A falta de conocer los detalles del impuesto que propone Europa para grabar a las energéticas y de que avance el trámite en el Congreso sobre la proposición de ley propuesta por PSOE y Podemos, ambos parten de la misma filosofía: recortar los 'beneficios caídos del cielo' de grandes empresas para reducir el gasto de los consumidores, pero utilizan fórmulas distintas. Si bien, en ningún caso, se habla de un impuesto o una tasa, sino que en el caso español se disfraza en forma de "prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria", y en el caso europeo como "contribución solidaria", a partir de la cuál cada país debe decidir la figura legal que utiliza para alcanzar dicho fin. Estas son algunas de las grandes diferencias:
Beneficios contra ingresos
La propuesta de 'impuesto' español -en realidad una "prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria" para tratar de superar escollos legales- consiste en gravar con un 1,2% durante dos años los ingresos de todas las energéticas que tengan una facturación superior a los 1.000 millones de euros. En el caso europeo, en cambio, la "contribución de solidaridad coordinada, única y temporal" grava con un 33% los beneficios extraordinarios (los obtenidos en 2022 por encima de los de 2019, 2020 y 2021).
El impuesto europeo deja fuera a eléctricas
El impuesto energético diseñado por el Gobierno español va dirigido a todo el sector energético (eléctricas, gasistas y petroleras) y afecta, en concreto, a los grupos considerados como operadores principales por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En total son 11 empresas: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP, Acciona, Repsol, Cepsa, BP, Península Petroleum y Petronieves y DISA, según el último informe publicado por el organismo que dirige Cani Fernández publicado en junio de 2021.
Mientras, el gravamen europeo atañe solo a compañías del sector petróleo, gas, carbón y refino, lo que deja a un lado a las compañías eléctricas. Una muestra es que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, daba este miércoles su beneplácito al plan europeo y recordaba que los beneficios de petroleras y gasistas "están absolutamente boyantes" en este momento.
Su duración
La denominada "prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria" grava los ingresos durante dos años (2022 y 2023), mientras que la fórmula europea se extiende únicamente durante el año fiscal 2022. Si bien es cierto, la regulación propuesta por Bruselas añade que la Comisión Europea revisará la situación hacia el 15 de octubre del año que viene, "cuando las autoridades nacionales tengan visibilidad sobre la recaudación llevada a cabo por la contribución solidaria".
¿A dónde va el dinero?
La contribución solidaria diseñada por Europa establece claramente el destino de la recaudación, mientras que en el caso español no. Esto es así porque la fórmula legal de prestación patrimonial de carácter no tributario no tiene por qué ser finalista, es decir, no tiene que dedicarse su recaudación a un gasto concreto.
En el caso del impuesto europeo, según la regulación propuesta, se debe utilizar, en primer lugar, para medidas de apoyo financiero para clientes de energía, y en particular los hogares vulnerables, para mitigar los efectos de la alta precios de la energía. En segundo lugar, para medidas de apoyo financiero para ayudar a reducir el consumo de energía. En tercero, para medidas de apoyo financiero para apoyar a las empresas en industrias intensivas en energía, y, por último, medidas de apoyo financiero para desarrollar la autonomía energética de la Unión. Es decir, una parte de los fondos se habilitará para inversiones en transición energética y nuevas tecnologías "a nivel europeo".
