El Gobierno se muestra dispuesto a modificar el nuevo impuesto a las energéticas que se ha empezado a tramitar en el Congreso para ajustarlo a la fórmula que acaben consensuando los Veintisiete para gravar los beneficios extra de los grupos provocados por la espiral de precios en plena crisis energética.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el miércoles como parte de un nuevo paquete de medidas para afrontar la crisis energética agudizada por la guerra de Rusia contra Ucrania que los estados miembros creen nuevos impuestos para gravar los beneficios extra sólo de este año de grandes petroleras, gasistas y empresas de carbón con un tipo mínimo del 33%, siempre que las ganancias se hayan incremento más de un 20% sobre la media de los beneficios de tres años previos.

El nuevo gravamen que defiende Bruselas aún debe ser pactado por los Veintisiete y puede aún sufrir variaciones. De momento, la propuesta de la Comisión Europea tiene el mismo objetivo que el impuesto que prepara el Gobierno español (recortar los beneficios extraordinarios de las grandes corporaciones obtenidos gracias a la crisis y utilizar la recaudación para paliar las medidas de apoyo a los consumidores), pero difiere en la forma.

El impuesto impulsado por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos no pretende gravar los beneficios de las energéticas como pide Bruselas, sino sus ventas, aplicando un tipo del 1,2% sobre la facturación de las compañías con ingresos superiores a los 1.000 millones de euros durante dos años. Y, además, también pretende aplicar un impuesto a la gran banca, gravando con un tipo del 4,8% los ingresos por comisiones e intereses, mientras que la propuesta de Bruselas no contempla una tasa al sector financiero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado dispuesta a modificar el impuesto que se tramita en el Congreso para adaptarlo a las condiciones que se pacten en el seno de la Unión Europea. “Ajustaremos nuestro impuesto a lo que Europa plantee”, ha sentenciado Montero en una entrevista con Antena 3. “Una vez que Europa termine su discusión [sobre los términos del nuevo gravamen], ajustaremos el impuesto a la figura que se consensúe en Europa”.

La titular de Hacienda ha defendido que el Gobierno español ha llevado la iniciativa en la Unión Europea para gravar los beneficios extra de los grandes grupos energéticos y que se articuló un impuesto sobre las ventas y no sobre los impuestos por ser “la forma jurídica que hemos creído más sólida”. Y es que existe la duda de que un nuevo impuesto sobre los beneficios sea legal, al poder considerarse una doble imposición, ya que el impuesto de sociedades ya grava las ganancias de las compañías.

El Partido Popular, que hasta ahora había rechazado la aprobación de nuevos impuestos para energéticas y para banca, ahora defiende aprobar el impuesto en España sólo si se ciñe a las características propuestas por la Comisión Europea, gravando los beneficios y no los ingresos. Ahora el Gobierno se abre a introducir esos cambios para adaptar el gravamen a lo pactado en la UE. La ministra de Hacienda ha retado a los populares a presentar enmiendas en el trámite parlamentario para instaurar el nuevo gravamen tras su cambio de postura.

"Lo importante es si hay que pedirle un esfuerzo a las grandes empresas, no cuál es la forma técnica [del impuesto]. Europa lo ha entendido", ha explicado Montero. "El señor Feijóo, ya antes de conocer la forma técnica, se había posicionado en contra del impuesto. Ahora se encuentra que sus compañeros de partido en Europa lo respaldan, y no tiene más remedio que cambiar de posición".

Cambios en la tasa a la banca

El Gobierno también se abre a introducir cambios en el impuesto a la gran banca. La vicepresidenta y ministra para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que el gravamen a las comisiones e intereses de las grandes entidades financieras se puede modificar en la tramitación de la proposición de ley si las recomendaciones que prepara el Banco Central Europeo sobre la iniciativa así lo aconsejan.

“Está claro que tenemos que asegurarnos de que el gravamen no tiene ningún impacto negativo desde el punto de vista de la estabilidad financiera", ha dicho la vicepresidenta en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Calviño confirmó que se incorporarán aquellos cambios que permitan un “gravamen adecuado" y una “recaudación adecuada" que haga posible que el Estado obtenga recursos para financiar medidas de protección a los consumidores vulnerables y a las empresas.