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Canarias exige que se mantenga el diferencial fiscal con Baleares

El Gobierno está dispuesto a ampliar las bonificaciones tributarias en el archipiélago mediterráneo durante la presidencia española de la UE

Pedro Sánchez, la semana pasada junto a Francina Armengol. Guillem Bosch

El Gobierno de Canarias asegura que trabajará para que los intereses de Baleares o de cualquier otra región de la Unión Europea (UE) no menoscaben el fuero de la Comunidad Autónoma. Los incentivos fiscales en las Regiones Ultraperiféricas (RUP) «tienen que ser siempre mejores que en cualquier otro territorio» de la UE. Así lo establece la legislación comunitaria y a ello se remite el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres ante la inminente puesta en práctica de la reserva para inversiones balear, que empezará a funcionar el próximo 1 de enero. El Govern presidido por la también socialista Francina Armengol ha logrado así uno de los grandes objetivos del archipiélago mediterráneo desde hace ya dos décadas. Baleares tendrá desde 2023 -y al menos hasta 2028- un régimen especial con medidas tributarias, con la Reserva para Inversiones como principal instrumento. El siguiente paso en la hoja de ruta del Govern es conseguir que las empresas que allí operan puedan sacarle a su Reserva para Inversiones (RIB) tanto jugo como Canarias le saca a la suya, y para ello es necesario que Baleares quede exceptuada o singularizada -como lo está Canarias precisamente por su condición ultraperiférica- de la normativa europea que establece el máximo de ayudas públicas que pueden recibir las empresas de los Estados miembros. Algo que en el Ejecutivo canario ven «muy muy difícil» -cuando no directamente «imposible»- pero para lo que el Govern balear ya tiene el público compromiso de Pedro Sánchez, que incluso ha manifestado que un buen momento sería la próxima presidencia española de la UE.

Aunque estos días ha habido cierta confusión sobre si la reserva de inversiones balear podrá o no entrar en vigor en 2023 sin el visto bueno de Bruselas, lo cierto es que la figura que Sánchez le ha concedido al archipiélago mediterráneo efectivamente se pondrá en marcha el 1 de enero. Y esta Reserva de Inversión será calcada en gran medida del artículo del Régimen Económico y Fiscal (REF) que lo regula en Canarias. Lo que seguirá siendo distinto -al menos de momento- es la intensidad de esa ayuda fiscal en ambos archipiélagos. Una empresa balear podrá beneficiarse de la Reserva de Inversión, como norma general, hasta un máximo de 200.000 euros en tres años, mientras que una empresa canaria puede beneficiarse hasta un máximo equivalente al 30% de su volumen anual de negocio. No en vano, los Estados miembros tienen la potestad para conceder ayudas -directas o indirectas, es decir, mediante rebajas fiscales, como es el caso- hasta ese límite de 200.000 euros. ¿Por qué? Porque las autoridades comunitarias entienden que hasta esa cuantía no se atenta contra la unidad de mercado en el Viejo Continente. Por eso el Gobierno central puede hacer copia y pega de la Reserva de Inversión Canaria en Baleares sin necesidad de solicitar permiso alguno. Si se respeta ese máximo de 200.000 euros, no interviene la UE. ¿Por qué en Canarias ese límite es mayor? Porque hay, a grandes rasgos, dos excepciones a ese tope: las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y las regiones pobres, por así decirlo. O más bien las RUP y las demás regiones pobres, porque en el fondo todas las Ultraperiféricas lo son. Estos territorios están exceptuados de esa regla general, por eso en las islas el máximo está en ese 30% del volumen de negocio. Pues bien, una vez logrado tener un régimen especial con medidas fiscales, el siguiente objetivo en la estrategia del Govern es justamente pelear en Bruselas para que Baleares, como Canarias y las demás RUP, no esté sometida a ese límite de 200.000 euros. En definitiva: ya tienen una reserva para inversiones, ahora quieren poder usarla con la misma intensidad que Canarias, y en ello también vienen trabajando desde hace tiempo.

