno en cada una de las centrales nucleares.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, alega que la “falta de consenso social, político e institucional” demostrada durante el periodo de alegaciones del borrador del nuevo plan de residuos ha hecho “inviable” la opción de un único almacén centralizado. Desde el sector nuclear se apunta que se debe a que ninguna comunidad autónoma respaldaba la posibilidad de acoger el cementerio nuclear, a pesar del interés de algunos ayuntamientos.
La versión final elaborada por el Ejecutivo, remitida al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que dé su visto bueno técnico, contempla la construcción de siete almacenes para mantener los residuos radiactivos en cada una de las centrales nucleares, cuyo cierre escalonado está programado entre 2027 y 2035 tras pactarlo con las grandes eléctricas propietarias de las centrales (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP). Allí permanecerá la basura nuclear durante décadas, hasta que se construya un almacén geológico profundo (AGP) con el objetivo de que esté operativo en 2073 y que guarde para siempre los desechos.
El plan del Gobierno de construir siete cementerios nucleares es la opción que más rechazo generaba entre las propias compañías eléctricas, por ser la alternativa más cara (2.100 millones de euros más costa que hacer un único cementerio) y por condenar los actuales emplazamientos de las plantas nucleares a guardar esos residuos durante décadas y sin que se puedan desarrollar otros proyectos industriales en los terrenos tras la clausura y desmantelamiento de las centrales.
Sobrecoste de 3.500 millones
El Gobierno calcula que el coste total de gestionar los desechos nucleares y desmantelar las centrales ascenderá desde 1985 y hasta final de siglo a 26.560 millones de euros tras optar por la alternativa de los siete almacenes repartidos por España, según la nueva versión del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). Esto supone un sobrecoste de 3.500 millones en relación con las estimaciones contenidas en el anterior borrador elaborado en 2020 por Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los desechos nucleares.
Desde la patronal de las nucleares ya se ha advertido de su oposición a asumir el sobrecoste milmillonario que implicará tener siete almacenes y las instalaciones aledañas necesarias para garantizar su seguridad y el tratamiento de los residuos.
“No vamos a pagar más de lo que acordado con el Gobierno. Los costes previstos en el PGRR han subido mucho y no sabemos por qué. No es admisible que ahora nos quieran hacer pagar más”, aseveró el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, tras conocerse el borrador del plan. “Los gastos ahora están por encima de los que previstos cuando sellamos el pacto. Firmamos el acuerdo y nos comprometimos a funcionar unos años concretos, con unos costes concretos y pagando unas tasas concretas. Nos vamos a soportar un coste mayor”, sentenció.
Lo que les preocupa especialmente a las eléctricas, según confirman fuentes del sector nuclear, es que las previsiones de lo que aún queda por pagar hasta el año 2100 para gestionar los residuos nucleares -19.200 millones al optar por los siete silos temporales- implican un sobrecoste inesperado 2.000 millones a precios constantes en relación con el anterior borrador que conllevaría un aumento de las tasas que pagan las centrales para financiar la gestión de los residuos.
Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP culpan de estos sobrecostes al enorme retraso que acumuló el antiguo proyecto de construcción de un almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas, en Cuenca, por falta de consenso político, y por eso se niegan a asumirlos. La propuesta de las grandes eléctricas incluida en su informe de alegaciones al borrador de PGRR es considerar esos importes adicionales como costes del sistema eléctrico y cargarlos a la tarifa eléctrica que pagan todos los consumidores, como desveló EL PERIÓDICO DE ESPAÑA,del grupo Prensa Ibérica.
Subir las tasas a las eléctricas
El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas el cierre escalonado de todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035 y aplicar una subida máxima del 20% de la tasa que pagan las compañías en función de la electricidad producida para financiar la gestión de los residuos y el gasto de desmantelar las centrales. En 2020, el Gobierno subió esas tasas 19,2% y actualmente están fijadas en 7,98 euros por cada megavatio hora (MWh) generado.
Según fuentes del sector, el sobrecoste de 2.000 millones más por contar con siete almacenes temporales descentralizados (ATD) obligaría a situar la tasa en los 9,5 euros y que el Gobierno incumpliría el compromiso de no subir las tasas más allá del 20% que se incluía en el protocolo de cierre.
Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos, advierte de que la legislación vigente habilita al Gobierno a revisar la tasa que pagan las centrales si se prevé un aumento significativo de los costes de desmantelamiento y gestión de los residuos. La Ley del Sector Eléctrico contempla que el Gobierno puede revisar la tasa nuclear mediante real decreto basándose en una memoria económico financiera que actualice los costes previstas para cubrir los trabajos del Plan General de Residuos Radiactivos. “Esta potestad del Gobierno no puede verse limitada por el protocolo de cierre ordenado de las centrales nucleares firmado en marco de 2019 por Enresa y las empresas propietarias de las centrales”, explican fuentes de Enresa.
Adelantar 25 años el AGP
El Comité de Energía Nuclear (CEN), que agrupa a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP como propietarias de los reactores ubicados en España, presentaron un documento conjunto de observaciones al borrador del PGRR en el que en realidad rechazaban la opción de construir siete almacenes y también la de contar con un solo cementerio central temporal.
Las grandes eléctricas reclamaban en su escrito de alegaciones una tercera vía: mantener sólo durante dos décadas los residuos nucleares en cada una de las centrales y activar directamente la construcción del cementerio definitivo para adelantar su puesta en marcha 25 años antes de lo previsto por el Ejecutivo, para que esté operativo como tarde en 2050 y no en 2073 como plantea el Ejecutivo, como adelantó este medio.
Las compañías consideran que su opción de adelantar la puesta en funcionamiento del almacén geológico profundo (AGP) no implicaría un ahorro significativo para ellas y que las tasas que pagarían se situarían en un punto intermedio entre los 8,5 y los 9,5 euros por MWh, en línea con el impacto que tendría las alternativas que plantea el Ministerio. Pero sí permitiría liberar con mucha antelación los terrenos de las centrales nucleares y poder utilizarlos en otros proyectos industriales que serviría para la reactivación económica de los territorios tras el cierre de las plantas.
Algunas de las centrales nucleares españolas ya cuentan con sus propios almacenes temporales individualizados (ATI) -Zorita, Garoña y Trillo- y en el resto están en proceso de adjudicación y estarán disponibles entre 2025 y 2026 -Almaraz, Vandellós, Ascó y Cofrentes-. Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP apostaron en sus alegaciones por utilizar estos almacenes individuales como solución intermedia durante un par de décadas, hasta que se puedan trasladar todos los residuos al gran cementerio final, el AGP, en 2050.
La propuesta de las grandes eléctricas es utilizar los ATI de cada central para dejar allí los residuos durante dos décadas, pero sin llegar a realizar los trabajos para su conversión en almacenes más completos y con instalaciones más complejas en los que albergar los desechos durante más de cincuenta años, como contempla el PGRR del Gobierno para convertirlos en almacenes temporales descentralizados.
