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Diario de Mallorca

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Ayudas covid

El fin de la moratoria aumenta el temor a una "avalancha" de procesos concursales

Las empresas amanecen por primera vez desde la pandemia sin mecanismos frente a la insolvencia | Distintos expertos vaticinan un colapso judicial en esta nueva etapa

Astillero Hijos de J. Barreras, en fase de liquidación tras la declaración de concurso.

Por primera vez desde que, en abril de 2020, entrara en vigor la moratoria de los procesos concursales para las empresas en situación de insolvencia, las compañías despiertan hoy sin ese airbag frente al concurso de acreedores. Aunque inicialmente la medida debía prolongarse solo unos meses, terminó por dilatarse, en paralelo a la pandemia, de una manera accidentada e incierta. Desde hoy, las empresas con problemas de solvencia tienen dos meses para solicitar el concurso de acreedores. Coincidiendo con el final de la moratoria, el Congreso aprobó ayer la reforma de la Ley Concursal, que pasará al Senado este mismo mes. Con la reactivación de estos mecanismos, distintos expertos temen que ahora vayan a llegar en cascada.

La moratoria eliminaba la obligatoriedad de que las empresas (o personas físicas) endeudadas solicitaran el concurso de acreedores y, a la vez, impedía que los acreedores pudieran realizar dicha solicitud. Lo hacía en un momento en que la incertidumbre incrementaba la dificultad para distinguir el trigo de la paja, para ver qué empresas puntualmente insolventes podían tener un proyecto sólido una vez superado el bache.

Pero ya entonces el Banco de España alertaba de los riesgos de alargar esta medida más allá de 2020, “dado que esto podría exacerbar el problema: las empresas inviables seguirían en el mercado, con balances cada vez más deteriorados, y se acumularían los casos de insolvencia, que se habrían de resolver cuando finalmente se alzara la moratoria”. Es precisamente la situación que ahora temen distintos abogados especializados en derecho mercantil y concursal consultados por FARO.

“Las consultoras y los bancos ya están reforzando sus áreas de concursal” Ramón Ozores - On Tax & Legal

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“Creo que va a haber un aluvión de empresas que van a presentar concursos”, prevé Ramón Ozores, de On Tax & Legal. “Nosotros trabajamos mucho con bancos y con consultoras y ya estamos viendo que están reforzando sus áreas de reestructuración y de concursal, contratando gente”, añade. Considera, eso sí, que antes de ese torrente de concursos, se producirá uno de preconcursos, quedándose el plato fuerte para los últimos meses del año. Es la misma opinión que traslada a este diario Tomás Santodomingo, de Viana Abogados.

Antonio Heredero, de Balms Abogados, se muestra igualmente preocupado por este aluvión de concursos y, especialmente, en el sector de la construcción, toda vez que a la crisis del coronavirus ahora hay que sumar la provocada por el encarecimiento de la energía y de las materias primas. Ya hace semanas, fuentes del sector contaban a FARO que habían visto cómo los costes de ciertos productos llegaban a triplicarse desde verano de 2020. “El alza de los precios está haciendo mucho daño y muchas empresas no van a poder asumir esos costes”, pronostica Heredero. Cree que, aunque el chaparrón no caerá de un día para otro, “esto va a ser irreconocible” a partir del próximo otoño.

“La empresa que no vale debe desaparecer y dejar paso a otra” Antonio Heredero - Balms Abogados

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La única nota disonante en este aspecto la aporta Jaime Carrera, de Baltar Abogados, que cree que lo que habrá será un goteo de solicitudes, ya que “las que están mal solicitarán preconcursos”. Eso sí, las que vayan directamente a concurso, irán “completamente muertas, completamente zombies, como se suele conocer en el argot a estas empresas, mantenidas con vida de manera artificial.

Precisamente este fenómeno preocupa a los juristas consultados, que temen que la moratoria y su prórroga hayan podido contribuir a cronificar las dificultades de las empresas insolventes. “Lo que me demuestra la experiencia es que el transcurso del tiempo tiende a empeorar la situación de las empresas en crisis”, explica Ozores. “Si una empresa ya estaba mal en marzo de 2020, muy posiblemente ahora esté peor”, ahonda. Una valoración similar es la de Heredero, que añade: “Si tú mantienes con vida a una empresa muerta, impides que viva la competencia; yo creo que la empresa que no vale debe desaparecer y dar paso a otra”. Al otro lado de la balanza, Santodomingo considera que tanto la moratoria como la prórroga fueron “necesarias” por la “situación de incertidumbre que generó la pandemia”. Y ahonda: “Incluso una nueva prórroga no me habría parecido descabellada”. En un término medio se sitúa Baltar, que considera que, “en su día, la medida fue positiva porque evitó el fin de empresas que han conseguido salir adelante, por ejemplo, con los créditos ICO”, pero que no se debió prorrogar más allá de mediados de 2021, momento en que “ya se podía ver qué empresas eran viables y cuáles no”.

“No creo que vaya a haber una avalancha de concursos” Jaime Carrera - Baltar Abogados

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Posible colapso judicial

Con el temor a un mayor número de solicitudes de concursos, aumenta también la preocupación por un posible enquistamiento de los juzgados, incapaces de absorber toda la carga de trabajo. “Fue lo que ya vimos con las preferentes hace unos años”, cuenta, en este sentido, Heredero, que recuerda que ya entonces hubo “sobrecargas” que prolongaron “dos o tres años” procedimientos que se podían haber resuelto en cuestión de meses.

“Va a haber un colapso, Vigo va a sufrir una presión muy fuerte” Tomás Santodomingo - Viana Abogados

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En la misma línea se manifiesta Santodomingo, que muestra especial preocupación por el caso de Vigo, ya que a la ciudad se deriva el 50% de los casos de la provincia a pesar de que solo tiene un juzgado frente a los dos con los que cuenta Pontevedra. “Estamos peor preparados y Vigo va a sufrir una presión muy fuerte”, considera. Según los últimos datos del INE, correspondientes a 2020, la provincia registró 77 concursos, más, paradójicamente, que los 59 de 2019. Es la única provincia gallega en la que aumentaron (A Coruña pasó de 105 a 83, Lugo cayó de 60 a 48 y Ourense bajó de 27 a 20). 

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