La percha con que el Govern quiere convencer a las autoridades comunitarias es el informe del eurodiputado y presidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, Younous Omarjee, sobre las islas bajo el paraguas de la UE. Un informe auspiciado por el propio Govern balear, y ya aprobado por la susodicha comisión, en el que se solicita «una revisión al alza del régimen de ayudas estatales», tal como el propio Ejecutivo de Armengol avanzó el pasado mayo. Este informe desembocó en la aprobación, ya en junio, de una resolución del Parlamento Europeo. En ella, la Eurocámara «opina que todas las islas de la Unión deben quedar exentas de los límites aplicables de la norma de minimis [del límite de 200.000 euros], de modo que se vean menos perjudicadas; pide, asimismo, a la Comisión que adapte las normas sobre ayudas estatales para garantizar que las ayudas para poner remedio a la insularidad no se consideren ayudas estatales sino una compensación para colocar a las islas y regiones ultraperiféricas europeas en pie de igualdad con sus homólogas continentales». En resumen, se apuesta por que las islas, en general, tengan un trato similar al de las islas ultraperiféricas, como es el caso de Canarias.

Este es el escenario y los frutos del trabajo llevado a cabo desde el Govern. Y sobre ello ya se ha manifestado de forma favorable el propio Pedro Sánchez. A comienzos del mes pasado, y en respuesta a una pregunta del senador de Més per Mallorca Vicenç Vidal, el presidente del Gobierno central se comprometió a promover la declaración de Islas de Europa para que Baleares se acerque un poco más al fuero canario. Sánchez incluso apuntó que el momento ideal sería la presidencia española de la UE, que tendrá lugar de julio a diciembre del próximo año. «Estamos hablando con el Govern de Baleares para impulsar la declaración de Islas Europeas ante la Unión Europea, esperamos que pueda ser cuanto antes, y un buen momento podría ser durante la presidencia de España de la Unión», explicó Sánchez.

Canarias también se mueve

En lo político, en el Gobierno de Canarias impera la tranquilidad. En el Ejecutivo son conscientes de las dificultades de que Bruselas acceda a flexibilizar los límites de las ayudas de Estado en favor de todas las islas, máxime en un momento en el que se tiende a la homogeneización tributaria. Pero, en cualquier caso, no solo Baleares se mueve en los pasillos de Estrasburgo y Bruselas. También lo hace Canarias. Muestra de ello es la sintonía entre Ángel Víctor Torres y la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, firme defensora de la excepcionalidad de las RUP. En ningún caso el Gobierno autonómico va a entrar en conflicto con el Govern o el Ejecutivo estatal, pero llegado el caso, sí que peleará en defensa del diferencia fiscal de Canarias y, por extensión, de las Ultraperiféricas.

Donde sí hubo lío es entre los partidos políticos. Las aspiraciones de Baleares no son recientes, sino que comenzaron a expresarse al menos desde 2007. Por eso el mismo Torres le reprochó ayer a Coalición Canaria (CC) que no se manifestara durante su etapa al frente del Gobierno canario cuando salió adelante la parte económica del régimen especial balear. Esa parte se aprobó vía Real Decreto-ley del Estado a comienzos de 2019, aún con los nacionalistas en el Ejecutivo, aunque no incluye la reserva para inversiones, tal como contestó CC. En cualquier caso, la cuestión viene de lejos. Los socialistas recordaron ayer que CC se abstuvo en el Congreso en la convalidación de aquel decreto ley de 2019. Es más, desde el PSOE isleño recordaron también que ya en 2021 fue el PP el que llevó una propuesta de un régimen fiscal para Baleares que incluía la reserva. La iniciativa salió adelante en el Senado con el apoyo del PP, el voto en contra del PSOE y la abstención del grupo en que está CC.

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