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Aguas canarias

España minimiza que Rabat decida sobre los límites marítimos

El Gobierno resta importancia a que haya un miembro marroquí en la comisión de la ONU para delimitar las aguas canarias

Mapa Zona Económica Exclusiva de España en Canarias,. LP / DLP

El Gobierno ha restado importancia al hecho de que haya un marroquí entre los miembros del órgano de la ONU encargado de delimitar la placa continental de los países y que tiene que dirimir un caso presentado por España en relación con las islas Canarias. En una respuesta parlamentaria a pregunta del PP, el Gobierno subraya que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental está compuesta "por 21 miembros elegidos sobre la base de una representación geográfica equitativa". Esta pregunta surge por la elección de estos representantes el pasado junio.

La comisión se creó en base a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y tiene como cometido decidir sobre la delimitación de los límites continentales y, por tanto, definir dónde acaba esta, una cuestión relevante en aquellos casos donde la plataforma continental va más allá de las 200 millas náuticas que abarca la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Actualmente, la Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental tiene entre manos más de 90 asuntos que dirimir, entre ellos tres presentados por España, incluido uno relativo a la extensión de la plataforma continental en las islas Canarias. La ley del mar permite que los países establezcan una ZEE de un máximo de 200 millas desde sus costas para explotarla y administrarla con autonomía. España tiene su ZEE en las aguas que rodean a Canarias pero Marruecos, cuyo litoral oeste está frente a las Islas, también quiere su ZEE y colisiona con los límites españoles.

En 2015, España solicitó ante la ONU la ampliación de su ZEE hasta las 350 millas, basándose en datos sobre la morfología y naturaleza del fondo marino canario. Sin embargo, Marruecos también aspira ampliar su plataforma continental, que sería mucho mayor si se anexiona las aguas saharauis. Si lo logra, la expansión de su plataforma se solaparía con la canaria en la zona del monte Tropic, al que los estudios señalan como la mayor reserva natural de telurio conocida hasta la fecha. Pese a que la tecnología actual no permite una explotación rentable de las tierras raras localizadas en el conjunto de volcanes submarinos denominado las Abuelas de Canarias, ninguno de los dos países quiere dejar pasar la oportunidad de gestionar estos valiosos recursos naturales. El telurio se emplea, por ejemplo, en la fabricación de paneles solares.

Jurista marroquí

Entre los miembros de la Comisión figura desde junio Miloud Loukili, un jurista marroquí cuya candidatura presentó Rabat. Recoge más de cuatro décadas de experiencia en derecho marítimo e internacional, pero, al parecer, no cuenta con los conocimientos y la formación científica que se exige para formar parte de este grupo de trabajo, integrado por geólogos, geógrafos e hidrógrafos. Además, es un férreo defensor de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y sus aguas. Una postura contraria a la resolución de 1991 de la ONU, que defiende el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación y apuesta porque el conflicto se resuelva con un compromiso pleno de las partes, enmarcado en un proceso político encabezado por las Naciones Unidas.

En este sentido, el PP había planteado si esto podría tener un impacto en la defensa de los intereses de España en el Comité y también si el Gobierno había intentado también hacerse con un puesto en dicho órgano.

El Ejecutivo dice que presentará su candidato cuando "las circunstancias lo aconsejen"

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El Ejecutivo ha incidido en que "los miembros de la Comisión no participan en los casos que afectan a su país y, de acuerdo con el artículo 11 del reglamento" de dicho órgano, "en el cumplimiento de sus obligaciones no pedirán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna otra autoridad externa a la Comisión", recoge Europa Press. En cuanto a la pregunta del PP de si se ha intentado conseguir que haya un miembro español dentro del Comité, el Gobierno sostiene en su respuesta que "presentará un candidato cuando las circunstancias aconsejen hacerlo". Los 21 miembros de la Comisión tienen un mandato de cinco años.

"España tiene, en todo caso, la voluntad de resolver cualquier cuestión relativa a la delimitación de los espacios marinos sometidos a soberanía o jurisdicción española a través de medios diplomáticos con los Estados ribereños concernidos, de manera que se pueda alcanzar una solución justa, basada en el Derecho Internacional", recalca el Ejecutivo.

Esto vale tanto para los eventuales solapamientos en cuanto a la delimitación de la placa continental con Portugal como con Marruecos. El Gobierno ha venido insistiendo en su apuesta por la vía diplomática para resolver esta cuestión en lo relativo al reino alauí, que no ha presentado ninguna solicitud a la Comisión pero reivindica la soberanía sobre el Sáhara Occidental, lo cual podría interferir con la petición de España respecto a Canarias.

Con todo, los representantes de España dejaron claro en una reunión de la Comisión celebrada en 2015 que el Sáhara Occidental "es un territorio no autónomo objeto de un proceso de descolonización" y por tanto el Gobierno negociaría la delimitación "con la entidad en control soberano de la costa y el territorio del Sáhara Occidental, una vez el proceso de descolonización se dé por concluido".

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