La última fase de la reforma de las pensiones arranca este lunes. El Ministerio de Seguridad Social ha citado a las once de la mañana a patronal y sindicatos para encarar el bloque que se promete más complicado de los negociados hasta la fecha, con el destope de las pensiones y bases máximas y la modificación en el número de años tenidos en cuenta para calcular las nuevas prestaciones. Sobre este último punto se ha pronunciado el ministro de la Seguridad SocialJosé Luís Escrivá, dos horas antes de reunirse la mesa para suavizar las reticencias iniciales de las centrales y el ala morada del Gobierno. El ministro ha descartado explícitamente elevar hasta 35 años -desde los actuales 25 años- el periodo de cómputo, tal como sí se manejó en el pasado desde su departamento. "En ningún caso", ha zanjado en los micrófonos de RNE.

Se ha impuesto el tanteo en este primer asalto y, según confirman varias fuentes presentes en la reunión, no ha habido papeles de por medio. Hasta entonces los agentes sociales guardan su munición y esperan ver en negro sobre blanco las propuestas del Ejecutivo. En la patronal han declinado valorar nada y desde las centrales piden no tener prisa por empezar unas conversaciones que pintan complejas, pese a que Escrivá reitera en público el mensaje de que los cambios que pretende no serán traumáticos. "Estamos hablando de pequeños ajustes", ha insistido.

El Gobierno tiene marcada como fecha límite el 31 de diciembre para tener acordada en el seno del diálogo social esa última fase de la reforma de pensiones. No obstante, desde las centrales no tienen prisa y aprietan a la Seguridad Social para cerrar primero frentes menores antes de entrar a la gran batalla que les espera. La cotización de los becarios, las bajas por incapacidad temporal de los fijos discontinuos, el contrato relevo o la definición jurídica de las parejas de hecho para equipararlas con los matrimonios a efectos de viudedad son las materias pendientes que desde CCOO UGT quieren cerrar primero. No tienen, no obstante, el compromiso de Escrivá de respetar ese orden. Desde la patronal tampoco han manifestado prisa, especialmente en una CEOE que este noviembre celebra elecciones para decidir si renueva o no a Antonio Garamendi al frente de la misma.

Cuarta y última fase de la reforma

La reforma de las pensiones arrancó el año pasado y su primer bloque se saldó con un pacto con patronal y sindicatos para la revalorización de las pensiones cada año según el IPC, así como desincentivos a las jubilaciones anticipadas. En la segunda no hubo acuerdo a tres bandas y Escrivá acabó consensuando solo con los sindicatos una leve subida de las cotizaciones sociales de los trabajadores, que pagarán mayoritariamente las empresas y que entrará en vigor este próximo 1 de enero, durante los próximos 10 años. Y este pasado julio el ministro rubricó la tercera fase y volvió a lograr un acuerdo unánime con las organizaciones de autónomos para transitar a partir del año que viene hacia un sistema de cuotas según tramos de ingresos.

Ahora arranca la cuarta y última fase de la reforma, prometida a Bruselas y de la que depende la llegada de un monto relevante de fondos europeos. La negociación no se promete fácil ya que entra de lleno en carpetas espinosas para los agentes sociales y que generan disensiones en el seno del Gobierno de coalición. Por un lado, el destope de las pensiones máximas -tanto en su importe, como en sus bases de cotización- implicará un aumento de los costes laborales para las empresas, algo que será de difícil encajar entre las filas de la patronal.

Y, por el otro, está el cambio en los años que se toman de referencia para calcular las nuevas prestaciones. Este punto amenaza con perjudicar a algunos trabajadores, ya que habitualmente los últimos años de carrera profesional son los mejores pagados y aumentar el plazo de cómputo puede incluir años con peores sueldos y derivar en menores pensiones de jubilación. Lo que no gusta entre los sindicatos. Escrivá ha prometido que este cambio tendrá un efecto neutro en las arcas de la Seguridad Social y que persigue objetivos de equidad. De momento y a falta de papeles, desde las centrales interpretan que para que algunos trabajadores -los más perjudicados en los últimos años de carrera- mejoren su pensión final, otros deberán verse perjudicados por el nuevo sistema de cálculo.

El esquema que les han verbalizado desde Seguridad Social permitiría a determinados trabajadores escoger sus mejores años de cotización, aunque si todos pueden recurrir a ello la medida no tendría un efecto neutro y amenazaría con aumentar el gasto en prestaciones. Según los cálculos que maneja la Seguridad Social, uno de cada tres trabajadores llega actualmente a su jubilación sin que los últimos 25 años de su carrera sean los mejores. El esquema negociador que plantea Escrivá es ampliar el periodo de calculo a cambio de permitir al trabajador el escoger los mejores años de cotización y que la Seguridad Social mejore el tratamiento de las lagunas para evitar que estos penalicen especialmente la cuantía final de la prestación.