Reforma. El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, está trabajando en realizar una mejora de la actual Ley del Suelo. “Me gustaría avanzar que estamos trabajando intensamente para culminar un legado muy importante, que es una modificación de la Ley del Suelo. Queremos evitar la paralización de la actividad urbanizadora por defectos de forma en el trámite”, ha apuntado Isabel Pardo de Vera, Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Fuentes de MITMA consultadas por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, aseguran que cualquier modificación estatal será dentro de su ámbito competencial. Pardo de Vera ha afirmado que quieren “combatir la problemática actual sufrida por todos los promotores, tanto públicos como privados, abordando este problema de la tramitación de los cientos de planes urbanísticos en los que a causa de recursos judiciales los planes generales sean declarados nulos por aspectos de forma y no sustanciales”. La Secretaria de Estado ha denunciado la existencia de despachos dedicados exclusivamente a extorsionar a agentes del suelo.
Las declaraciones de la política no acabaron ahí, sino que recoge el guante a los promotores: “Somos conscientes de los grandes tiempos para la concesión de licencias de obras que todos padecemos en el trámite municipal y suponen un sobrecoste y ralentizan todas las promociones. Estamos estudiando opciones que ayuden a las comunidades autónomas y ayuntamientos, sin quitar garantías, con nuevos instrumentos a los que puedan acogerse para poner en practica en materia de urbanismo”.
La Ley del Suelo fue creada en 1956 y su última gran modificación fue en 2007. En este cambio se incluyó, entre otros aspectos, la obligatoriedad de reservar el 30% del suelo de uso residencial para viviendas de protección pública para nuevos desarrollos y aquellos que se renueven. En ellos de engloba desde Madrid Nuevo Norte hasta los renombrados como Desarrollos del Sureste.
Plan estatal de vivienda 2022-2025
Una de las grandes políticas en marcha por parte de MITMA es el Plan de Estatal de Vivienda 2022-2025, que buscan facilitar el acceso a una vivienda digna, incrementar la oferta de viviendas en alquiler con un parque de 100.000 viviendas. Estas viviendas, en palabras de Pardo de Vera, será "un parque permanente, no uno que revierta sistemáticamente al mercado eliminando su carácter fundacional". El Gobierno planea que, con esta nueva regulación, no se podrá volver a enajenar el parque público de vivienda social, considerándose un patrimonio permanentemente sujeto a protección.
