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Legislación pesquera

Paradoja en la UE: acorrala a su flota y eleva la compra de pescado de países bajo sanción

Los países europeos destinan más de 2.300 millones de euros al año a adquirir productos de países con tarjeta amarilla | Las importaciones de Rusia escalan a máximos históricos

Descarga de atún en el puerto de Manta, en Ecuador. AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA

La legislación pesquera de Ecuador peina muchas canas. Promulgada en 1974, es un marco legal en el que no se incluyen “disposiciones relevantes en lo que respecta a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)”, como ha destacado el propio comisario europeo de Pesca, Virginijus Sinkevicius. Aunque en 2015 el país se comprometió a actuar para poner coto a actividades irregulares, y actualizar de paso sus leyes para armonizarlas a nivel internacional, aquello no pasó de promesa.

Los graves problemas de control de su flota no impidieron que, dos años más tarde, entrase en vigor el tratado bilateral de comercio con la Unión Europea. “Este Protocolo de Adhesión –enfatizó el entonces ministro de Exteriores ecuatoriano, Juan Carlos Cassinelli– garantiza acceso con 0% de arancel para el 99,7% de los productos agrícolas y el 100% de los productos industriales y pesqueros del Ecuador de forma inmediata”. Vía libre y alfombra roja para el pescado ecuatoriano y sus conservas. Y, dos años después, el país fue amonestado con una tarjeta amarilla por las deficiencias en materia de control pesquero.

Y como Ecuador hay unos cuantos más, que redundan en una paradoja: Bruselas ahonda en la reducción de su propia flota pero habilita la entrada masiva de productos de países apercibidos de sanción. A día de hoy, los países amonestados son los siguientes: además de Ecuador, Panamá, Ghana, San Cristóbal y Nieves, Sierra Leona, Trinidad y Tobago, Liberia, Vietnam y Camerún. En suma, solo en 2021 introdujeron pescados y conservas por valor de más de 2.300 millones de euros, sustancialmente por encima de los niveles previos al COVID y al frenazo del transporte global.

En paralelo, Bruselas acaba de implementar un reglamento que pone en jaque la continuidad de más de 200 pesqueros gallegos, con impacto indirecto sobre dos de cada diez buques en activo. El veto a la pesca de fondo –sin informes científicos suficientes, sin evaluación de impacto socioeconómico y con zonas que no alcanzan los 400 metros de profundidad– entrará en vigor el próximo 9 de octubre. Una acción normativa que se produce en medio de una guerra en el corazón del continente y que, como ha recordado el ministro de Pesca, Luis Planas, ha evidenciado la relevancia del sector pesquero en favor de la soberanía alimentaria de la Unión.

A la cabeza

Ecuador es, con mucha diferencia, el país que más pescado introduce en el viejo continente. Sobre todo a través de España, con más de 350 millones de euros el ejercicio pasado y tras un incremento interanual del 50%. Le siguen Francia e Italia, compradores netos de productos con base de proteína marina. Si antes de la pandemia este país exportaba 4.200 millones al año, ahora se aproxima a los 4.700.

Un alza más limitada, en términos relativos, a la experimentada por Panamá, que factura 100 millones anuales en el mercado europeo; en un año ha medrado un 80% gracias a sus ventas en España, Italia o Dinamarca. De acuerdo a los datos aportados por la Secretaría de Estado de Comercio, la facturación en Europa de Ghana o Camerún es residual, y la de Vietnam se ha reducido sustancialmente en los últimos años (802 millones en 2021).

Al igual que Ecuador, la tarjeta amarilla a Panamá se impuso en el año 2019. Y está más cerca de recibir una tarjeta roja –implicaría la prohibición de exportar pescado a la Unión Europea– que de recuperar su buen estatus pasado. “Es extremadamente urgente abordar las lagunas en el sistema de lucha contra la pesca INDNR. Han pasado más de dos años desde la identificación de Panamá como país no cooperante y aun queda mucho por hacer”, expuso este verano la Dirección General de Asuntos Marítimos (DG Mare).

En otro plano está Rusia, que no cuenta con ningún apercibimiento pero cuyas ventas en el exterior aportan divisas al régimen de Vladimir Putin. Solo en la primera mitad del año en curso las ventas de pescado a la UE rozaron los 530 millones de euros, un 50% más que en el mismo periodo del pasado ejercicio y máximo histórico de la serie disponible. Los buques pesqueros de pabellón ruso no han perdido el acceso a los puertos comunitarios.

La flota prepara movilizaciones contra el reglamento de Bruselas

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y patrón mayor del puerto de Burela, Basilio Otero, avanzó ayer la convocatoria de movilizaciones por el veto de la Unión Europea a la pesca de fondo. “Tenemos que hacer alguna acción social, esto no puede quedar solo con papeles o recursos”, incidió Otero, quien explicó que es preciso que “se vea que realmente que están preocupados”. “Nos tenemos que mover, no nos podemos quedar en la bonhomía de mandar un papel y reclamar. Tenemos que darle una vuelta a esto”, abundó.

Por otra parte, los eurodiputados populares Gabriel Mato y Francisco Millán Mon, miembros de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, han solicitado ya que en el orden del día de la Sesión Plenaria de la próxima semana se incluya la comparecencia del comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, como ya había hecho su homóloga nacionalista Ana Miranda. El BNG, por último, reclamó al Gobierno “una actitud más firme y decidida en defensa del sector pesquero” para evitar la puesta en marcha del reglamento comunitario.

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